Desde Lima
La crisis política se ahonda. El desacreditado Congreso controlado por la ultraderecha y derecha que respaldan al gobierno de Dina Boluarte es escenario de sucesivos escándalos de corrupción, que tocan directamente a su presidente, Alejandro Soto. A pesar de graves denuncias en su contra por estafa, nepotismo, apropiarse de recursos públicos, impulsar una ley para beneficio propio, recortar el sueldo a los trabajadores de su despacho, entre otros cargos, la derecha lo sostiene en la presidencia del Congreso, a la que fue elegido por un año hace poco más de un mes. Soto, abogado de 63 años, no ha podido levantar las numerosas acusaciones en su contra, pero para sostenerse en el puesto se muestra confiado del respaldo de la mayoría de legisladores que forman el bloque de derecha que lo eligió.
El titular del Congreso, representante por la región andina de Cusco, fue procesado por estafa y falsedad. Los cargos en su contra eran sólidos, pero el 21 de julio pasado, días antes de ser elegido presidente del Congreso, se salvó de una condena -la fiscalía pedía ocho años y ocho meses de prisión- gracias a una ley dada dos meses antes, cuya aprobación en el Congreso impulsó el propio Soto. Esta ley redujo los plazos de prescripción de los delitos. Un tribunal del Cusco declaró prescrita la acusación en su contra en base a esa ley, conocida como “la ley Soto”. Fue denunciado por la empresa Waynapicchu, de la que fue asesor legal, de haberla estafado vendiéndole un terreno en 250 mil dólares, que meses antes había comprado en cinco mil dólares. Soto hizo esa venta a la empresa para la que trabajaba ocultando que él era el propietario del terreno, actuando simultáneamente como vendedor oculto y representante de la empresa compradora en esa transacción.
Otro cargo en su contra es haber contratado en su despacho a la hermana de la madre de su hijo de un año. Se ha defendido alegando que la persona que contrató no es su cuñada porque, dice ahora, la madre de su hijo “no es mi pareja, fue una relación fugaz”. También se le acusa de exigir a los trabajadores de su despacho que entreguen “cuotas voluntarias” con parte de sus sueldos para financiar campañas a su favor y utilizarlos para atacar por las redes sociales a otros congresistas por el Cusco. Soto lo niega, pero conversaciones y mensajes que han sido publicados revelan los aportes y las coordinaciones para esas campañas bajo la dirección del congresista que ahora dice no saber nada.
El titular del Congreso también es acusado de haber construido sin licencia en una zona monumental protegida del Cusco, donde hay andenes Incas, una casa de cuatro pisos, cuando lo máximo permitido son dos pisos. Soto tiene una larga historia de denuncias. Fue sentenciado por haberse apropiado de dinero púbico por haber cobrado por asistir a sesiones de la Municipalidad del distrito cusqueño de Santiago a las que no fue, cuando era regidor entre 1996 y 2002. Se le impuso una multa, que recién ha pagado hace unas semanas cuando el caso se hizo público. Ocultó esa deuda en la hoja de vida que todo congresista debe presentar.
Además de ejercer la abogacía, antes de ser congresista Soto conducía un programa de televisión en Cusco. Se ha denunciado que se cobraba a quienes eran entrevistados en su programa. Como candidato al Congreso, se entrevistó a sí mismo, en un burdo juego de edición en el que “los dos Soto” intercambiaban (auto)elogios.
Legisladores de izquierda están promoviendo la censura del presidente del Congreso, pero no tienen los votos necesarios. La Comisión de Ética del Legislativo, bajo la presión del escándalo, ha iniciado un proceso a Soto, en el que la sentencia máxima podría ser una suspensión por 120 días. Pero en esta comisión tienen mayoría los grupos que lo respaldan. El fujimorismo se ha colocado en primera fila para defender y sostener al presidente del Congreso.
El cuestionado Soto fue elegido presidente del Congreso para el período 2023 – 2024 por una coalición de derecha encabezada por el fujimorismo, a la que, a cambio de la segunda vicepresidencia en la mesa directiva, se sumó Perú Libre (PL), el partido de izquierda que llevó a Pedro Castillo a la presidencia. Una alianza conocida como “fujicerronismo”, en alusión a Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón, el secretario general de PL. Los acerca la intención de controlar el Poder Judicial y la Fiscalía para neutralizar los procesos por corrupción que ambos tienen, el respaldo a cuestionados negocios, como las universidades de baja calidad, y un conservadurismo antiderechos. Soto es legislador por el partido de derecha Alianza para el Progreso (APP), un aliado del fujimorismo, cuyo líder y excandidato presidencial, César Acuña, un empresario que se ha hecho millonario con las universidades de cuestionada calidad, ha sido acusado de plagiar su tesis y un libro.
La derecha que blinda a Soto y mantiene el control de la mesa directiva del Congreso -donde PL es un acompañante minoritario que le hace el juego a la derecha- viene impulsando una serie de acciones para controlar el sistema de justicia y los organismos electorales. Esto desde un Congreso que tiene un gran poder, y también un gran desprestigio. De acuerdo a una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la aprobación del Legislativo es de apenas 6 por ciento. Las denuncias contra su presidente suman a un desprestigio que se arrastra desde hace un tiempo.