Las principales entidades de cultivos del país –Acsoja, Maizar, Asagir y Argentrigo– encendieron una señal de alarma tras la reciente sanción de una modificación fiscal que, advierten, podría comprometer seriamente el acceso al crédito de miles de productores agropecuarios. Se trata de la eliminación de la exención del Impuesto a las Ganancias para los aportantes a los Fondos de Riesgo de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), contenida en el artículo 10 de la ley aprobada el pasado 10 de julio por el Congreso, en el marco de una reforma destinada a financiar el aumento de jubilaciones.
Según el comunicado conjunto emitido por las cadenas, la medida desincentiva la participación de grandes empresas como socias protectoras dentro del sistema de SGR, una herramienta clave para garantizar el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). En la práctica, esto significará una drástica caída en la oferta de avales y garantías crediticias, lo que limitará el acceso a financiamiento formal, especialmente en condiciones competitivas, como las que requieren los productores agropecuarios de menor escala.
“El impacto sobre el sector agropecuario es particularmente grave”, advirtieron las entidades, subrayando que muchos productores dependen de las SGR para financiar insumos, invertir en tecnología o mantener su operatividad básica. Sin estas garantías, agregaron, muchos quedarán fuera del circuito financiero formal y se verán forzados a recurrir a esquemas informales con altos costos o, directamente, a abandonar la actividad.
Las cadenas de cultivos subrayan que el sistema de SGR ha demostrado ser una herramienta eficaz, transparente y federal durante décadas, promoviendo la inclusión financiera, la formalización, el desarrollo territorial y la generación de empleo. A su juicio, la eliminación de este régimen implica un retroceso que pone en riesgo los cimientos del entramado productivo regional.
“No se puede sacrificar un sistema que ha permitido el financiamiento de miles de pequeños empresarios agropecuarios por una medida de corto plazo que ignora sus consecuencias estructurales”, concluye el comunicado. Por eso, solicitan al Ejecutivo y al Legislativo revisar con urgencia la normativa y restablecer las condiciones originales del régimen.