Un proyecto de ley que les otorga un año de gracia permite a las provincias que tienen deudas con la Nación y las compromete a llevar adelante reformas fiscales, financieras, económicas o administrativas, fue presentado este miércoles en el Senado por el legislador fueguino Pablo Blanco con el objetivo de zanjar el conflicto suscitado entre los gobiernos de Javier Milei y de Chubut.
El viernes pasado, el gobernador chubutense Ignacio Torres (PRO) denunció que la Nación comenzó a detraerle dinero de la coparticipación para honrar una deuda de casi 120 mil millones de pesos contraída por su antecesor, el peronista Mariano Arcioni, con la administración de Alberto Fernández.
Si bien el acuerdo al que llegaron Arcioni y Fernández, del que también participó el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, establecía esos parámetros de devolución, Torres se quejó porque desde el Poder Ejecutivo Nacional no le habilitaron una renegociación.
Según la iniciativa, las provincias deberán cumplir con la “reducción sustancial en términos reales del gasto público primario de sus administraciones a los efectos de acompañar el esfuerzo de saneamiento fiscal y ordenamiento macroeconómico llevado adelante por el Gobierno Nacional”
El proyecto que presentó este miércoles el radical de Tierra del Fuego Pablo Blanco prorroga por un año los vencimientos de capital e intereses de las deudas que las provincias y la ciudad de Buenos Aires mantienen con el Estado nacional en el marco del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial.
Por su parte, los distritos se comprometen a llevar adelante programas de reforma fiscal, financiera, económica o administrativa de los Estados provinciales, cuyo principal objetivo consista en la “consolidación de la Reforma del Sector Público Provincial, a través de mecanismos ágiles y flexibles que aseguren la implementación definitiva de las reformas básicas y el avance en la generación de programas de mejoramiento del gasto público y de desarrollo regional”.
Según la iniciativa, esas reformas deberán resultar en la “reducción sustancial en términos reales del gasto público primario de las administraciones de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de acompañar el esfuerzo de saneamiento fiscal y ordenamiento macroeconómico llevado adelante por el Gobierno Nacional”.
Por su parte, los distritos se comprometen a llevar adelante programas de reforma fiscal, financiera, económica o administrativa de los Estados provinciales, cuyo principal objetivo consista en la “consolidación de la Reforma del Sector Público Provincial, a través de mecanismos ágiles y flexibles
Asimismo, se establece que los Gobiernos provinciales, de la ciudad de Buenos Aires y de los municipios “podrán acceder a operaciones de endeudamiento provenientes de programas con financiamiento de Organismos Multilaterales de Crédito y de programas nacionales, siempre que el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal no informe incumplimiento de los principios y parámetros” de la ley.
Las operaciones de reestructuración y amortización de la deuda del presupuesto en ejecución no requerirán una autorización del Gobierno nacional.