No se pueden dejar de advertir y corregir una serie de imprecisiones y equivocaciones no menores en las afirmaciones del exdirector del FMI, Alejandro Werner, en una entrevista reciente en la radio de Las Madres, en la que sostiene, entre otras cosas, que el acuerdo con el FMI no es ilegal “porque ninguna instancia judicial así lo ha declarado“, “que los estudios más importantes están de acuerdo en su legalidad”, y que el plan de Macri podia no ser cumplible, porque de todos modos las “deudas se refinancian“ (la mayoría de los países lo hacen). Lo cual no exime de responsabilidad al organismo que las otorga: tal vez esa afirmación se puede dar vuelta y leer como prueba directa del fracaso sistemático de los programas del FMI.
Pero vayamos al caso argentino. El acuerdo con el FMI, señor Werner, sí es ilegal porque se violaron procedimientos administrativos internos que son determinantes para la legitimidad y validez de cualquier acto administrativo del Estado. Se violaron actos jurídicos básicos. Cualquier estudiante de abogacía de cuarto año (que ya haya cursado derecho administrativo) lo sabe. (Por desgracia la mayoría de los administrativistas argentinos son formados en universidades privadas con mirada e impronta anti-nacional, se les enseña a litigar contra el Estado, a robarle recursos en juicios ilegales que son resueltos por jueces formados en esa misma mirada, antes que a defenderlo, como se pretende hoy en la ECAE y en la AGU en Brasil; Bolivia no tenía siquiera procuración del tesoro hasta que no ganó Evo Morales, ni escuela de Abogados).
Hasta para comprar una resma de papel el Estado sigue procedimientos. En la megadeuda con el FMI, esos procedimientos (administrativos, muy básicos) no se cumplieron. Esto solo ya vicia de por sí la legalidad administrativa del acuerdo, con prescindencia de cualquier otro elemento. Por supuesto: hace falta un juez valiente (o un fiscal como Federico Delgado) que se anime a decirlo. Decirlo es ir contra el poder económico, contra la casta judicial, los organismos financieros, los bancos de inversión y contra los grandes estudios “administrativistas“ que hicieron sus grandes fortunas litigando contra un Estado pobre. (Esa es la verdadera “industria del juicio“ que nadie menciona: la de los estudios como Cassagne y compañía, que en lugar de defender a la Argentina, de defender al Estado, a la Nación y a sus recursos, le hacen juicio, con los fondos buitre, para sacarle plata, esos son nuestros profesores de “derecho administrativo“, que han declarado como especialistas en arbitrajes internacionales contra nuestro país). Necesitamos revisar nuestra doctrina (administrativa). O tal vez generar una nueva. Es hora. No podemos seguir replicando una doctrina liberal que los propios países desarrollados no aplican.
Ahora pasemos a la ilegalidad constitucional del acuerdo. Más allá de que existía, es cierto, una delegación formal de facultades (del Congreso, que de ese modo renuncia a sus funciones…, esa “delegación“ es irregular, como tener presidentes legislando por decreto de “necesidad y urgencia“ hace más de tres décadas) al PEN, por el volumen sideral (¡el mayor en la historia del FMI!) sí se justificaba que el acuerdo fuera votado en el Congreso. Eso manda la constitución de Alberdi, que tanto le gusta citar a Milei (que confunde ser liberal con ser un “libertario“, cuando son dos filosofias muy diferentes, los liberales creen en la igualdad, los “neo“ liberales, no, por eso se cambian de nombre: ser liberal es una cosa; ser “libertariano“, es otra, muy diferente).
La directora del FMI, señor Werner, debió haber ido al Congreso, y no fue. Eso manda la Constitución. Fue a la universidad privada Di Tella, pero no al Congreso. Fue a sacarse fotos y sonreír con los estudiantes. Pero no a discutir y exponer su plan con los legisladores.
Un organismo que se llena la boca hablando de “instituciones“ (rule of law) luego “negocia“ con los países de América Latina con condiciones poco formales, muy desprolijas, con irregularidades, de espaldas a la ciudadanía, pisoteando procedimientos administrativos (dictamen jurídico previo) y constitucionales (audiencia en el Congreso). El Fondo dice una cosa, pero hace otra. Se maneja con nuestros países sin respeto alguno a nuestras instituciones ni reglas jurídicas básicas ni procedimientos, violando el derecho administrativo interno. Esto vicia la legalidad del acuerdo.
Para esto, sin embargo, no hace falta sólo que alguien cometa un delito, sino también que el juez que lleva el caso sea independiente en serio.
Cientos de especialistas formados en las mejores universidades del mundo no se “equivocan”. El préstamo no fue ningún “error de cálculo”. No puede ser que Nicolás Dujovne, que debió haber invitado a Lagarde al Congreso y no a tomar un café a la universidad privada, se lave las manos diciendo que hubo “errores”, o que se “proyectó algo mal”. No basta con un “error” para justificar la miseria de un pueblo. Estos hechos son un crimen. Un delito que debiera ser tipificado y juzgado en los tribunales, para que no se repita. Por eso es correcto el DNU 239/2021 que instruye a la Procuración del Tesoro a ser querellante en la causa de deuda externa, a cargo de María Capuchetti.
Werner dice que no hay una causa. Falso. Pese a que él no lo sepa, la causa (que propone) en rigor ya existe y está abierta. La última palabra no está dicha. Pero está en manos de la misma jueza que tiene en sus manos el atentado contra Cristina Kirchner. En ambos casos, la jueza ralentiza todo. El poder judicial necesita una transformación profunda en América Latina. No solo en la Argentina.
Que no haya una instancia que declare una injusticia sideral no quiere decir, señor Werner, que esa injusticia no se cometa. Solo quiere decir que los jueces son amigos de los estudios poderosos, (juegan al golf con ellos) que son a su vez los interlocutores del FMI. Nada más que eso. Por eso necesitamos abogados dispuestos a defender la Argentina. A defender su país con uñas y dientes. Para eso se los forma hoy en la ECAE. La ECAE fue desmantelada cuando Macri tomó la deuda, precisamente. En ese preciso instante desaparecieron dos especializaciones sobre delitos económicos complejos y lavado de activos. No querían abogados formados que defendieran en serio el interés nacional.
* Director Nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, Procuración del Tesoro de la Nación.