La tierra no devuelve a los muertos; hay que excavar y buscarlos, generación tras generación. Aunque hayan pasado 136 años. Cuando el cacique qompi Ariel Chará observó que a 45 centímetros de profundidad asomaba un cráneo, que se presume sería de una de las víctimas de la masacre de San Antonio de Obligado en la provincia de Santa Fe en 1887, sintió la enorme emoción de haber encontrado a sus ancestros junto al monumento Cruz Alta, la mañana del 27 de septiembre pasado.
En ese momento histórico, el primer hallazgo de una fosa común vinculada con una masacre indígena perpetrada por el Estado Argentino, lo acompañaban Juan Nóbile del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF); el antropólogo Fernando Pepe, coordinador del Área de Identificación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y Protección de Sitios Sagrados, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y Cintia Chávez, la abogada que representa a las comunidades qom y mocoi, descendientes de los indígenas fusilados.
Desde marzo de este año Nóbile, antropólogo del EAAF, empezó a hacer sondeos en la localidad de San Antonio de Obligado a pedido de la Fiscalía Federal de Reconquista, que está investigando los hechos de cara a la realización de un juicio por la verdad histórica, el primero por delitos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado en el siglo XIX. El fiscal federal Roberto Salum dirige la investigación y el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, está a cargo de la causa.
La abogada Chávez representa a las cuatro comunidades denunciantes: tres qom –An Añaxag y Qompi de Las Toscas, y Dalaxay de San Antonio de Obligado– y una qom/moqoi llamada Natocoi de Florencia.
Fernando Pepe, miembro fundador del colectivo Guías (Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social), precisa que la fosa común más antigua en Argentina se ubicó en Mendoza, pero como parte del genocidio indígena cometido por los españoles y no por el Estado argentino. Y agrega que el Equipo Argentino de Antropología Forense está también en plena búsqueda de las fosas comunes de la masacre de Napalpí, en julio de 1924. Las excavaciones en Cruz Alta continuarán una vez que el EAAF presente la segunda etapa del trabajo y que sea aprobado por el juez federal de la causa.
Sublevación y masacre
“Hay mucho por reparar; son muchos años, no sólo de ocultar la verdad, sino de contarla al revés”, dice Chávez a Página/12. “Se instaló la versión que las comunidades indígenas mataron al padre Ermete Constanzi, que era el encargado de la reducción”, explica la abogada. Pero la verdadera historia es otra. Cinco comunidades de los pueblos indígenas moqoit y qom de la zona del Chaco santafesino accedieron a asentarse definitivamente en la reducción religiosa San Antonio de Padua de Obligado, en 1884, mediante un acuerdo con el gobierno nacional que les prometió escriturar a su nombre esas tierras. Las negociaciones para conformar la reducción, cuyo objetivo era convertir a los indígenas a la cultura occidental cristiana e introducirlos como mano de obra barata al capitalismo en su versión agroexportadora, habían sido encabezadas por el misionero franciscano Ermete Constanzi (1829-1898).
Los indígenas no sólo debían trabajar en las tierras de la reducción, sino también en los ingenios azucareros de localidades vecinas o para la guarnición militar de Las Tocas, cuyo comandante era Marcos Piedra. Las condiciones de vida en la misión comenzaron a empeorar con epidemias, abusos físicos, castigos de las autoridades militares y falta de alimentos. La gota que rebalsó el vaso llegó en el verano de 1887, cuando el Ejército nacional raptó a una niña indígena para cumplir con un pedido del gobernador del Territorio Nacional de Misiones, Rudecindo Roca, hermano del presidente Julio Argentino Roca, que había solicitado que le enviaran “una chinita” para servidumbre.
La indignación derivó en la sublevación de una parte de los reducidos, quienes asesinaron a Piedra y a otro soldado, antes de abandonar la misión para internarse en el monte. En respuesta a esas muertes, el Ejército fusiló a 16 indígenas que no habían participado de la revuelta. Pero la historia oficial instaló su versión: que los indígenas fueron fusilados en represalia por haber matado al sacerdote Ermete Constanzi, quien en realidad murió once años después de la masacre, degollado por un sicario a sueldo de los terratenientes a quienes molestaba su permanente reclamo en favor de los indígenas.
El propio Constanzi confeccionó de su puño y letra el acta parroquial de defunción de los masacrados en 1887, donde puede leerse que “fueron asesinados por las fuerzas militares que guarnecían en este punto”, 14 hombres “más una mujer y un chico de poca edad”, los cuales luego “fueron enterrados cerca de la proveeduría donde los soldados estaban acuartelados”.
Un largo camino
Cintia Chávez subraya que el juicio por la verdad se propone reparar y dignificar. “Esta causa, como tantos otros trabajos de visibilización que venimos haciendo en el territorio, permiten reparar y visibilizar los derechos que aún están siendo vulnerados. Viene a aportar hechos, acciones concretas que permitan condenar los hechos de violencia para que no vuelvan a ocurrir. Viene a contar la verdad para dignificar a los descendientes de las víctimas. Yo creo que es lograr dar voz a quienes callaron por tanto tiempo y así reconocernos y respetarnos en esta maravillosa diversidad que somos”, plantea la abogada que representa a las comunidades qom y mocoi.
El antropólogo Fernando Pepe vuelve al momento de la excavación en Cruz Alta, el lugar donde se cree que fue matanza. “Cuando me di cuenta de que era un cráneo lo que encontró Ariel Chará, se apoderó de mí un fuerte sentimiento que aún me embarga. Misión cumplida, sería resumiendo en dos palabras un raudal de sentimientos encontrados, que encierran mucha alegría y también mucha tristeza. La alegría de cumplir con las comunidades al cien por ciento y la tristeza por lo duro que es trabajar con las víctimas del genocidio. Las ancestras y ancestros asesinados nos interpelan ahora directamente”.
Para Pepe, este es un “avance importante” que suma pruebas materiales, pero advierte que hay que esperar los informes forenses oficiales que se presentarán en la fiscalía cuando termine el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense. “No nos queremos adelantar, pero sumado a las pruebas documentales halladas por el equipo de investigación dirigido por el antropólogo de Guías, Francisco Mora, ya contamos con un cuerpo de pruebas muy fuerte, inapelables. Todavía queda un largo camino que recorrer ya que trabajamos para dar con la identidad individual de las víctimas y sus descendientes directos”.
Pepe contextualiza cómo se inscribe el descubrimiento de este cráneo en la localidad santafecina de San Antonio de Obligado, en el marco de una pelea mayor por la memoria. “La lucha de Napalpí es el faro que nos guía y la sentencia ejemplar de ese juicio es el piso de los dos que se llevan adelante en Santa Fe, tanto para esta masacre como la de San Javier en 1904, que también está en la etapa de búsqueda de pruebas. Realmente son procesos históricos que están dejando una profunda huella”.