La Cámara Federal de Casación parece un hervidero. Durante tres largas horas, todos sus integrantes estuvieron encerrados discutiendo una única cuestión: qué debe pasar con la jueza Ana María Figueroa, que cumplió 75 años el 9 de agosto pasado y que aún espera que el Senado apruebe su pliego para quedarse durante cinco años más. Un sector mayoritario del máximo tribunal penal del país la quiere afuera; la oposición se relame con una vacante. Todo indica que la camarista pedirá una licencia extraordinaria por 30 días a la espera de que la Cámara alta trate su situación.
La reunión comenzó a las 10.30. Estaban todos los integrantes de la Casación, menos Juan Carlos Gemignani –de licencia por estudio– y Ángela Ledesma, que también está de licencia. Figueroa se sentó en la cabecera de la mesa del salón de acuerdos de la Cámara, ubicado en el primer piso de los tribunales de Comodoro Py. Durante tres horas, la tensión fue escalando y hubo acusaciones fuertes: la jueza dijo que embestían contra ella por ser mujer.
La convocatoria surgió el lunes: fue un acuerdo en el que participaron todos los integrantes del tribunal menos Figueroa y Alejandro Slokar. El que rompió el hielo cuando se sentaron fue Guillermo Yacobucci, que funcionó como vocero del sector que la quiere a Figueroa fuera de la Casación. “Vamos a subrogar tu vacante”, le advirtió. En criollo, le estaba diciendo que la consideraban jubilada y que iban a decidir cuál de ellos se sentaba en su silla.
Después continuó en la misma línea Diego Barroetaveña –que integra, además, el Consejo de la Magistratura en representación de la Lista Bordó, la más conservadora dentro del ámbito judicial–. Barroetaveña y Daniel Petrone son los dos jueces que deben resolver junto con Figueroa la situación de Cristina Fernández de Kirchner en las causas del Memorándum con Irán y de Hotesur-Los Sauces, que podrían ser reabiertas.
Figueroa no se amilanó. Miró a sus colegas y les dijo que estaban teniendo esta postura con ella porque es mujer y que la demostración de fuerza obedecía a una cuestión de género.
– ¿También me quieren sacar el escritorio? –los increpó Figueroa.
Todos negaron que fuera una cuestión personal con la jueza que se integró al tribunal en 2012, después de ejercer como abogada de organismos y como responsable del área jurídica de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Slokar le contestó que le pedía perdón en nombre de todos por esta situación que estaba viviendo. El camarista fue más allá: la respaldó para permanecer hasta que el Senado trate su pliego.
– Acá existen otros jueces usurpadores –tensó Slokar.
Carlos Mahiques, que llegó a la Casación Federal sin pasar por el concurso, se sintió aludido. La tensión fue en escala. Algunos de los casadores salían del salón con gesto adusto y volvían a ingresar sin decir palabra.
Finalmente fue Slokar el que le dijo a Figueroa que había una posibilidad para descomprimir la situación: que se tomara una licencia a la espera de una resolución del Senado. “Pensalo”, le sugirió y pidió un cuarto intermedio hasta el miércoles. Mariano Borinsky, que ejerce la presidencia de la Casación desde agosto, terció a favor de Figueroa. El resto salió masticando bronca porque había llegado con la ambición de sacar a la jueza del tribunal y se fue con la promesa de un “alargue”.
Al finalizar el acuerdo, Figueroa recibió a periodistas acreditados en Tribunales. Todavía ocupaba la cabecera de la mesa en la que habían quedado algunos sanguchitos de miga y copas de agua que habían tomado los jueces durante la reunión. “Estoy evaluando pedir una licencia extraordinaria por 30 días”, comentó la jueza. “Entiendo el interés porque el mío es el cargo más alto que se concursa. También entiendo la incomodidad porque soy una jueza independiente”, dijo.
En el fin de semana, medios alineados con la oposición hicieron foco en Figueroa diciendo que había cobrado su sueldo mientras no cumple funciones, ya que sin acuerdo del Senado todo lo que firme podría ser nulo. El tema saltó en el acuerdo.
Figueroa no cuenta con la simpatía del macrismo porque denunció que fue víctima de las presiones de la mesa judicial. De hecho, dijo en una entrevista con la AM750 que había recibido la visita de un funcionario del Ministerio de Justicia de Cambiemos para presionarla con una resolución en la causa sobre el Memorándum con Irán. Su caso se incluyó en la investigación sobre la mesa judicial e incluso el fiscal Franco Picardi había recabado una serie de notas que se publicaron durante el gobierno de Mauricio Macri en que se etiquetaba a Figueroa como una “jueza kirchnerista. Los tiempos no cambiaron tanto: en el fin de semana, Clarín la denominó “la jueza de Cristina”.
En la oposición retrucan que el gobierno del Frente de Todos/Unión por la Patria pretende que Figueroa se quede porque es una magistrada afín y dicen que la administración de Alberto Fernández no quiso extenderles el mandato a los otros dos casadores que cumplieron 75 años en los últimos meses: Eduardo Riggi y Liliana Catucci. Es cierto que nada de la cosmovisión de ellos coincide con la del oficialismo: Catucci se fue despedida por un desfile de la Policía Federal y Riggi aprovechó la primera oportunidad para firmar una solicitada en la que se calificaba como “terroristas” a los militantes de los ’70.
En Casación algunos consideraban que la salida de la licencia era válida, y que, pese a que Figueroa llegó a la reunión con la cancha inclinada en su contra, salió bastante airosa. La resolución sobre el destino de la jueza quedará inevitablemente en manos de la Corte Suprema. Ella le cursará una nota a Horacio Rosatti en tanto presidente del máximo tribunal, pero Rosatti –en su realidad bifronte– es también el titular del Consejo de la Magistratura, donde hay reclamos para que se abra la vacante de Figueroa.