El Plan Nacional de Ciencia y Tecnología se convirtió en ley y constituye un hito para la comunidad científica en Argentina. Diputados dio la media sanción que faltaba a un proyecto que plantea líneas estratégicas para un modelo de desarrollo y allana el camino para que el conocimiento, por fin, pueda convertirse en una política de Estado, con independencia de los intereses de los gobiernos de turno. Durante la sesión, los legisladores de la oposición –PRO y La Libertad Avanza– se levantaron para tratar de no dar quórum pero parte del radicalismo, empujado por el neurocientífico Facundo Manes, fue clave para que la ley se sancionara. Votada por unanimidad y a las seis de la mañana del miércoles, se aprobó la norma que había sido elaborada desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y que contó con el consenso y apoyo de diferentes actores.
“¡Histórico! Siendo las 6 de la mañana Diputados acaba de convertir en ley por unanimidad el Plan de Ciencia y Tecnología 2030. Por primera vez Argentina contará con un plan ampliamente consensuado que fija prioridades de desarrollo de ciencia y tecnología para la próxima década”, celebró el ministro, Daniel Filmus, en sus redes sociales, por la sanción de un proyecto que había sido discutido en más de 50 reuniones y presentado ante el Consejo Económico y Social (CES), la UIA, la CGT y la CTA, entre otros organismos. Es el resultado de un debate de dos años, protagonizado por universidades, instituciones científicas, entidades sindicales y empresas.
En diálogo con Página 12, Diego Hurtado, secretario de Planeamiento y Políticas del MinCyT, y uno de los principales promotores de la iniciativa, apunta en la misma línea que Filmus: “Es un hito contar con un plan de ciencia y tecnología por varios motivos. El más importante es que tener un plan por ley supone que no importa quién gobierne en Argentina, debería adoptarlo”. Y continúa: “Nuestro país vuelve a tener una agenda de mediano y largo plazo; nuestro modelo apunta a la producción y al trabajo digno con base en el conocimiento y discute de manera frontal con otro modelo, el opositor, que solo apunta a lo financiero, lo especulativo”.
Una hoja de ruta
La ley sancionada plantea cuáles son las líneas estratégicas que debería fortalecer el país a mediano plazo, con el objetivo de que Argentina pueda marchar rumbo a un modelo de desarrollo distinto. Un esquema que enfatice el conocimiento como impulsor del valor agregado para dejar el histórico rol de agroexportador al que se resignó la nación desde principios del siglo XX. Un contexto de sumisión económica y geopolítica, a la que, por caso, el candidato de La Libertad Avanza pretende regresar. Es paradójico que Milei desprecie la ciencia y al mismo tiempo estime a países como Israel o Estados Unidos, cuyos Estados destinan considerables porcentajes del PBI a su impulso.
El Plan 2030 tiene el objetivo de promover las agendas de investigación, desarrollo e innovación a tono con las políticas nacionales y busca dar respuesta a las demandas de conocimiento que emerjan a la lo largo y a lo ancho de la nación. Ubica a la biotecnología, la nanotecnología, la energía nuclear, la transición energética, la ciencia de datos y la industria del software como algunos de sus ejes fundamentales, y también aborda temas sociales como educación, seguridad, justicia y pobreza. En definitiva, que el conocimiento científico pueda ayudar a resolver necesidades de primer orden.
Asimismo, otro de los aspectos a destacar es el tono federal de la iniciativa. “Hay un gran logro que se vincula con las agendas provinciales. Cada jurisdicción pudo volcar las agendas de conocimiento para sintetizar los desarrollos necesarios en cada territorio”, expresa Hurtado. Y agrega: “El plan habla de ciencia, tecnología, trabajo y producción, lo cual me parece fundamental. Las pymes, por caso, necesitan de la ayuda del Estado, requieren instrumentos por intermedio de los cuales se pueda transferir valor”.
Ni de derecha ni de izquierda
Promovida desde el oficialismo, el Plan 2030 condensa una perspectiva que se diferencia de las posturas opositoras que esbozan los candidatos que competirán en las elecciones generales en 10 días. Por un lado, Javier Milei anunció que de llegar al Ejecutivo, privatizaría el Conicet y que reacomodaría el sistema CyT, porque “así no puede seguir funcionando”. Por otro, la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, no anticipa cuál es su posición en relación a la producción nacional de conocimientos, pero viene con el lastre del antecedente de Mauricio Macri que, durante 2015-2019, no solo desfinanció al sector, sino que también degradó el Ministerio a Secretaría.
El proyecto, promovido desde el MinCyT, había sido aprobado en el Senado en octubre de 2022 y la oposición (en especial, los legisladores del PRO) se negaba a discutirlo en la cámara baja, con el argumento de que el oficialismo “politizaba la ciencia” y que solo se trataba de una “discusión partidaria”. Precisamente, lo que se busca con esta ley es que el estímulo a la ciencia y a la tecnología no dependa de los humores políticos de turno. Y, en esta línea, reforzar una idea clave: impulsar la ciencia no puede depender de las intenciones de un gobierno de izquierda o de derecha.
En el último tiempo, sin embargo, la realidad marca una realidad innegable: mientras los gobiernos kirchneristas impulsaron la producción del conocimiento doméstico (se creó el Ministerio en 2007, se impulsó la articulación del sistema, se promovieron leyes para fortalecerlo, se aumentó el presupuesto), los opositores hicieron todo lo contrario. De hecho, si bien Argentina había tenido planes nacionales de CyT en 2010 y en 2020, no había ocurrido lo mismo con el 2030 porque el macrismo no se había encargado de su confección. Mientras que para algunos la ciencia es una inversión, para otros representa un gasto.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, Argentina sancionó cuatro normas de interés. La Ley de Financiamiento, en primer lugar, que planifica alcanzar una inversión del 1 por ciento del PBI hacia 2032, bajo la premisa de que un área estratégica no solo requiere de inversiones crecientes sino permanentes. Luego, la Ley de Economía del Conocimiento y la Ley de Bio y Nanotecnología, que apuntan a promover nuevas tecnologías, generar valor agregado, fomentar el empleo de calidad, facilitar el desarrollo de pymes y aumentar las exportaciones de las empresas que se dediquen a servicios basados en el conocimiento. Y ahora, esta nueva ley que marca el rumbo para la producción del conocimiento local de cara a los próximos años.