Hablar de convivencia y derechos humanos de niñas, niños y adolescentes necesariamente nos lleva a reflexionar sobre las violencias hacia las infancias y adolescencias como punto de partida y desde allí proponer, desarrollar, implementar y evaluar políticas innovadoras para su prevención.
Un gran número de niñas, niños y adolescentes están en riesgo o son víctimas de distintas formas de violencias en los entornos en los que viven y se desarrollan. La evidencia muestra que los episodios de violencia suelen ocurrir en el ámbito del hogar y por parte de familiares o personas cercanas. Esa violencia física y psicológica se encuentra fuertemente naturalizada como forma de educar o corregir la conducta, y en la mayoría de los casos no se percibe como una violación de derechos por lo que no se denuncia o accede al sistema de protección integral y justicia.
Es responsabilidad de todos los actores de la sociedad asumir un rol activo para proteger la niñez y la adolescencia, que empieza por reconocer las prácticas que reproducen la violencia y visibilizar las barreras que existen para identificarla. Desde lo individual a lo colectivo y desde lo colectivo a lo individual, es una responsabilidad conjunta erradicar los patrones culturales que justifican, naturalizan y dificultan un abordaje público de las violencias. Ese cambio cultural tan necesario interpela también a nuestra ciudadanía participativa y la vida en democracia.
La violencia en la crianza es uno de los desafíos centrales que hoy afronta la niñez, y las propuestas para su abordaje forman parte de los ejes tratados en el documento #VotaPorLaInfancia de Unicef, el cual reúne diez de las principales problemáticas de la infancia y la adolescencia en el país, con propuestas de políticas públicas para su abordaje en la próxima Presidencia.
Para revertir esta situación, es necesario asignar más recursos públicos para prevenir las violencias contra niñas, niños y adolescentes; mejorar la articulación de las políticas para prevención; generar más y mejores canales de denuncia adaptados y accesibles para ellas y ellos; mejorar la oferta de programas y políticas de fortalecimiento familiar y de crianza; fortalecer la especialización de operadores de los servicios de niñez y adolescencia; e incentivar a los profesionales de salud y educación y a la ciudadanía en general en su responsabilidad de denunciar los casos de violencia contra los niños y niñas.
Se requiere, a su vez, una política pública universal de generación continua de espacios de formación en crianza no violenta con enfoque de derechos humanos de niñez y adolescencia para mamás, papás, cuidadores y personas que acompañan en la crianza.
La violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes deja marcas para siempre y condiciona sus vidas y su desarrollo. Unicef es el organismo de Naciones Unidas que tiene como mandato apoyar a los Estados en su rol de garante de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Hace 38 años asumió el compromiso de apoyar al Estado y a la sociedad argentina en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, poniendo a disposición recursos y experiencia, local y global, al servicio de un país más justo y equitativo. Estuvimos, estamos y el día después de la elección, estaremos aquí para contribuir al bienestar y desarrollo de chicas y chicos.
Alejandro Morlachetti es especialista en Protección de Derechos y Acceso a Justicia de Unicef Argentina.