La comunidad de la Casa Santa Cruz 140 marchó este jueves al Obelisco para reclamar que se suspenda la medida de desalojo ordenada sobre el edificio del barrio de Parque Patricios en el que viven más de cien familias desde hace casi veinte años. La Justicia fijó la fecha de desalojo para el próximo martes 31 de octubre, y las familias, organizadas en una cooperativa de vivienda, piden que se detenga la medida, algo que ya consiguieron en el año 2019. Reclaman poder acceder como cooperativa a “la construcción de una solución definitiva” de vivienda en la ciudad.
“El miércoles por la tarde salió una nueva resolución del juez nacional civil Fernando Cesari sosteniendo que el desalojo se llevará a cabo indefectiblemente, de una forma ‘escalonada’ durante treinta días”, contó a Página 12 Rosa Herrera, abogada de la cooperativa Papa Francisco conformada en la exfábrica recuperada en el año 2004. En el edificio de la calle Santa Cruz, frente al Parque Florentino Ameghino, viven 107 familias con niños, niñas y adolescentes. Para intentar evitar el desalojo, los vecinos y vecinas marcharon a las 10 de la mañana al Obelisco. Allí se agruparon en la Plaza de la República con el apoyo de diversas organizaciones sociales, políticas y sindicales como la UTEP, CTA Capital, el Polo Obrero, Proyecto 7 o el MTL, entre otros.
La primera notificación que les llegó a los vecinos y vecinas de la casa fue el 19 de octubre. Allí, en el expediente de la causa que lleva 13 años de duración, el juez Cesari fijaba el “lanzamiento” para el martes 31 de octubre. El pedido de desalojo lo encabeza la empresa que compró el edificio en 2010, seis años después de que las familias llegaran al lugar abandonado donde funcionó una fábrica textil quebrada en los ’90. En paralelo a esa causa también tramita un amparo por el derecho a la vivienda presentado por la cooperativa. “Allí el juez dictó medidas cautelares para que se les garantice el derecho y el Gobierno de la ciudad tampoco lo cumple“, advirtió la abogada.
“En la nueva resolución, el juez no da una explicación detallada de cómo sería el desalojo ‘escalonado’. Pone la responsabilidad en cabeza del GCBA y la preocupación de las familias es qué va a pasar con la casa a partir del 31: ¿Se convierte en una casa militarizada?, ¿se va a instalar un destacamento policial?“, dijo Herrera y agregó que la Asesoría Tutelar porteña se presentó “diciendo que no se están cumpliendo las garantías de acceso a la vivienda“. Según indicaron en un comunicado, la comunidad espera para el 31 “un operativo descomunal“.
Allí también afirmaron que buscan “acceder de forma colectiva a la construcción de una solución definitiva en esta ciudad“. “Hemos golpeado las puertas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat nacional y de la ciudad con reuniones en las diferentes gestiones, pero aun así, y con un desalojo en puerta, no hemos alcanzado los compromisos políticos necesarios“, agregaron. Las familias convocan a una vigilia en el edificio que comenzará a las 19 del lunes y continuará hasta la mañana del martes para intentar evitar el desalojo.