Los diputados españoles se enfrentaban este martes a una votación de incierto resultado sobre el proyecto de ley de amnistía para los independentistas catalanes, que podrían rechazarlo porque consideran que no los protege de todos los delitos que se les podría imputar a partir de dos nuevas denuncias presentadas por jueces de Madrid y Barcelona.
El radical cambio en el panorama parlamentario, que hasta antes de las nuevas denuncias presentaba un plácido trámite que concluiría con el perdón a los secesionistas de 2017, sobrevino luego de las dos nuevas denuncias que refuerzan el cerco sobre el líder independentista Carles Puigdemont por terrorismo y por atentar contra intereses vitales de España, dos delitos que están ahora fuera de la amnistía.
Los diputados deLos Junts per Catalunya de Puigdemont afirmaron a través de un comunicado que no apoyarán el dictamen de la ley si los socialistas no se pliegan a sus exigencias de blindarla ante presumibles intentos de “boicot” por parte de los “estamentos judiciales”.
La amnistía fue la condición innegociable impuesta por los partidos separatistas a cambio de apoyar la reelección de Pedro Sánchez
“Todavía se está negociando y negociaremos hasta el último minuto para introducir cambios” en el texto, agregó Junts. “Si estos cambios no se aceptan, Junts no podrá votar a favor de la ley”, añadieron.
La amnistía era la condición innegociable impuesta por los partidos separatistas a cambio de su apoyo esencial a la reelección del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, a mediados de noviembre.
Esta medida llevaría a los tribunales a retirar los cargos contra cientos de activistas y dirigentes independentistas por su implicancia en el intento de secesión de Cataluña en 2017, una de las peores crisis políticas de la España contemporánea.
En primer lugar, beneficiaría a Puigdemont, que era presidente regional catalán en el momento de los hechos, y que podría así volver a España más de seis años después de instalarse en Bélgica, eludiendo a la justicia española.
Los nuevos cargos
Dos jueces pidieron el lunes prolongar la instrucción de dos casos que podrían salpicar a Puigdemont, uno por presunto terrorismo y otro por mantener supuestamente contactos con Rusia para conseguir apoyo a la independencia de Cataluña.
Tras estos últimos hechos, las dudas de última hora de Junts podrían frustrar su aprobación y devolver el proyecto de ley a una comisión parlamentaria, donde podría ser modificado.
Los supuestos contactos con Moscú podrían costarle al líder independentista una imputación por traición
“Junts siempre ha defendido que la proposición de ley de amnistía debe incluir a todos y ha de ser de aplicación inmediata. La propuesta de amnistía que se vota hoy no garantiza estos dos objetivos, sobre todo vista la deriva de diversos estamentos judiciales para boicotear la ley y dejar a muchos independentistas fuera”, argumentan en su comunicado.
La sesión empezará en la tarde del martes y parecía que el texto iba a ser aprobado sin problemas, gracias al apoyo de los diputados socialistas, de extrema izquierda y de partidos catalanes y vascos.
Sin embargo, los supuestos contactos con Moscú podrían costarle al líder independentista una imputación por “traición”, un cargo que no quedaría cubierto por la amnistía.
Tsunami Democrático
El segundo frente judicial que amenaza a Puigdemont es el de la misteriosa organización Tsunami Democrático, que convocó las diferentes protestas de 2019 contra las duras penas de prisión impuestas a dirigentes independentistas, y que incluyeron el bloqueo del aeropuerto de Barcelona, informó la agencia de noticias AFP.
En este caso, el juez Manuel García Castellón estima que Puigdemont es sospechoso de haber cometido delitos de “terrorismo” al dirigir esta organización en la sombra.
El Partido Popular prometió hacer todo lo posible para ralentizar el paso del proyecto de ley por el Senado
En respuesta, los socialistas ya se vieron obligados la semana pasada a ponerse de acuerdo con los independentistas en la redacción de una enmienda para que la ley de amnistía proteja a los separatistas acusados de terrorismo, a condición de que no cometieran “violaciones graves de derechos humanos”.
De llegar a aprobarse en Diputados, el Partido Popular (PP, conservador), primer partido de la oposición, prometió hacer todo lo posible para ralentizar el paso del proyecto de ley por el Senado.
Para ello, ya modificó el reglamento de la cámara y solicitará informes sobre el texto antes de enmendarlo, lo que obligará al Congreso de los Diputados a pronunciarse de nuevo para su aprobación definitiva.
El Gobierno “ha cambiado impunidad por poder”, y representa “la peor versión de la política”, lanzó el domingo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una manifestación en el centro de Madrid contra esta amnistía, a la que acudieron 45.000 personas.