Los fiscales del juicio que se le sigue a cuatro hombres por el asesinato en 2020 de Eduardo Trasante, exconcejal de la ciudad santafesina de Rosario y padre de una de las víctimas del triple crimen de militantes sociales ocurrido el 1 de enero de 2012, pidieron este martes que se los condene a la pena de prisión perpetua, al considerar que fueron “partícipes necesarios” del hecho y diseñaron el plan para que dos sicarios aún desconocidos concretaran el homicidio.
Los cuatro hombres que llegaron a juicio que comenzó este martes en Rosario son Alejo Leiva, Facundo Sebastián López, Brian Nahuel Álvarez y Julio Rodríguez Granthon, este último un piloto civil de nacionalidad peruana condenado en dos causas por narcotráfico, actualmente preso en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.
Los imputados no estuvieron presentes en la sala de audiencias y escucharon desde sus lugares de detención a través de la plataforma Zoom el alegato de apertura de los fiscales Matías Edery y Gastón Ávila, quienes los acusaron de los delitos de “homicidio doblemente calificado por precio o promesa remuneratoria y en el concurso premeditado de dos o más personas, agravadas por el uso de arma de fuego en calidad de partícipes necesarios”.
Tal calificación fue cuestionada por las defensas de los imputados bajo el argumento de que en la investigación “no está acreditado quiénes y por qué” asesinaron al exconcejal.
“A lo largo del juicio vamos a probar que el asesinato fue un hecho en el que los cuatro acusados se prestaron a un plan que fue diseñado y pergeñado bajo una promesa remunerativa”, aseguró el fiscal Ávila en la apertura del alegato que se desarrolló en el Centro de Justicia Penal de Rosario ante los jueces Ismael Manfrin, Pablo Pinto y Paola Aguirre.
La hipótesis de los fiscales
El fiscal indicó que el plan fue “diseñado y ordenado por Julio Rodríguez Granthon, alias ‘El Peruano’ desde el Pabellón 9 de la cárcel de Piñero”, donde se hallaba detenido en el 2020, cuando se cometió el homicidio de Trasante, aunque en 2021 por otras causas vinculadas al narcotráfico fue trasladado a la cárcel federal de Marcos Paz.
Según la acusación expuesta por Ávila, el acusado Alejo Leiva es quien se ocupó de la logística y actuó de intermediario de Rodríguez Granthon para contactarse con los otros implicados y contratar a dos sicarios, aún no identificados, para asesinar a Trasante -que por ese entonces era pastor evangélico-, a cambio de una promesa remunerativa de 500 mil pesos.
Siempre según la teoría de los fiscales y que coincide con la de la querella a cargo de la abogada Gabriela Durruty, el rol de Brian Álvarez fue el de vender a Leiva un auto “robado” Peugeot 308 que fue en el que se trasladaron los sicarios para concretar el crimen de Trasante, y que luego hizo desaparecer el imputado Facundo López.
“El 14 de julio de 2020 a las 14.40 dos hombres golpearon la puerta de la vivienda de Trasante, los atendió una de las hijas menores y cuando la esposa de la víctima llegó a la puerta los hombres irrumpieron en el interior y bajo amenaza armada, atravesaron un pasillo que da un patio interior y la mujer llamó a su pareja”, relató el fiscal Ávila.
“Cuando, Trasante bajó por una escalera porque estaba en la planta alta, sin mediar palabra y adelante de su esposa e hijas, los hombres le pegaron un tiro que impactó en la mano derecha y un segundo tiro que impactó en el cráneo, razón por la cual el pastor, murió en el acto”, añadió Ávila al sostener que todo quedó grabado en las cámaras de seguridad de la casa que permitieron establecer que los homicidas permanecieron dentro de la vivienda durante seis minutos.
Posteriormente, los sicarios salieron caminando y abordaron el Peugeot 308 que habían dejando estacionado a una cuadra.
Ese vehículo fue posteriormente encontrado por la policía abandonado en otro barrio, alejado de donde había sucedido el crimen.
A su turno, los abogados defensores coincidieron en cuestionar la investigación de los fiscales y consideraron que “no se buscó llegar a la verdad”.
“En lugar de buscar la verdad, se disfrazó con falacias la investigación. Aquí no se sabe quién y por qué mataron a Trasante”, alegó Mariana Barbitta, defensora particular del narco Rodríguez Granthon.
Los argumentos en defensa de los imputados
“Nadie cuestiona cómo fueron los hechos, pero aquí no están los que cometieron el asesinato”, observó la defensora, al adelantar que pedirá la absolución de su defendido por “falacias en la investigación”, dijo.
Igual argumento sostuvieron a su turno los defensores de los otros imputados, los abogados Gonzalo Armas y Exequiel Torres, quienes aseguraron que probarán “que al momento del crimen ninguno participó de trama alguna para asesinar a nadie y que no se puso en marcha ninguna maquinaria delictiva”.
Esta previsto que el juicio se desarrolle durante 11 jornadas en el horario de 8.30 a 13 y de acuerdo a lo adelantado a Télam el tribunal dará a conocer el veredicto a partir del 15 de diciembre próximo.
Por el mismo pasarán unos 70 testigos, entre ellos la esposa del pastor que, según el fiscal, desde el crimen, ella y los hijos de la víctima son “testigos protegidos”.
La víctima
Eduardo Trasante ganó notoriedad pública tras el Año Nuevo de 2012 cuando uno de sus hijos, Jeremías, fue asesinado junto a otros dos chicos en el caso conocido como el triple de Villa Moreno y elevó el reclamo por pedido de justicia.
En 2014, otro de sus hijos, Jairo fue asesinado a la salida de un boliche bailable, tras una persecución originada en una pelea.
En diciembre de 2017 fue elegido concejal por el partido local Ciudad Futura, aunque un año después renunció a la banca tras haber sido denunciado penalmente por acoso.
Trasante tenía actividad pastoral en la cárceles de la región y en esa tarea, según supo contar a los medios locales, había conocido a los asesinos de su hijo, quienes cumplían sus respectivas condenas, y aseveró “que los había perdonado”.
