En octubre de 2022, la ciudadanía chilena votó masivamente por el “Rechazo” a la propuesta constitucional surgida de una Convención Constituyente compuesta por una mayoría de izquierda, que apostó por un cambio radical respecto de la Carta Magna aprobada en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet. Hoy, la ciudadanía irá nuevamente a las urnas para votar en un segundo proceso que definirá el destino de la Constitución del país vecino, en un contexto de desafección política, aumento de la polarización de las identidades políticas, un creciente desplazamiento hacia opciones partidarias de derecha y la apropiación de una agenda de preocupaciones más securitaria y económicamente regresiva.
El hartazgo de la población chilena, que alcanzó su punto álgido en el llamado estallido social de octubre de 2019, se encausó en un reclamo de mayor acceso a derechos –en materia habitacional y territorial, previsional, educativa, sanitaria y racial, entre otros– que fue recuperado durante la Convención Constituyente de 2021/2022, rechazada en el plebiscito de salida del año pasado. El espíritu de la Constitución de este año, en cambio, tiene la huella de un Partido Republicano con mayoría en el Consejo Constitucional.
Entrevistados por Página/12, Carlos del Valle y Mauro Salazar, académicos de la Universidad de la Frontera al sur de Chile, explican las diferencias entre ambas normas: la letra de la Constitución que se plebiscita hoy 17 de diciembre significa “abandonar la concepción progresista de bien común”. Concretamente, la propuesta de este año reemplaza la protección de la naturaleza y el rol activo del Estado en el acceso a derechos por temas como la seguridad ciudadana y la reivindicación de la propiedad privada, ubicadas entre las principales preocupaciones de la ciudadanía chilena.
-¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre el espíritu de la Constitución que no se logró aprobar en octubre de 2022 y la Constitución que se plebiscita hoy?
-Carlos del Valle: En la propuesta de Constitución del año 2022 aparecían conceptos asociados a un progresismo más radical. Por ejemplo, la ecología y el Estado estaban fuertemente presentes. Y, además, la protección de la naturaleza (las aguas, los bosques) así como las pensiones, la salud y la educación quedaban separadas del ámbito puramente privado. Lo cual era significativo porque la propiedad privada es fundamental en la actual constitución en uso, que fue aprobada en el año 80, durante la dictadura de Augusto Pinochet. De hecho, hubo una reacción muy fuerte por parte de las grandes empresas asociadas a las pensiones y la salud en aquella ocasión. En el espíritu de la actual Constitución se mantienen muchos de los elementos de la carta magna vigente.
-Mauro Salazar: La Constitución del 2022, que fue rechazada, tenía la épica de la revuelta de octubre de 2019 y la reivindicación del Estado. En ese contexto, contamos con un segmento de la derecha en proceso de des-pinochetización y que, en principio, estaba dispuesta a pasar de una subsidiariedad pasiva -cuyo mentor es Jaime Guzmán- del Estado a una más activa en materia de salud, pensiones y de educación.
-¿Y la constitución actual?
-MS: El nuevo pacto oligárquico tiene una dimensión muy refractaria a los roles del Estado en Chile, en materia de pensiones y educación, así como en otros derechos sociales. Eso sí, habrá Estado en materia de seguridad, que fue creciente como una preocupación social.
-Después del triunfo del rechazo de octubre del 2022 por poco más del 60% de los votos, ¿creen que hubo algún tipo de impacto en el sistema de partidos o se ha vuelto al escenario inicial?
-MS: En el contexto del estallido social, el sistema de partidos en Chile era una categoría devaluada; el término “partido”, además, era una noción viciada. En el proceso actual, se agudizó más la fractura entre la hegemonía de los partidos políticos y la vida cotidiana. Esa disyunción se agravó y, para modificar esta situación, reconectar la subjetividad ciudadana y los partidos será una tarea infinita.
-Algunas encuestas parecen indicar un proceso que va del rechazo a la Constitución anterior a un claro acercamiento de la opción del “apruebo” de esta versión constitucional. ¿Por qué creen que se produce ese viraje?
