Las protestas populares reaparecieron este sábado en Perú, esta vez en contra de los intentos del Legislativo de apoderarse de los aparatos judicial y electoral, lo que les daría el control sobre los nombramientos de jueces, fiscales y
miembros de los organismos electorales. La convocatoria fue realizada principalmente por organizaciones de la sociedad civil.
“La gente quiere jueces y fiscales que hagan justicia y organismos electorales autónomos. Está en juego la democracia y el equilibrio de poderes que nos permite vivir en paz y salir a movilizarnos como ahora. Estos tiempos podrían no pasar más si no reaccionamos como ciudadanía”, indicó la congresista del Partido Morado Flor Pablo Medina durante la manifestación protagonizada por el ruido de los bombos y los carteles que repudiaban al Legislativo.
El avance contra la democracia
Todo se desató cuando la derecha -encabezada por el fujimorismo- y aliados como el partido Perú Libre, que apoyó al expresidente Pedro Castillo en las elecciones, propusieron en el Legislativo que una comisión interna investigue sumariamente a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por incurrir en supuestas faltas graves. Según ellas, estas se relacionan con adelantos de opinión, filtración de documentos y mantenimiento en el cargo de una de las integrantes de la Junta pese a que supera los 75 años que fija la ley como edad máxima. El objetivo de la propuesta, aprobada por amplia mayoría, es eventualmente destituir a los
siete miembros de la JNJ para reemplazarlos por otros proclives a obedecer a los sectores políticos que controlan el Legislativo.
La JNJ es un ente que nombra, fiscaliza y de ser necesario
sanciona a jueces, fiscales y jefes de organismos electorales. En este sentido, la derecha y sus aliados podrían apartar a los fiscales vinculados al juicio que comienza en unos meses contra Keiko Fujimori, acusada por lavado de dinero, así como controlar de cerca el proceso electoral de 2026. También podrían proteger a la fiscal general investigada por la Junta, Patricia Benavides, investigada por presuntamente proteger a su hermana Emma Benavides, jueza acusada de vínculos con narcotraficantes y por el supuesto plagio de su tesis universitaria.
“Tenemos a la democracia en peligro y, por un lado, una especie de autoritarismo caótico por parte del Congreso y una actitud bastante débil, sin firmeza y complaciente del Ejecutivo que no pone contrapeso a estas iniciativas del Congreso que amenazan el orden democrático y la tranquilidad ciudadana”, expresó este sábado el expresidente peruano Francisco Sagasti, en una entrevista previa al comienzo de las protestas. “Estamos viendo un asalto que ahora ha culminado con este pedido de destitución de los miembros de la JNJ”, indicó Sagasti. Incluso comparó actitudes de algunos congresistas con lo sucedido en los años 90, cuando gobernaba Alberto Fujimori y momento en el que se dio “un intento similar de copar todas las instituciones”.
Para Sagasti, este “asalto” del Congreso habría iniciado años antes con otras acciones llevadas a cabo por el Legislativo que habrían ido en desmedro de las instituciones públicas. “Hemos visto otros asaltos: todo el tema de desvirtuar la cuestión de confianza que, como se dijo, el Congreso tendría que autodisolverse y la cuestión de confianza no tendría ningún impacto. También hemos visto la limitación del referéndum que el Congreso ha pasado y ahora no se podría pedir un referéndum”, declaró.
La investigación por las protestas
En paralelo a las movilizaciones en favor de la democracia, la Fiscalía de Perú citó a la presidenta, Dina Boluarte, y al primer ministro, Alberto Otárola, el 27 de septiembre para declarar en la investigación preliminar sobre la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad durante las protestas antigubernamentales que sacudieron el país de diciembre a marzo. En estas murieron 77 personas, 49 de las cuales fueron en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden desplegadas para reprimir a los manifestantes.
Boluarte ya acudió a la Fiscalía en el marco de esta investigación en dos ocasiones, pero la primera, el 7 de marzo, no llegó a declarar porque estaba pendiente de la resolución de una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que pidió que se le incluya en la investigación por la declaración del primer ministro Otárola. Finalmente fue el 6 de junio cuando declaró para responder durante unas tres horas ante el Ministerio Público.