Divulgación de chats, ola de renuncias, desfiles de funcionarios en la Fiscalía y un presidente que trató de minimizar la agitación en su avispero. El gobierno de Luis Lacalle Pou vivió su semana más agitada tras las declaraciones que dio la ex vicecanciller Carolina Ache ante la justicia, vinculadas a la entrega de un pasapogrte express a un narcotraficante y que salpicaron a integrantes del oficialismo. Y los problemas de presidente uruguayo recién empiezan: mientras espera ser citado por el fiscal que invetsiga el caso, la oposición promete ir a fondo con el tema.
Primero renunció el canciller Francisco Bustillo. A los pocos días, como un efecto dominó, hicieron lo mismo el ministro del Interior, Luis Alberto Heber; su segundo en la cartera, Guillermo Maciel; y el asesor del Presidente, Roberto Lafluf. El jueves se sumó a la lista el director de Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Horacio Abadie. Según el medio uruguayo la diaria, se trata de un íntimo amigo de Lacalle Pou desde su infancia.
La gota que rebalsó el vaso
El escándalo estalló el primer día de noviembre, después de que Ache presentó a la Fiscalía unos chats que tuvo con Bustillo, en los que éste le sugería que pierda el celular para evitar darle a los parlamentarios de la oposición y a la justicia, la información que habían pedido sobre el pasaporte otorgado al narcotraficante Sebastián Marset. Además dijo que Lafluf destruyó un acta notarial que mencionaba chats entre ella y Maciel que demostraban que el gobierno sabía quien era Marset al momento de otorgarle la documentación y que en una reunión de funcionarios, se decidió omitir información.
A las pocas horas Bustillo renunció a su cargo luego de que el semanario local Búsqueda, difundiera los audios. “No tuve participación alguna, ni tan siquiera conocimiento, de la
tramitación del pasaporte del señor Marset”, aseguró el ahora ex canciller en un comunicado. Dos días después fue su turno para declarar. Al salir de la Fiscalía, repartió a la prensa un comunicado que indicaba que efectivamente le pidió a Ache que perdiera el celular, pero que lo habría hecho “figuradamente”. Aunque trató de no responder ninguna pregunta, contestó cuando una periodista le consultó por qué se jugó su carrera política por Marset. “Porque no soy político”, expresó Bustillo, soltando una pequeña risa nerviosa mientras trataba de irse rápido del lugar.
Restar importancia
Mientras ocurría todo esto, el Presidente Lacalle Pou estaba en Estados Unidos. En vez de volver rápido para atender la crisis política e institucional desatada en su país, decidió reunirse con su homólogo norteamericano, Joe Biden, con quien se sacó una foto y anduvo de compinche, en el marco del primer encuentro de la Alianza para la Prosperidad Económica (APEP) –una cumbre que tiene como objetivo combatir la desigualdad económica y fomentar la integración regional–. Regresó a Uruguay recién el sábado 4 de noviembre, tres días después del estallido ocasionado por las declaraciones de Ache y la divulgación de los audios.
Apenas llegó, el mandatario se reunió con los socios de su coalición de gobierno en la Residencia presidencial de Suárez y Reyes. Al finalizar, dio una conferencia de prensa en la que anunció las renuncias de Heber, Maciel y Lafluf y afirmó que tanto ellos como Bustillo y Ache no tenían responsabilidad legal en la expedición del
pasaporte. También intentó minimizar el asunto, insistiendo en que tiene la tranquilidad de que todos los exministros sabrán defender su honor y su persona ante la Justicia uruguaya. Sobre la reunión donde se habrían borrado pruebas, trató de desligarse: “Sí, estuve dos minutos, saludé. Pedí que se convoque. Estuve, pero no participé”, remarcó.
El avance de la Fiscalía
Por su parte, al comenzar la semana la Fiscalía anunció a través de su vocero, Javier Benech, la designación de Alejandro Machado como el fiscal a cargo de investigar las denuncias realizadas por la ex vicecanciller. Machado tiene previsto citar a declarar a Lacalle Pou. Cuando llegue la citación, el Presidente puede responder a través de un escrito o recibir al equipo fiscal, como lo hizo con la ex fiscal Gabriela Fossati cuando se investigó la venta de pasaportes a rusos por parte de una organización que encabezaba su entonces jefe de Seguridad, Alejandro Astesiano.
A través del servicio de información del organismo, Machado comunicó que aún no hay definida una agenda de comparecencias ni la calidad de las convocatorias. “El concepto general es que declaren todas las personas que la sede entienda pueden aportar a la causa”, indicó Benech, consultado por la posible comparecencia del Presidente.
Además, el abogado de Marset, Alejandro Balbi, fue citado a declarar en calidad de testigo por la expedición del pasaporte a su cliente mientras se encontraba en los Emiratos Árabes y con el que logró escapar de ese país, un procedimiento que defendió como legal. “Mi actuación fue dentro de la normativa, reconocido por todos, y a pesar de estas desavenencias políticas que hubo, que soy ajeno porque no soy funcionario ni integro ningún partido político”, señaló a la prensa tras retirarse sin ofrecer más declaraciones.
El abogado de Balbi, Juan Fagúndez, agregó que su defendido sostuvo una reunión con Ache para consultarle sobre el estado del envío de la documentación hacia el país árabe. “La mayoría de los pasaportes que tramita Cancillería pueden llevar seis o siete días porque se entregan los días jueves, en este caso se hizo el miércoles la parte de Policía Técnica y el jueves se imprimió y salió este día”, argumentó.
Borrón y cuenta nueva
Después de los dichos del Presidente, las bancadas oficialistas en la Cámara de Senadores le siguieron la corriente en la pretensión de dejar en el olvido el problema del pasaporte lo más pronto posible. El martes, por 15 votos sobre 31, rechazaron el pedido del Frente Amplio (FA) de tratar como asunto político el caso y las consecuentes renuncias.
“Los hechos que se proponen se encuentran dentro de la órbita judicial. La crisis política quedó debidamente resuelta con la intervención y decisiones del presidente y son suficientes para dar vuelta la página y seguir adelante”, expresa la moción leida por la senadora nacionalista, Carmen Asiaín, en representación de los miembros de la coalición. “Hacer lugar a este planteo de asunto político, que busca sustituir una interpelación a los jerarcas ya renunciados, sólo generaría la erosión de las relaciones políticas en este Cuerpo y pondría en innecesario e inoportuno cuestionamiento las bases institucionales”, argumenta.
En diálogo con PáginaI12, la diputada por el FA, Cristina Lustemberg, explicó que lo que hizo el oficialismo fue “una forma de evitar discutir públicamente un asunto que es de alta sensibilidad para la ciudadanía y que tiene elementos muy graves que generaron crisis política y de gobierno”. “Debe haber sido un tema muy fuerte en las discusiones previas en la coalición de gobierno para resolver qué posición tomar. Diría que no es una negativa por convicción sino que es una negativa por conveniencia y para rápidamente dejar atrás algo que recién inicia. Las acciones judiciales están en curso y no sabemos aún todo lo acontecido”, subrayó.
La diputada dijo que el impacto de las acciones del Presidente ante el tema no solo no convencieron a la oposición, sino también a la propia bancada oficialista. “Era un riesgo que no querían correr. Si los legisladores del oficialismo quedaban expuestos a opinar sobre el tema iban a tener que decir lo que piensan y mostrar su posición contraria a lo actuado o iban a tener que esconder su opinión y eventualmente quedar mal parados frente a la ciudadanía y sus electores”, aseguró.
Informe: Axel Schwarzfeld