Tres oficiales de la Policía bonaerense fueron condenados a prisión perpetua por las torturas seguidas de muerte de Michel Alberto Suárez, un joven de 20 años que usaba muletas para trasladarse y en diciembre de 2014 golpearon de manera “sistematizada” al ser aprehendido en la localidad de Quequén, en cuya comisaría se ahorcó con los cordones de sus zapatillas, informaron este miércoles fuentes judiciales.
El fallo por unanimidad del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Necochea recayó sobre Héctor Daniel Allamanla (36), Martín Germán Larrea (33) y Fernando Pérez Zenatti (43), quienes fueron inmediatamente detenidos ya que al juicio oral llegaron en libertad.
Además, los jueces Luciana Yrigoyen Testa, Aldo Rau y Carlos Herrera condenaron a la policía Yanina Paola Mohana (30) por el delito de “incumplimientos de los deberes de funcionario público”.
El TOC 1 coincidió con el fiscal Horacio Sirimarco y la abogada Rosario Fernández, representante de la familia de la víctima, quienes en su alegato solicitaron la pena máxima para los tres oficiales.
El hecho por el que fueron condenados
Según el fallo de 183 páginas -al que Télam tuvo acceso- el hecho ocurrió el 5 de diciembre de 2014, alrededor de las 23.40, cuando Pérez Zenatti, Larrea y un tercer policía aprehendieron a Suárez, conocido como “Noa”, tras un llamado por una rotura de vidrios en un local partidario.
“Al momento de su traslado, ingresó y en el interior del sector de locutorio de la Comisaría Segunda de Quequén, junto al efectivo policial Allamanla, quien se desempeñaba como Oficial de Servicio, en forma sistematizada y continuada, le propinaron golpes en distintos sectores del cuerpo al mencionado joven, manteniéndolo en soledad y en la oscuridad del calabozo, sin asistencia, negándole sus muletas, las que utilizaba para ejercer su movilidad”, acreditó el Tribunal.
Todo ello constituyó “un maltrato con sufrimientos físicos y psíquicos degradando y rompiendo la resistencia física y moral de la joven víctima, ocasionando con ese marco que se ahorcara con un trenzado de cordones de sus zapatillas y malla, produciéndose de esta manera su muerte”.
“Se encuentra demostrado que Michel Alberto Suárez fue víctima de una imposición dolosa por parte de Larrea, Pérez Zanetti y Allamanla de un grave sufrimiento físico y psíquico en el marco de una privación legal de la libertad”, sostuvo en su voto el juez Rou, al que adhirieron sus colegas.
Para el magistrado, “la aprehensión se realizó sin atender a los protocolos de actuación profesional inherentes a la condición de sus cargos, excediendo en especial las atribuciones sobre el uso de la fuerza mínima, al golpearlo y sujetarlo con violencia desproporcionada, máxime el número de policías intervinientes (tres y todos de joven condición) y la menguada salud de la víctima que tenía una pierna lesionada, desplazándose con muletas.
De acuerdo a los testimonios dados en el debate oral, “los oficiales Larrea y Pérez Zenatti con colaboración del oficial de servicio Allamanla, lo ingresan (a Suárez) y permanece de malas maneras en el ‘locutorio’, por entonces (hoy sigue igual salvo que tiene una mortecina luz) de mínimas dimensiones, carente de luz eléctrica y sin baño, con todo mobiliario consistente en un par de banquillos de cemento”.
Además, el juez Rou valoró el resultado de la autopsia que confirmó “las afirmaciones sobre reiteradas golpizas desde su ingreso a comisaría declaradas por las personas entonces detenidas según pudieron percibir con sus sentidos” y “la concreta existencia de ‘múltiples lesiones’ externas e internas que presentaba el cuerpo de la víctima”.
“Nunca se documentó ni escuchó decir a Allamanla, Larrea y Pérez Zenatti que previo a su muerte había evidencia de lesión alguna (salvo su pierna vendada)”, resaltó.
De esta manera, la situación descripta terminó “por conformar un grave cuadro de padecimiento psico-físico por el que Michel Suárez finalmente se determinó a ponerle trágico fin quitándose la vida, con uso de los cordones de sus zapatillas y el elástico de su malla, que de modo harto irresponsable se omitió retirarle, cuestión que cabe significarle consecuencias a la ayudante de guardia Mohana como fuera requerido por la acusación”.
“La funcionaria policial debió retirar las pertenencias del aprehendido que ingresaba a la celda y no lo hizo, según Reglamento de Detenidos de la Provincia de Buenos Aires”, aunque en su caso descartó el pedido de la fiscalía para que sea condenada por “homicidio culposo” y lo configuró como un “incumplimiento de los deberes”.
Debido a que existe un “peligro de fuga”, el TOC 1 necochense dispuso la inmediata detención de los tres policías (el único que no seguía en funciones era Allamanla), quienes serán trasladados a una unidad carcelaria.
Además, los jueces ordenaron que una fiscalía investigue a los efectivos Germán Herold y Guillermo Farías y al comisario Gastón Elía en relación a la aprehensión y muerte de “Noa”.