Solo seis Estados miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tienen leyes que prohíben las intervenciones médicas innecesarias para modificar las características sexuales de menores de edad intersex sin su consentimiento, pese a los llamamientos de parte de este colectivo y de organismos de derechos humanos, según informó la organización ILGA Mundo en su primer Informe de Mapeo Legal Intersex, que se dio a conocer este martes.
Esta sorprendente escasez de protección legal sigue siendo una realidad a pesar de los llamamientos unánimes, sistemáticos y urgentes de la sociedad civil intersex y de los organismos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, las tendencias positivas actuales nos dan motivos de esperanza”, afirmó Crystal Hendricks, presidenta del Comité Intersex de ILGA Mundo.
Se trata de un estudio global pionero sobre la protección jurídica de las personas intersex, aquellas nacidas con variaciones en sus características sexuales -genitales, órganos reproductores y patrones hormonales y cromosómicos- por lo que no se encuadran anatómicamente dentro de los patrones sexuales asociados al cuerpo “masculino” o “femenino”, que comprenden el 1,7% de la población mundial.
La publicación presenta una visión general de la situación de cada uno de los 193 Estados miembro de la ONU (el Vaticano y Palestina son considerados por Naciones Unidas como “Estados observadores”) sobre la protección de las personas intersex, con perfiles de los 34 países en los que se produjeron avances jurídicos y entrevistas con activistas intersex.
Según el informe, que recoge datos hasta diciembre de 2022, seis Estados de la ONU tienen leyes que prohíben las intervenciones médicas innecesarias para modificar las características sexuales de intersex sin su consentimiento: Alemania, Grecia, Islandia, Malta, Portugal y España.
Además, solo dos, Grecia y Malta, introdujeron sanciones específicas por violar estas prohibiciones.
A estos países se suman Colombia y Kenia, los cuales presentan restricciones a este tipo de intervenciones, según la Base de Datos de ILGA Mundo que recoge información actualizada periódicamente.
Estas intervenciones quirúrgicas no consentidas en general se practican en la infancia y son consideradas “normalizantes” ya que su objetivo es modificar la forma de los genitales para que tengan una apariencia más “femenina” o “masculina”, según los estándares culturales y médicos vigentes, sin un fundamento basado en la salud.
En contraposición, 181 Estados (el 94% del total) aún no hizo ningún intento legal suficiente para proteger el derecho a la integridad corporal y a la autonomía de las personas intersex, advirtió el informe elaborado por Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA).
En tanto, siete Estados miembro de la ONU introdujeron legislación nacional que prohíbe la discriminación por motivos de las características sexuales (Albania, Bosnia y Herzegovina, Dinamarca, España, Malta, Portugal y Serbia), mientras otros cinco adoptaron disposiciones legales sobre la responsabilidad por delitos cometidos por estos motivos (Dinamarca, Grecia, Islandia, España y Malta).
Cómo se trata en Argentina
El movimiento intersex confeccionó el proyecto de ley “Protección Integral de las Características Sexuales”, que ingresó en noviembre de 2022 a la Cámara de Diputados a través de la legisladora Gabriela Estévez de Unión por la Patria (UxP), que contempla la prohibición de “cualquier procedimiento de modificación corporal no terapéutico” sin consentimiento, pero aún se espera su tratamiento.
“El derecho internacional de los derechos humanos también está desempeñando su papel”, subrayó Ilia Savelev, co-autor del informe, quien detalló que “desde 2009, las respuestas de las organizaciones intergubernamentales han evolucionado de sugerencias indecisas a llamamientos urgentes y seguros para prohibir legalmente las intervenciones médicas no consensuales en menores intersex”.
En este sentido, durante el último Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrado en octubre de 2023, un grupo de 56 Estados hizo un llamamiento a “redoblar los esfuerzos para combatir la violencia, las prácticas nocivas y la discriminación por motivos de las características sexuales de las personas”; mientras organizaciones pidieron una resolución de la ONU al respecto.