Con un firme compromiso ambiental, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva logró bajar la deforestación en la Amazonia prácticamente a la mitad en su primer año de gobierno, dejando atrás las cifras absurdas alcanzadas por su predecesor, Jair Bolsonaro.
De acuerdo al Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), organismo estatal que utiliza el Sistema de Detección de Deforestación en Tiempo Real (DETER) entre enero y agosto de 2023 la tala de árboles bajó casi un 50 por ciento con un total de 3.712 km². Raúl Montenegro, biólogo y presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) explicó a PáginaI12 que la destrucción del “pulmón verde” volvió a niveles similares a los de 2018, un año antes del inicio de la gestión de Bolsonaro. “El impacto de Bolsonaro fue dramático, pero aún con gobiernos que tienen una textura distinta, sigue habiendo una deforestación muy fuerte”, remarcó.
Precisamente, según los datos del INPE, la deforestación en la Amazonia brasileña se duplicó en los primeros ocho meses de gestión bolsonarista en 2019: alcanzó un total de 6.404 km² en contraste a los 3.336 km² registrados en el mismo periodo de 2018. En los años siguientes, la cifra se mantuvo alta con 6.099 km² en 2020 y 6.026 km² en 2021, mientras que en 2022 hubo un récord de 7.135 km² de selva destruida.
La letra chica del desmonte
La organización Premio Right Livelihood —“Premio Nobel Alternativo” con sede en Suecia– indicó que la deforestación no solo implica la tala de árboles, sino la destrucción de la biodiversidad que incluye desde pequeños virus y bacterias hasta plantas y grandes mamíferos. “La única forma de sobrevivir como especie en el caso de los humanos es que haya biodiversidad” subrayaron, para dar cuenta de la importancia de proteger los ecosistemas.
La Amazonia perdió aproximadamente el 20 por ciento de su superficie total desde los años 70, unos 800.000 km² de selva devastada, dijo Montenegro. Por más que quede el 80 por ciento, el porcentaje perdido no se puede recuperar como tal. “Cada volumen de ambiente nativo que desaparece es único porque hay una relación entre el suelo de ese lugar y la particular situación climática en ese sitio, mientras que otros lugares tienen su propia relación con el suelo, con aguas superficiales y con la atmósfera”, precisó.
El biólogo aclaró que no alcanza con plantar árboles para recuperar la biodiversidad perdida. La única manera es a través de un proceso natural llamado sucesión ecológica, donde la vegetación existente avanza sobre el área dañada. Sin embargo, hay un problema: cuanto menos ambiente nativo quede, menos probabilidad hay de que ocurra ese proceso. “En última instancia, podemos llegar a adaptarnos al cambio climático con mucho sufrimiento comunitario y ambiental, pero no hay posibilidad de adaptarse a una destrucción masiva de la biodiversidad”, sentenció.
Destrucción como política de Estado
El incremento de la deforestación en la Amazonia durante el gobierno de Bolsonaro se explica por el retroceso en las políticas ambientales como la eliminación de la División de Cambio Climático del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Cambio Climático y Bosques del Ministerio de Medio Ambiente, además de la reducción del presupuesto de esta última cartera. En diálogo con este diario, la Doctora en Ciencia Política brasileña, Terra Friedrich Budini, afirmó: “El gobierno de Bolsonaro tuvo el presupuesto más bajo para políticas ambientales en comparación con los gobiernos anteriores, desde la primera presidencia de Lula”.
En 2019, el entonces presidente emitió un decreto que extinguió canales de participación social en las políticas públicas. Uno de ellos fue el Consejo Nacional de Medio Ambiente (Conama), que redujo su número de integrantes al eliminar la representación de entidades de la sociedad civil en él. Como resultado, quedó conformado únicamente por empresarios vinculados al sector agropecuario y funcionarios gubernamentales designados por la Presidencia.
Para la académica de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), no hubo incapacidad en la gestión de Bolsonaro para actuar sobre los problemas medioambientales, sino intencionalidad. “Desmantelar la institucionalidad ambiental de Brasil y promover el saqueo de los recursos naturales y la destrucción de la Amazonía fue una política de Estado”, aseguró.
Defensor de la selva
A diferencia de su predecesor, Lula llegó a su tercer mandato con una marcada agenda ambiental. “En comparación con sus gobiernos anteriores, el énfasis en el clima es mucho más fuerte ahora. Dentro de esto, hay que destacar la relación entre el clima y la preservación de la Amazonia en la estrategia del gobierno para reposicionar a Brasil a nivel internacional como protagonista en la agenda ambiental”, detalló Budini.
En agosto pasado se realizó en la ciudad de Belem la IV Reunión de Presidentes de los Estados del Tratado de Cooperación Amazónica convocada por Lula, del que participaron los presidentes de Colombia, Bolivia, Perú, y Guyana, y altos representantes de Venezuela, Ecuador y Surinam. Acordaron una postura sudamericana unificada que instaba a las naciones ricas a financiar el mantenimiento de las selvas para frenar el cambio climático. “Si quieren preservar lo que exigen de selva, es necesario poner dinero, no solo para cuidar las copas de los árboles, sino también cuidar al pueblo que está debajo, que quiere trabajar y estudiar”, manifestó Lula al cierre del evento.
En diciembre, el mandatario reiteró esa propuesta en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) y anunció que su país se iba a unir a la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) para defender la importancia de superar el uso de combustibles fósiles. “El objetivo es que los países que ganan dinero con esa política petrolera puedan invertir en la energía del futuro, la energía verde. Esta superación es una voluntad, pero el camino hasta allá es un desafío”, señaló Lula en redes sociales.
Desafíos en el horizonte
Según Budini, la incorporación a la OPEP y la exploración de petróleo en el margen ecuatorial representan una contradicción con la agenda ambiental del gobierno y, por lo tanto, uno de los tres desafíos que debe afrontar Lula en los años que le quedan como presidente.
El segundo es la relación con el Congreso, muy conservador y reticente en temas ambientales, y en asuntos relacionados con la protección de los derechos humanos y de las minorías. Un ejemplo es el conflicto en torno a la ley de “marco temporal” que restringe los derechos de los pueblos indígenas. A pesar de que el Senado la aprobó, Lula la vetó y luego el Congreso revocó dicho veto.
El tercer desafío es encontrar alternativas económicas sostenibles en la región amazónica frente a prácticas ilegales como la deforestación y la minería ilegal, además de la creciente influencia del crimen organizado. “Esto implica no solo combatir estas actividades delictivas, sino hallar nuevas formas de crecimiento y empleo para la población local”, indicó la académica.
Informe: Axel Schwarzfeld