Una víctima de torturas del franquismo declaró este viernes ante un juez español por primera vez desde que finalizó la dictadura en 1975, tras lo cual mostró esperanza de que acabe la “impunidad y se haga justicia”.
Julio Pacheco Yepes testificó durante una hora ante una jueza en un tribunal en Madrid, el primero que admitió una querella de este tipo. Pese a los pedidos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hasta ahora la justicia española había rechazado todas las denuncias de víctimas de la dictadura franquista que tuvo lugar entre 1939 y 1975. El organismo alegó la prescripción de delitos y, sobre todo, la Ley de Amnistía de 1977, que perdonó los delitos de los opositores políticos y también de los agentes del orden público.
Al salir del tribunal madrileño, Pacheco Yepes y su esposa Rosa María García Alcón, quien declaró como testigo, recibieron aplausos y gritos de “reparación, verdad y justicia” de una treintena de personas que les mostraron su apoyo. “La primera vez que un juez te hace caso y te oye, significa que puede haber más (querellas admitidas) y que podemos obtener por fin justicia, yo tengo esa esperanza”, expresó el hombre de 67 años a los periodistas. Para todas las víctimas significa “empezar ya a romper el muro de silencio y de impunidad que tenemos con el franquismo”, agregó, visiblemente emocionado.
La denuncia
Miembro de una organización estudiantil antifranquista, Julio Pacheco Yepes tenía 19 años cuando fue arrestado por la policía secreta en agosto de 1975, apenas tres meses antes del fallecimiento de Franco. Fue llevado a la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol en el centro de Madrid, donde fue torturado durante días, según su testimonio, para luego ser encarcelado bajo acusación de terrorismo.
Pacheco Yepes presentó en febrero la querella contra sus cuatro presuntos torturadores, uno de ellos José Manuel Villarejo, figura implicada en numerosos escándalos relacionados con la élite económica y política, y condenado en junio pasado a 19 años de cárcel por espionaje. La jueza Ana María Iguácel aceptó la denuncia en mayo al constatar “la posible existencia de crímenes de lesa humanidad y torturas”. Ahora, la jueza debe tomar declaración a los acusados y entonces decidir si abre juicio o archiva el dosier.
El letrado de Pacheco, Jacinto Lara, subrayó que las respuestas del querellante y de la testigo “fueron muy claras, muy contundentes y muy convincentes”, con el relato de las torturas, y confió en que se impulse el proceso judicial. También consideró muy positivo que haya acudido una fiscal de Memoria Democrática, debido a que “la fiscalía todavía no se pronunció en esta causa”, afirmó.
La flamante Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática es una institución creada por la Ley de Memoria Democrática, una legislación insignia del gobierno del socialista Pedro Sánchez para resarcir a las víctimas del franquismo, aprobada en octubre de 2022.
El muro de la amnistía
Las organizaciones de víctimas del franquismo esperan que el caso de Pacheco Yepes signifique “un cambio de criterio definitivo” en la justicia, “tras 6 años de lucha en los juzgados españoles y 100 querellas presentadas” anteriormente sin ningún resultado, según señalaron en un reciente comunicado. Hasta ahora, la Ley de Amnistía de 1977 había sido un muro que no se podía derribar. Incluso el conocido juez Baltasar Garzón llegó a ser procesado, y finalmente absuelto, por intentar abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo amnistiados por la ley.
Para gran desesperación de las víctimas, algunos de sus supuestos torturadores murieron sin ser procesados, como el policía Juan Antonio González Pacheco, apodado “Billy el Niño”, fallecido en 2020. Una de las personas que presentó una querella contra él fue la esposa de Pacheco Yepes, quien fue detenida por igual en 1975, pero un tribunal no la admitió.
Ante los obstáculos judiciales en España, las asociaciones de víctimas recurrieron a Argentina, donde la magistrada María Servini invocó el principio de justicia universal para iniciar una investigación en 2010 todavía abierta, por genocidio y crímenes contra la humanidad durante la Guerra Civil entre 1936 y 1939 y la dictadura franquista. En 2014, la justicia española negó la extradición solicitada por Servini de una veintena de antiguos ministros, jueces y policías del régimen por presuntos crímenes de lesa humanidad.