La Federación de Inquilinos solicitó este lunes al Gobierno que prorrogue la vigencia de los contratos de alquiler que vencen en el corto plazo y que se suspendan los aumentos por seis meses, con el objetivo de “enfrentar la especulación y el golpe de mercado que están dando las inmobiliarias”. La entidad afirma que son las inmobiliarias las que retraen la oferta para forzar cambios en la ley de alquileres, mientras que otros analistas sostienen que es la retracción de la oferta de alquileres la que forzó al Congreso a buscar introducir cambios en la ley.
“Desde la Federación de Inquilinos Nacional hemos solicitado al presidente Alberto Fernández que prorrogue todos los contratos de alquiler para enfrentar la especulación y el golpe de mercado que están dando las inmobiliarias. También pedimos que suspenda los aumentos por 6 meses”, indicó en un comunicado.
La entidad señaló que “esta medida es exactamente la misma que se llevó adelante por decreto durante el aislamiento social y preventivo obligatorio durante la pandemia”, cuando el Gobierno dispuso el congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos.
Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, dijo que “las inmobiliarias están frenando todos los alquileres para forzar la modificación de la Ley de Alquileres”. “Frente a esta práctica mafiosa que es claramente un golpe de mercado, es urgente garantizar la vivienda de 10 millones de inquilinos e inquilinas”, agregó el dirigente.
Muñoz defiende la vigencia de la ley actual de alquileres que establece contratos por un período de 3 años y una actualización anual de los montos de esos contratos a través de Índice de Contratos de Locación (ICL) que publica todos los días el Banco Central, y contempla la variación de la inflación (según el Índice de Precios al Consumidor IPC del Indec) y los salarios, de acuerdo con la remuneración promedio de los trabajadores estables (RIPTE). El ICL acumula un aumento de 113 por ciento entre el 1 de septiembre de este año y el mismo período del año anterior, en línea con la inflación anual acumulada hasta julio, último dato disponible del Indec.
Los 3 años le otorgan mayor tranquilidad al inquilino y la actualización anual, en lugar del ajuste semestral que solía aplicarse antes de modo escalonado, también lo beneficia. Sin embargo, cuando esa actualización se efectiviza el aumento suele ser muy significativo porque da cuenta de la variación registrada por la inflación y los salarios durante todo un año. Situación que se complicó todavía más de la mano de la disparada de la inflación, aunque ese es un problema para cualquier sistema de ajuste que se implemente.
El mayor inconveniente que le generó la ley a los inquilinos es que muchos propietarios retiraron sus inmuebles del mercado desde que entró en vigencia la nueva ley. La menor oferta derivó en un mayor precio de las viviendas que sí están en alquiler. Entonces, si bien el contrato por 3 años supone una tranquilidad para el inquilino, cuando el mismo se vence el propietario busca actualizar en base al valor de mercado, que es el que se ha venido disparando.
Sólo en el último mes el número de inmuebles promocionados se redujo a menos de 450 viviendas, en lo que representa su nivel más bajo en décadas, según un informe de Reporte Inmobiliario. “Durante agosto en toda la ciudad de Buenos Aires, sólo se publicaron 136 departamentos de un ambiente, 226 de dos, 77 de tres y nada más que 9 de cuatro ambientes”, precisó el informe.
“A esta caída estrepitosa de la oferta, que ya era escasísima un año atrás, se suma una aceleración del incremento de su cotización inicial que alcanza, en el promedio general de los departamentos de todas las tipologías, el 208 por ciento interanual”, especificó la consultora.
A raíz de esta situación, la Cámara de Diputados dio media sanción el 23 de agosto a una reforma a la Ley de Alquileres que propone reducir a dos años la duración del contrato y permitir ajustes cada cuatro meses. El proyecto de reforma comenzó a ser analizado en el Senado, sin que hasta el momento exista consenso mayoritario para aprobar la iniciativa votada por la Cámara baja.