La Justicia de los Estados Unidos rechazó un pedido formulado por el Gobierno argentino para evitar presentar garantías en el juicio que se sustancia en Nueva York por la nacionalización de YPF, por lo que el país podría comenzar a sufrir embargos de sus activos en el exterior, aunque de forma limitada: Argentina no renunció a la inmunidad de ejecución que da la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos, que establece reglas sobre la inmunidad soberana de los Estados extranjeros.
La decisión fue tomada por la jueza de Nueva York Loretta Prezka, en el marco de la causa en la causa iniciada por el fondo Burford Capital en la que la Argentina fue condenada a abonar un resarcimiento de US$16.000 millones. La fecha tope para presentar las garantías fue fijada para el 10 de enero, por lo que los litigantes ya están en condiciones de solicitar embargos sobre los activos del país que puedan encontrar en el exterior.
Sin embargo, la capacidad de los demandantes de embargar se encuentra restringida gracias a la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos. “En el juicio por YPF la facultad de la jueza Preska de embargar un bien de Argentina está mucho más acotada por el Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) de Estado Unidos que en los juicios sobre los bonos defaulteados en 2001″, había asegurado el abogado y ex subprocurador del Tesoro Sebastián Soler.
El FSIA es una ley estadounidense promulgada en 1976 que establece reglas sobre la inmunidad soberana de los Estados extranjeros, definiendo las circunstancias en las cuales están protegidos contra demandas en los tribunales de los Estados Unidos. “El FSIA trata distinto los casos en que el Estado demandado renunció a su inmunidad de ejecución (como ocurrió en el contrato de los bonos emitidos en los 90 y defaulteados en 2001) y los casos, como este de YPF, en que Argentina nunca renunció a ella”, completó Soler.
Las claves del fallo
El argumento del Estado argentino, que señaló “falta de acceso a fondos” para hacer el depósito de garantías, “demuestra que no ha tomado, y supuestamente no puede tomar medidas para el pago y que no tiene un plazo para hacerlo”, señaló la jueza Preska en su fallo, al darle la razón a los demandantes, que se habían opuesto a este pedido.
El fallo supone un duro golpe para la Argentina, que apeló la sentencia dictada en noviembre último por Preska, la mayor de la historia dictada por el tribunal federal de Manhattan. En el juicio por la nacionalización de YPF, en primera primera instancia, la Argentina fue condenada a abonar un resarcimiento de 16.000 millones de dólares a Burford Capital, que beneficiaría tanto a Petersen como a Eton Park.
Burford precisó -en una nota enviada a inversores en septiembre ultimo- que compró derechos de litigio al accionista minoritario de YPF Petersen por el 61% de sus tenencias, y que luego vendió cerca de la mitad a terceros inversores. Por lo tanto Petersen conservaría el resto y también sería beneficiario del juicio. En el caso de Eton Park, Burford también tiene los derecho de litigio.
En base al acuerdo firmado con ambos, el “impacto neto combinado de esas transacciones que Burford espera recibir es de 73% de lo ingresos”, precisó el fondo de inversión en la misma nota.
El lunes pasado, por otro lado, Preska concedió
al gobierno argentino plazo hasta el 22 de febrero para presentar los primeros
argumentos contra el fallo que condena al país a pagar US$ 16.000 millones por
la expropiación de YPF, al modificar la fecha original prevista para el 23
enero próximo.
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