Escuchamos a diario como se cuestiona el rol del Estado en la organización social y, fundamentalmente, su participación en la economía. Algunos proponen retirarlo de la gestión hasta de sus áreas más específicas, como salud, educación y seguridad, y plantean livianamente que no actúe en la economía, como si ello ocurriera en algún lugar del mundo.
Aun los países más liberales tienen una batería de leyes y reglamentaciones que regulan el funcionamiento de la economía en función de los intereses generales del país. Por supuesto, es necesario que exista racionalidad en el tamaño y la eficiencia del Estado, y quizás haya que replantearse algunos de sus mecanismos internos de funcionamiento, para que el esfuerzo impositivo de la sociedad sea utilizado de la mejor manera. Pero como nación soberana no podemos renunciar al control de las riquezas y las relaciones de intercambio económico y laboral.
Argentina es uno de los más grandes exportadores de alimentos del mundo, fundamentalmente granos y cereales que son exportados en su gran mayoría por 5 empresas. Todos sabemos que es mucho más negocio exportar con algún grado de elaboración, pero son esas empresas las responsables de buscar mercados para los productos elaborados, y hacer las inversiones para industrializarlas. Si eso no ocurre es porque esas empresas hacen lo que les resulta más rentable. Por tanto, es el Estado quien debe generar las condiciones para que convenga más industrializar que exportar a granel, por ejemplo, con un sistema de premios y castigos donde quienes más valor agreguen, paguen menos impuestos.
De la misma manera se debería actuar con todos los productos que actualmente se exportan sin valor agregado, como el litio, los barros de oro y otros minerales, el cuero etc. Sin un Estado que defienda los intereses generales, y se proponga la utilización de esos recursos para el desarrollo del país, por sobre los intereses sectoriales, estaríamos expuestos a la desintegración nacional.
En las décadas del ’70 y ’90 se implementó un experimento que consistía en que el Estado se desprendiera de todos los activos que a través de décadas habían sido desarrollados por todos los argentinos, para entregárselos al sector privado a precio vil, con la excusa de hacerlos más “eficientes”. Se nos explicó que el Estado no era necesario y que el mercado podía resolverlo todo. Al poco tiempo de implementado demostró su fracaso.
Fracasó en YPF, con la entrega de Somisa, en el transporte naval y ferroviario, con la eliminación de la Junta Nacional de Granos, en el servicio de saneamiento, cuando se entregó Obras Sanitarias de la Nación y con Aerolíneas Argentinas en manos de Iberia y con el Correo.
Los que hoy pretenden explicar los problemas económicos a partir de la injerencia del Estado, están apostando a la falta de memoria de los argentinos. Los que hemos conocido ese país tenemos la obligación de ejercer la memoria frente a las nuevas generaciones que se formaron en la actual decadencia, y no saben de la existencia de esa otra Argentina que sistemáticamente se extirpó de la memoria social.
No se trata solo de nostalgia por el pasado, se trata de saber con qué políticas se crece y se vive mejor, defender los recursos naturales y humanos de una nación es la base de su grandeza. Cuando eso se abandona, so pretexto que el mercado lo va a resolver, irremediablemente nos vamos a encontrar con un escenario como el actual o mucho peor.
* Presidente de la Cámara Industrial de Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA).