El ministerio de Desarrollo Social negocia con los dirigentes de la Unidad Piquetera para desactivar una protesta anunciada para este miércoles, a cuatro días de las elecciones. Las organizaciones sociales de la izquierda vienen reclamando al gobierno por incumplimientos en el envío de alimentos a sus comedores populares. De no llegar a un acuerdo, advirtieron, el miércoles marcharán en la avenida 9 de Julio e instalarán un acampe. “Todos los candidatos salen a criticar los piquetes. Nosotros decimos que mientras haya un pibe en un comedor que no tenga comida va a haber piquetes”, señaló Eduardo Belliboni, el titular del Polo Obrero.
Sin embargo, la medida aún no fue confirmada y durante el fin de semana Desarrollo Social comenzó a mandar insumos a, por lo menos, una parte de los comedores con los que estaba en deuda. Referentes de la Unidad Piquetera como Eduardo Belliboni, Silvia Saravia (Libres del Sur) y Damaris Rolón (FOL) dijeron a este diario que hay conversaciones abiertas con el equipo de la ministra Victoria Tolosa Paz y que si el gobierno cumple con las entregas a las que se comprometió, suspenderán el acampe.
“A pesar de que los reclamos fueron continuos durante todo el año, seguimos con problemas de abastecimiento en nuestros comedores. Durante este fin de semana llegaron alimentos a algunos, pero a no todos, entonces estamos esperando a ver qué pasa entre hoy y mañana. Los comedores están agotados, con mucha demanda y a la vez con muchas dificultades para funcionar. En algunos casos se ha dejado de preparar comida y se pasó a hacer un mate cocido y por lo menos dar algo caliente, en particular a los jubilados y jubiladas, que son un sector que la está pasando peor”, describió Saravia.
Belliboni agregó que este martes realizarán un encuentro para evaluar la situación.
Además de alimentos, la Unidad Piquetera reclama herramientas y materiales para que los proyectos productivos del programa Potenciar Trabajo puedan ser desarrollados.
Dificultades de arrastre
Las dificultades del ministerio de Desarrollo Social para comprar alimentos para los comedores populares son históricas. Los bolseros que lo proveen argumentan que el Estado se demora en pagarles, por lo que se ven obligados a subir sus precios, con lo quedan por encima de los costos de referencia. El ministerio ha hecho compras a pequeños productores, pero también ellos se quejan de la espera para cobrar. “Estuvimos siete meses detrás de un pago, no hay forma de sostener la producción de esa manera”; señalaron en una organización cooperativa de productores a este diario. En épocas de alta inflación, todo se agudiza.
Por esto la tendencia de Desarrollo Social ha sido la de reforzar la asistencia alimentaria a través de aumentos en la Tarjeta Alimentar. Se trata de una respuesta más rápida, pero que no es suficiente para garantizar la llegada de alimentos a la población de menores ingresos. Entre otras cosas, porque la Tarjeta Alimentar está dirigida a las mujeres que cobran la Asignación Universal por Hijo, es decir que no llega por igual a toda la población con dificultades para comer.
El último informe del Isepci, la consultora que mide el índice de precios en los barrios populares del Conurbano bonaerense, registró que en septiembre una familia tipo (dos adultos y dos niños) necesitó 143.500 pesos para alimentarse. Si bien en ese último mes las subas de precios se desaceleraron, la inflación interanual en los alimentos fue del 160 por ciento.
Las políticas de refuerzo de ingresos implementadas por el ministerio de Economía (el bono para los trabajadores informales, la devolución del IVA en los productos de la canasta básica, el aumento en las jubilaciones mínimas y en las asignaciones sociales) ayudaron a contener el escenario, pero en los movimientos hay preocupación por la reciente corrida del dólar y su traslado a los precios. Y especialmente, por el panorama que puede abrirse después de las elecciones.