Las últimas jornadas del juicio oral y público por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel -ocurrido el 25 de noviembre de 2017 durante la incursión del grupo Albatros de la Prefectura Naval tras el desalojo de su comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi- trajeron la luz que no hubo durante la instrucción respecto de los peritajes. En su declaración testimonial, el perito balístico Roberto Nigris detalló que las vainas servidas de proyectiles 9 milímetros que se encontraron durante la inspección ocular estaban en un trayecto “de cien metros”, dato que para las querellas demuestra que existió una persecución por parte de los Albatros contra los miembros de la comunidad indígena. Esto contradice la versión de los prefectos, quienes aducen haber sido emboscados y atacados en la montaña. Quedó en evidencia que los dos peritajes balísticos posteriores buscaron “empantanar” la causa en beneficio de ellos, según declaró uno de los abogados querellantes, Mariano Przybyksky, director de Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
“Los cinco (prefectos imputados) dispararon, todos dispararon mucho, todos dispararon munición letal y todos dispararon con intención de matar a los que estaban escapando”, aseguró el abogado. A su criterio, los cinco imputados son caoautores del homicidio, más allá de quien sea el tirador del disparo mortal. Przybyksky recordó que también terminaron impactando sus balas a otros dos miembros de la comunidad, quienes resultaron con lesiones graves. “No los mataron de casualidad”.
Esta es la tercera semana consecutiva de audiencias con movilizaciones reclamando justicia por el joven mapuche.
Durante tres horas que duró su testimonial ante el Tribunal Oral Federal de General Roca, el perito Nigris explicó que en la inspección ocular realizada el 7 de diciembre de 2017 fueron encontradas 31 vainas de armas de fuego calibre 9 milímetros correspondientes a subfusiles MP5 y pistolas Beretta, todas provenientes de armas utilizadas por la fuerza de seguridad. Fue enfático al remarcar que no se hallaron vainas correspondientes a disparos de otras armas. Sin embargo, en las cartucheras secuestradas a los miembros del grupo Albatros el faltante de proyectiles era de 150.
Nigris había sido convocado un día después del asesinato de Nahuel, por el entonces juez subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, para presenciar la autopsia. En esa instancia fue extraído el proyectil del cuerpo sin vida del joven mapuche. El perito aseguró que el peritaje sobre la bala fue concretado “con una cadena de custodia asegurada y comprobable”. El resultado de ese estudio indicó que el disparo mortal provino de un subfusil MP5 identificado 05-C335508, que pertenecía al cabo Francisco Javier Pintos. Aquel primer peritaje balístico se realizó con la presencia de la licenciada en criminalística Karina Uribe y la perito querellante Silvia Bufalini.
La Prefectura decidió no enviar peritos a ese primer análisis balístico, lo cual le permitió luego cuestionar las conclusiones y pedir un segundo peritaje. El juez Villanueva accedió y se lo solicitó a la Gendarmería, dejando afuera a Nigris. “Me hubiese gustado estar para defender mi trabajo”, señaló el perito, y dijo que él entregó las armas y el proyectil a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al juzgado. “No encontraban el MP5 y me llamaron para ver si lo tenía yo. A mí me causó gracia”, recordó. Nigris no ocultó su malestar por el cuestionamiento a su labor durante la etapa de instrucción, y dijo que en su extensa trayectoria “nunca” había vivido una situación como la mencionada. A su criterio, el estudio balístico de Gendarmería “técnicamente” no cumplió con las exigencias mínimas que se requieren para determinar el vínculo entre un proyectil y un arma.
Ese segundo peritaje arrojó un resultado contrario al primero: el gabinete de Gendarmería no pudo confirmar que el proyectil extraído del cuerpo haya provenido del arma señalada. Tras la discordancia en los resultados de los peritajes, el juez ordenó un tercer estudio que hizo el Ministerio Público de Salta, que arrojó como resultado que el proyectil que mató a “Rafita” Nahuel había sido disparado por la pistola Beretta 05-P83332Z, que portaba el cabo Sergio Cavia.