-CdV: Es posible mencionar dos cuestiones al respecto. Por un lado, se reinstala un discurso asociado con temas como “la seguridad”, que genera mucha inquietud social y queda reforzado en la Constitución. Por otro lado, el proceso constitucional estuvo acompañado por una creciente polarización de la sociedad en sus identidades políticas. La preferencia al plebiscito está vinculada a una mixtura en las identidades partidarias. Hoy vemos una preferencia creciente por los espacios de derecha. Dentro de la derecha, las vertientes más extremas cuentan con un apoyo social del 30%, mientras que los partidos de la derecha más clásica, la UDI y Renovación Nacional, aparecen con un 13% de cercanía para la gente. Finalmente, el Partido Comunista y el Socialista tienen un diecisiete por ciento de afinidad.
-En el marco de esta tendencia hacia la polarización y una mayor preferencia por opciones de derecha, ¿Cuáles son los nuevos antagonismos que observan tanto en la élite política como en la sociedad en Chile?
-MS: La nuestra es una estructura social institucionalista que, si bien encuentra su legitimidad (orden) en los desbandes de la revuelta social del 2019, al mismo tiempo produce la regresión conservadora. La Concertación se ha ubicado en un punto crítico y neutral, pero no fue capaz de despinochetizar la sociedad chilena.
-Un aspecto interesante de la Constitución del ’22 fue la de la propiedad privada, que incluía la problemática territorial de las comunidades indígenas, como la cuestión habitacional. ¿Qué cambios observan respecto de la cuestión indígena en la nueva letra de la Constitución que se plebiscita hoy?
-CdV: Hay una regresión entre la propuesta del ’22 y la actual. El rechazo del año pasado se podría entender desde una matriz racista. Algunos elementos del rechazo a los supuestos privilegios del mundo indígena. Entre quienes optaron por el rechazo, había una tensión respecto de lo que se percibía como una recuperación masiva de territorios para los indígenas que redundaba en la pérdida de territorios de los no indígenas. Respecto de la problemática territorial, los elementos concretos de expropiación de territorios ancestrales quedaron sin especificar en la Constitución del año pasado. Esos vacíos legislativos fueron completados con un discurso mediático racista que tuvo resonancia en la población.
-¿Cree que el rechazo quedó concentrado en el temor alrededor de las comunidades indígenas y la recuperación territorial?
-CdV: Si se analiza desde una perspectiva histórica, la propuesta constitucional actual muestra un regreso incluso a la Constitución de 1925, un momento en que lo indígena casi estaba invisibilizado. Mientras que el año pasado había una significativa visibilización del tema indígena (el término aparecía mencionada más de 60 veces), hoy queda confinada a una dimensión más cultural y despolitizada, con apenas tres menciones.
-Otro tema de agenda que se reinstala con el estallido del ’19 y, más claramente, en la Convención Constituyente de 2021/2022, es el acceso a la educación. También esta problemática se resignifica en la Constitución actual. ¿Cuáles fueron los cambios más elocuentes?
-CdV: Hay dos grandes ejes de comparación. El primero gira alrededor de la reivindicación de lo público y lo privado. Mientras la propuesta del año pasado definía la educación como un bien común, la actual insiste más en el derecho individual a educarse. En todo caso, la decisión individual de las personas a educarse luego se refrenda con la decisión de dónde hacerlo.
-¿Qué formas de expresión tomaron lo que ustedes han dado en llamar “nuevas insurgencias digitales”?
-MS: Con ese término me refería al proceso de digitalización en Chile en el contexto de la revuelta y el déficit de relato político. En aquel momento asistimos a un mosaico insurreccional de demandas (agua, pensiones, identidad, casa propia) provenientes de distintos pueblos. Pueblos siempre en plural. No tuvimos en ese contexto producción de discursos que articulen los antagonismos. Lo que suceda hoy, tanto si el plebiscito se define por estrecho margen o si se activan las mayorías líquidas en Chile, en ningún caso se resolverá la grieta que se activó con el estallido de octubre del 2019. La izquierda carece de horizonte transformador y solo administra. En suma, este domingo 17 será la consumación de un “neoliberalismo constitucional”.