El gobierno de Alberto Fernández impulsó una reforma judicial y quedó trabada con media sanción en el Congreso. Hay un cargo vacante, el que ocupaba una mujer, en una Corte Suprema diminuta. El Procurador sigue siendo interino. El máximo tribunal cambió de prepo la composición del Consejo de la Magistratura al reimplantar una ley derogada y predomina la corporación judicial en sus bancas. Antes, la gestión de Mauricio Macri persiguió jueces y juezas para tener su “justicia” a medida, nombró magistrados federales a dedo y obturó la implementación en todo el país del sistema acusatorio aprobado en 2015, que prometía protagonismo para los fiscales, oralidad y agilidad. Antes aún, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había impulsado también una reforma integral del Poder Judicial que llevaba protagonismo a la ciudadanía, y la Corte la volteó. Logró, eso sí, ampliar derechos. Ninguna gestión promovió una política consistente para perseguir el crimen organizado (lo que incluye narcotráfico) ni una política criminal solvente para combatir el delito en general y dar seguridad a la población. Las recetas punitivistas nunca funcionaron.
Con este panorama, la gran pregunta ahora es: ¿Qué traen de nuevo los candidatos/as presidenciales en cuestiones que atañen al sistema judicial? ¿Y a la seguridad? Es poco, pero variado y en algunos casos hay propuestas opuestas entre las fuerzas políticas. Desde la derecha se repite el concepto de “despolitizar la Justicia”, sin mayores precisiones. Por ahora nadie habla de modificar la Corte, sí apuntan al Consejo. Unión por la Patria y la izquierda, con distintas ideas, quieren limar privilegios. UxP, por ejemplo, evalúa implementar la revalidación de los cargos de jueces y juezas cada cinco años. Todos alegan buena fe en mejorar el servicio. La Libertad Avanza amaga con políticas regresivas en derechos humanos, de las mujeres y disidencias. El peronismo y la izquierda, están en la vereda contraria.
Juntos por el Cambio
Patricia Bullrich pone el eje en el “orden” y en un viejo discurso “anticorrupción”. JxC tiende a hacer como si Mauricio Macri y otros de sus funcionarios jamás hubieran estado implicados en causas de corrupción o conflicto de intereses (“olvidan” el Correo, los Parques eólicos, la concesión de autopistas, sólo para empezar). Así, la candidata presidencial dice que promoverá una ley que prohíba la contratación de familiares y otras acciones para evitar favoritismo y nepotismo. Promete protección para funcionarios que quieran denunciar y una ventanilla para denuncias anónimas (mecanismos útil para armar escándalos antes de que se investigue algo). Quiere que los delitos de corrupción sean imprescriptibles. Condenados en segunda instancia, dice, no podrán ejercer cargos.
Bullrich es una de las que habla de “despolitizar” la “justicia”. Por eso reclama reformar el Consejo de la Magistratura, que elige y sanciona a jueces/zas. Si eso implica achicar el estamento político, que representa al pueblo, es la tarea que ya inició la Corte con un fallo que restituyó la composición de veinte miembros y puso al presidente del tribunal, Horacio Rosatti a cargo. Promete patrocinio gratuito a las víctimas y, en forma peyorativa, anuncia el fin del “zaffaronismo”: supone que las garantías y los derechos son un problema. Habla de agilizar los procesos judiciales y eliminar la burocracia, además de implementar el sistema acusatorio, asuntos que su fuerza política obstaculizó cuando ya eran ley. Vuelve con bajar la edad de imputabilidad. Para ella el problema central de “seguridad” es el narcotráfico. Para combatirlo postula sumar a las fuerzas armadas, más inteligencia e investigación criminal. Está preocupada por el “microtráfico”. Quiere más cárceles de máximo seguridad.
La Libertad Avanza
Javier Milei usa conceptos parecidos a los de Bullrich como “despolitizar la justicia”, “reequilibrar” el Consejo de la Magistratura, construir cárceles (en su caso, serían de gestión público-privada) y agrega, militarizarlas al menos un tiempo. Quiere extender las cámaras de identificación facial a todo el país –el sistema que la Ciudad habría usado para espiar, y sobre el que hay
una causa penal–. También dice que en la Corte promoverá ocupar la vacante un juez “apartidario” (lo mismo para el Procurador y todo cargo vacante) que defienda las ideas de Juan Bautista Alberdi. Es curioso: ya varios intelectuales le señalaron que las ideas de Alberdi sobre derechos colectivos, distribución equitativa entre provincias y conceptos cercanos a la justicia social están en las antípodas de lo que él postula. Milei no menciona la paridad de género en la justicia.
Postula suprimir los salarios de los presos/as, “estudiar” bajar la edad de imputabilidad. “Eliminar de la legislación penal cláusulas garantistas”. Su lema es “el que las hace las paga”. No se sabe si piensa en una política criminal en toda su complejidad. Cuando lo entrevistan surgen algunos ejemplos: si alguien protesta “y tira piedras” “los meto presos; si me rodean la Casa Rosada me van a tener que sacar muerto de ahí”. Señala que “priorizará” “la lucha contra el narcotráfico” y apuntará a las organizaciones. Quiere dar más facultades a la policía. Desregular el mercado de armas de fuego. También habla de agilizar los procesos penales con el sistema acusatorio.
