Organismos de derechos humanos le pidieron al Congreso que avance con la aprobación de una ley contra el negacionismo a días del balotaje en el que Sergio Massa se medirá con Javier Milei, que ha catalogado como “excesos” a los crímenes de la última dictadura. “Vengo a pedirles que, por favor, aprueben esta ley para castigar legalmente –no con cárcel sino con inhabilitación– a todos aquellos negacionistas, a los que reivindican el genocidio. Acá no hubo una guerra, hubo un genocidio”, reclamó Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo. “No puede ser que estos deplorables personajes sigan ensuciando la memoria de Alejandro y de los 30.000 y que sigan ensuciando la democracia”, completó la representante de la Línea Fundadora.
Este martes, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados –que preside Hugo Yasky– recibió a las organizaciones de derechos humanos que vienen impulsando dos proyectos para hacerle frente al negacionismo. En la próxima jornada, anticipó Yasky que se trabajará en la unificación de las iniciativas que presentaron diputados y referentes del movimiento de derechos humanos.
Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S Capital, es uno de los impulsores de una ley que pone el foco en la formación de todos los funcionarios. “La mejor forma de combatir el negacionismo es con la educación”, dijo Pisoni ante la Comisión y explicó que se busca que ningún funcionario pueda negar lo que dice el propio Estado.“Si esta ley se hubiera aprobado, estaríamos discutiendo la inhabilitación de Javier Milei y de Victoria Villarruel por negacionistas e infiltrados de la democracia”, afirmó.
En simultáneo, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA) tuiteaba que los proyectos contra el negacionismo que se estaban debatiendo son para amordazar a los que piensan distinto. “A los que cuestionamos el relato y las mentiras sostenidas con dinero público y a evitar que cualquiera que tenga coraje se anime a hablar para ejercer su libertad de pensamiento y expresión y pueda ser votado. Les gustan los derechos humanos solo si pensás como ellos, si no no tienen problemas en violártelos”, escribió en sus redes sociales.
No es la primera vez que Villarruel arremete contra los organismos en el Congreso: lo hizo a principios de año cuando fue Nora Cortinas a hablar ante la Comisión de Juicio Político para pedir que se avanzara con el proceso contra los integrante de la Corte Suprema. La diputada de LLA también suele provocar diciendo que no son 30.000 los desaparecidos. Pisoni tomó el guante: “Que les pregunten a sus amigos dónde están nuestros viejos y nuestras madres. No es una discusión en torno a las cifras sino a la verdad”.
Para Mabel Careaga, dirigente de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, es necesaria la sanción del negacionismo para proteger a los familiares y para impedir que se insulte la memoria de los desaparecidos. “Hoy, los negacionistas argentinos están dando un paso más. No solo niegan los hechos del terrorismo de Estado –que en nuestro país han quedado demostrados en juicios ejemplares–, sino que quieren ocupar la máxima investidura de nuestra patria”, dijo y alertó sobre la avanzada de la violencia que tuvo un correlato en el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Eduardo Tavani, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) resaltó que, hasta hoy, a los negacionistas les sale gratis negar los hechos y avaló que se inhabilite a quienes efectúen discursos públicos que nieguen los genocidios. En la misma línea se pronunció Federico Efrón, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que conduce Horacio Pietragalla Corti. Para ellos, es necesaria la formación obligatoria de todos los empleados y funcionarios estatales en derechos humanos y la aplicación de una sanción a quienes la incumplan. En el caso de los funcionarios que en actos públicos nieguen lo que reconocieron los tribunales se prevé la sanción de la inhabilitación para ejercer cargos oficiales. “No es criminalizar el discurso ni atentar contra la libertad de expresión”, advirtió Efón, que remarcó que en la Argentina hay una política de Estado consolidada en materia de memoria, verdad y justicia que llevó a tener 1200 genocidas condenados.
Guillermo Pérez Roisinblit arrancó diciendo que a él lo sensibiliza que digan que lo que le pasó fue un exceso. Su mamá fue llevada a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) a parir antes de ser desaparecida. Él fue apropiado. Lo encontraron su hermana y sus dos abuelas. Pérez Roisinblit miró hacia el costado, donde estaba sentada Victoria Montenegro y dijo: “Somos el plan sistemático que niegan y que implicaba quedarse con los hijos de las víctimas”. Además, describió a Milei y a Villarruel como dos personas que quieren jugar al juego de la democracia. “Pero cuando se aburran se la van a llevar puesta”, alertó.
Para Montenegro –nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña–, se volvió necesaria una ley contra el negacionismo desde la llegada de Mauricio Macri al gobierno. Con el discurso del “curro de los derechos humanos”, se fueron corriendo los límites. “Hoy hay un candidato que reivindica la dictadura militar y una candidata a vicepresidenta que niega la historia de la Argentina”, afirmó. “Es cierto que el amor vence al odio, pero el amor –hoy– necesita una regulación urgente”, pidió.
Verónica Torras, en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), propuso que se contemple la ley de ética pública y las normas que regulan el funcionamiento de los partidos políticos para hacerle frente a las expresiones negacionistas en virtud de buscar una salida que sea la menos punitivista posible. “El negacionismo se enfrenta con más debate público”, señaló y pidió que la discusión no se circunscriba al movimiento de derechos humanos ni a los expertos únicamente.“No estamos acá para discutir cómo se penaliza sino cómo se protege una memoria democrática”, subrayó la directora de Memoria Abierta.
“No solo se niegan los crímenes de Estado, se los reivindica y se amenaza con volver a repetirlos. Se cuestiona a las víctimas; se cuestiona a los sobrevivientes que son los incómodos testigos de estos crímenes; se cuestiona a los familiares que han reclamado por años. Se pretende transformar a las víctimas en farsantes, a los testigos en mentirosos, a los sobrevivientes en falsificadores, e invertir los roles entre víctimas y victimarios”, caracterizó Torras.
Remo Carlotto –titular del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH)– destacó que la discusión sobre una ley para enfrentar el negacionismo llega en un momento oportuno. “Es algo que sucede en la región y nos están mirando para ver qué hacemos”, sostuvo.
La jornada terminó con Taty Almeida recordando a los 30.000 desaparecidos y con un pedido: “Por favor, demostremos en las urnas que no nos han vencido”.