También declaró el médico forense Leonardo Saccomanno, que el 26 de noviembre de 2017 realizó la autopsia de Nahuel. El profesional confirmó que el proyectil que acabó con la vida del joven ingresó por la zona posterior de la cadera y tuvo un recorrido ascendente, de izquierda a derecha, perforó el hueso ilíaco, como también el intestino, el hígado y un pulmón, para quedar alojado en la zona axilar derecha. Ese disparo provocó un shock hipovolémico y el deceso por la pérdida de unos cuatro litros de sangre. Saccomanno aseguró que por la trayectoria del proyectil el disparo se produjo “claramente” en posición de “huida” de la víctima.
Coincidencia
La licenciada en criminalística Silvia Bufalini declaró que “las pericias que se cotejan con el ojo humano, depende del ojo que lo vea. Acá miraron muchos ojos”. En el primer peritaje de enero de 2018, Negris, Uribe y Bufalini habían individualizado al tirador, al homicida, su arma, pero eso luego se puso en cuestión. “Estábamos todos de acuerdo en la coincidencia”, reafirmó la licenciada. Respecto de la cadena de custodia de ese proyectil, Bufalini dijo que “lo primero que se fijan los peritos es que la cadena de custodia esté como corresponde (…) Nosotros recibimos el proyectil con el sobre con las firmas y la cadena de custodia”.
“Según el peritaje de las armas, no hay tiradores ajenos a las fuerzas de seguridad”, fue una de las conclusiones a las que llegó la perito Bufalini, tras la pregunta del fiscal Rafael Velhis Ruiz, ya que todos los indicios balísticos 9 mm pertenecían a la Prefectura. No se encontraron más. Una lanza de confección artesanal fue hallada más arriba en la montaña, a 1200 metros de altura desde la entrada, allí donde no había indicios de disparos. “Se tomaron muestras y dio negativo. No tenía aspecto de (arma) ofensiva, sino más de tipo ritual”, dijo Bufalini. Para ella, la ubicación y distribución de las vainas servidas en el contexto del terreno y sus características indican que hubo un “desplazamiento” por parte de los tiradores.
Bufalini fue consultada por los test de residuos de pólvora, en este caso, por los que se les realizaron tanto a Nahuel como a Lautaro González y Fausto Jones Huala, quienes bajaron a la víctima de la montaña. Esas muestras en las manos de los tres habían arrojado resultados positivos, pero desde la querella la hipótesis es que hubo contaminación por transferencia de residuos de pólvora. Bufalini admitió esa posibilidad: “Si uno tiene restos metálicos puede transferir (por las manos) a otra persona, también puede ser por el ambiente, ropa y hasta superficies de un vehículo”.
Luego declararon cuatro peritos armeros que participaron en los tres peritajes realizados sobre el proyectil homicida en Río Negro, Buenos Aires (Gendarmería) y finalmente en Salta (Ministerio Público), todos con resultados distintos y divergencias en los procedimientos, que terminaron sembrando dudas sobre cuál fue el arma de la que salió el disparo mortal, es decir, quién fue el tirador. El testigo Martín Moreno, perito balístico de Gendarmería, dijo que “las diferencias pueden tener que ver con el entrenamiento de quien mira. (…) No hay una forma única de hacer el cotejo”. También declaró el perito Jorge Delgado, testigo de la defensa.
Para el martes 12 y miércoles 13 de septiembre se espera que terminen de declarar los testigos de la parte pericial. El martes será el turno de cuatro peritos balísticos que participaron del procedimiento en Salta y el miércoles hablarán quienes hicieron los peritajes químicos fulminantes.
Los imputados en la causa son cinco suboficiales de Prefectura Naval Argentina por homicidio agravado aquel 25 de noviembre de 2017, quienes participan de las audiencias vía Zoom desde sus lugares de origen: Sergio Guillermo Cavia, Juan Obregón, Sergio García, Carlos Sosa y Francisco Javier Pintos, pertenecientes al grupo de elite Albatros.