Quiere reestructurar los sistemas de Defensa Nacional, Seguridad Interior y Inteligencia. Promoverá, dice, “una doctrina de Seguridad Nacional”. En nuestro país eso implicó la militarización de las instituciones y el apoyo de Estados Unidos a los regímenes dictatoriales de la región. La idea está en línea con toda las acciones y dichos de la candidata a vicepresidenta de LLA, Victoria Villarroel, quien apoya el terrorismo de Estado. Esto anuncia una regresión en las políticas de Memoria Verdad y Justicia por los crímenes dictatoriales. La eliminación del Ministerio de las Mujeres y la Educación Sexual Integral, también quitaran derechos, lo que se trasladaría a otras áreas.
Unión por la Patria
El equipo de Sergio Massa trabaja en ideas como la “relocalización de la justicia” para llevar juzgados, fiscalías y defensorías a lugares de alta conflictividad social. Haría falta una ley de “mapa judicial”, dicen sus asesores. El candidato quiere recuperar un concepto que aplicó León Arslanian en la provincia de Buenos Aires: debe haber un “instructor judicial”, un fiscal, en toda escena del crimen que conduzca los actos de la policía. La fiscalía de turno debe estar abierta 24 horas, con sus fiscales disponibles (en persona) y el expediente debe ser accesible. La capacitación judicial deberá tener perspectiva “de víctimas”, “de derechos humanos” y “de género”. A todo eso suma el objetivo de agilidad que agitan todos los candidatos/as.
Todavía no está definido que propondrá para la Corte, pero para las funciones del Consejo, analiza una idea que genera debate pero en la que podría avanzar: un sistema de evaluación (de idoneidad y psicológica) para jueces y jueza que los revalide en el cargo cada cinco años. La falta de capacitación podría ser un obstáculo en la continuidad en el cargo. Otra propuesta novedosa: la creación de una Agencia Nacional de Bien Restituido (con representantes de los tres poderes y organizaciones), de modo que los bienes decomisados en causas judiciales como las de narcotráfico (autos, inmuebles, otros bienes, campos) deje de administrarlos la Corte y se usen para uso social y preventivo. Habrá, para su disposición, una Agencia Reductora de Bienes.
Planea una revisión de la ley de estupefacientes (algo que han prometido varias administraciones y nadie hizo) para apuntar a las organizaciones en lugar de los consumidores. ¿Se animará a proponer despenalizar el consumo? Apuesta, además, a un cambio en la ley de portación de armas, que agrave la pena (hoy prevé de uno a cuatro años de cárcel) y se pueda detener al instante a quien lleva un arma o munición ilegal. Quiere aplicar un “modelo de seguridad inteligente”, que usó en su gestión en Tigre, con videovigilancia e inteligencia artificial, un centro de monitoreo en tiempo real y crear “policías de proximidad y una agencia nacional de fuerzas combinadas” que den respuestas a nivel nacional, provincial y local.
Frente de Izquierda
Su propuesta hace foco en la efectivización y derechos básicos como el acceso a la educación pública y gratuita y a la vivienda. También en la implementación de efectiva de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Myriam Bregman se plantea terminar con las “reformas reaccionarias del Código Penal y Procesal Penal”, anular la ley del arrepentido y la reforma que incorporó la figura del agente encubierto que relaciona con la persecución a organizaciones populares, “anular las causas contra luchadores obreros y populares”. Pide justicia para víctimas de la violencia institucional y otros casos impunes, entre los que menciona a Julio López, Santiago Maldonado, Lucas Verón, Facundo Astudillo Castro, Luis Espinoza. Propone igualar los jueces, legisladores y funcionarios ganen lo mismo que un obrero especializado o un docente. Que la elección de jueces y fiscales sea popular y con mandatos revocables. Eliminar todos los privilegios en el Poder Judicial. Implementación del Juicio por Jurados en todo el país.
Hacemos por nuestro país
Juan Schiaretti se propone un plan de prevención del delito con capacitación de las fuerzas de seguridad y más tecnología. Ocuparse de la respuesta a las víctimas, en especial las de barrios populares. Tiene en mente una política de desarme. Prevé la integración de “fuerzas de seguridad, Justicia, políticas sociales y reformas urbanísticas”. Que se cree un Consejo Federal para mejorar el servicio de justicia y se ponga en marcha el sistema acusatorio con reglas, plazos, objetivos y seguimientos (para poder fijar políticas), a lo que suma el juicio por jurados. Dice que teniendo en cuenta la diversificación del crimen organizado, que “ya no es solo el negocio de la droga, sino extorsiones, venta armas, sicariatos” hay que reformular la inteligencia criminal y en análisis económico del delito. Hacen falta, señala, herramientas tecnológicas para estas cuestiones, “el terrorismo y la ciberdelincuencia“.
La plataforma de Schiaretti muestra una preocupación puntual “por la integridad, derechos y oportunidades de las mujeres y diversidades“. Recuerda, según datos de la Corte, que en Argentina cada 35 horas hay una mujer víctima de femicidio. Dice que “la política debe asegurar que el sistema de protección estatal, las fuerzas de seguridad y la Justicia tengan como prioridad absoluta prevenir esas muertes, evitar la violencia de género, acompañar a las víctimas…”. Se propone abordar otro tema asociado: “La desigualdad de género implica una desigualdad de ingresos y calidad de empleo”.