Luego de meses de contracción, la reducción real del gasto público se frenó en julio último por el aumento de las prestaciones sociales, al tiempo que cayeron los ingresos como consecuencia de la sequía. El dato se desprende de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El trabajo refleja que “los gastos pusieron fin a la racha de reducción real, que se mantuvo durante cinco meses consecutivos, aumentando en 2,6%. Esto se debió, principalmente, a los incrementos en las prestaciones sociales”, señala el informe, que analiza la situación fiscal a fines de julio.
El trabajo del CEPA destaca el comportamiento de las prestaciones sociales, que -señala- “experimentaron un cambio positivo al crecer 4% en términos reales”. Al respecto, añaden que “en meses anteriores, estas prestaciones habían enfrentado caídas considerables, con una disminución de casi 20% en mayo y 10% en junio”.
“Este cambio en la tendencia puede atribuirse en gran medida a la naturaleza de la fórmula de movilidad vigente, que establece aumentos basados en el crecimiento de la recaudación y los salarios”, destaca el CEPA.
En el detalle por rubros, el informe del centro de estudios destaca que “es relevante mencionar que tanto el IVA como las Contribuciones a la Seguridad Social registran aumentos de 10,3% y 5,8%, respectivamente”. Y que “estas cifras indican un comportamiento positivo en áreas clave a pesar de los desafíos que presenta el contexto económico actual. La escasez de dólares ha impactado negativamente también en los ingresos por derechos de importación, reduciéndolos 11% este mes y 16% en el año. Además, otros ingresos tributarios han disminuido: Impuesto a las ganancias (-16,5%) e impuestos a los Débitos y Créditos (-3,4%).
Las tarifas, la sequía y el FMI
En cuanto a la segmentación tarifaria en materia energética, explican en el CEPA que se produjo una “reducción real de 42% en las erogaciones destinadas a los subsidios energéticos”
Por otra parte, en los primeros meses del año los efectos negativos de la sequía se hicieron sentir en los ingresos, estimándose una reducción de hasta $900.000 millones. El trabajo recuerda que el “déficit en julio ascendió a $344.000 millones, acumulando un total de $2,2 billones en lo que va del año, lo que representa aproximadamente 1,28% del PBI”.
El trabajo aclara que, durante el primer semestre, “la sequía tuvo un efecto notable al reducir las exportaciones, lo que limitó el acceso a divisas y repercutió en la actividad económica. Esta situación engendró una dinámica financiera complicada en términos de ingresos y gastos, a pesar de los esfuerzos gubernamentales por recortar tanto los gastos en prestaciones sociales como los subsidios económicos”. Y agrega que, en conjunto, “estos factores dieron lugar a que las dos primeras metas fiscales del año pactadas con el FMI no se cumplieran, llevando a la necesidad de renegociar nuevos objetivos para septiembre y diciembre. Estas nuevas metas buscan reflejar una inflación mayor a la anticipada y el impacto persistente de la sequía en la economía”.
Por último, se aclara en el informe del CEPA que, “en la sexta revisión, el FMI incrementó las metas nominales en alrededor de 10 por ciento, lo que refleja únicamente el impacto de la inflación en las cuentas públicas, pero no considera los efectos de la sequía”. En este contexto, habrá que ver cómo procede el ministerio de Economía respecto a los pedidos del organismo, que en el Staff Report más reciente volvió a señalar la necesidad de contener salarios públicos y subir tarifas de los servicios públicos.