Desde Lima
Con un dolor en el pecho y una descomposición Pedro Castillo fue llevado de emergencia en la mañana del viernes a un hospital desde el penal de Barbadillo, donde el expresidente está recluido desde diciembre de 2022. Ingresó al hospital de Ate, cercano al penal, minutos después de las diez de la mañana. Poco después de su ingreso, el centro médico informó que estaba “estable con evolución favorable” y que se le venían realizando exámenes médicos. Su abogado, Wilfredo Robles, señaló que Castillo tenía “síntomas de un preinfarto”.
En medio de la incertidumbre sobre su estado de salud, Castillo, fuertemente custodiado por la policía, abandonó el hospital en una ambulancia poco después de las cinco de la tarde. Fue llevado de regreso al penal luego de haber sido dado de alta. Antes que eso ocurra, su defensa legal, y congresistas y ministros de su gobierno que habían ido a verlo al hospital, exigieron que el expresidente sea llevado a un establecimiento médico especializado para ser sometido a exámenes, lo que no ocurrió. Simpatizantes de Castillo llegaron hasta el hospital a expresarle su respaldo. La falta de información que durante el día alimentó las dudas y especulaciones sobre la salud del expresidente exaltó los ánimos.
Denuncia
El abogado Robles denunció que el expresidente se sentía mal, con dolores de pecho, desde hace tres semanas, pero las autoridades penitenciarias habían ignorado su mal estado de salud. Robles fue al penal en la mañana del viernes para reunirse con Castillo. Relató que cuando el expresidente entró a la sala donde se debían reunir lo vio “con un andar cansino y con el rostro de malestar”. Castillo, según reveló su abogado, le dijo que se sentía mal desde hace tres semanas. “Se agarraba el brazo y me dijo que se encontraba mal”, contó Robles. El abogado precisó que esas dolencias se agravaron en la madrugada del viernes. “No pudo dormir, sentía una sensación de ahogo”. Robles denunció que tuvo que insistir ante las autoridades penitenciarias para que accedieron a que un médico examine al expresidente. El médico determinó que debía ser llevado a un centro médico. “Tenía síntomas de un preinfarto”, señaló el abogado. En el hospital se determinó una descompensación.
Castillo se encuentra en prisión desde el 7 de diciembre de 2022 luego que fracasara su intento de cerrar el Congreso. Acosado por un Congreso opositor, controlado por la derecha y ultraderecha, que buscaba derrocarlo, anunció la disolución del Parlamento sin estar facultado por la Constitución para hacerlo. Lo hizo con un mensaje televisado horas antes que se inicie en el Legislativo una sesión en la que se votaría su destitución alegando “incapacidad moral”, una ambigua figura que permite destituir a un presidente sin cargos específicos si se consiguen dos tercios de los votos del Congreso unicameral. Solo minutos después de ese mensaje quedó claro que Castillo no tenía ningún respaldo para disolver el Congreso, decisión denunciada como inconstitucional. Cuando el expresidente se dirigía con su esposa y sus dos hijos desde Palacio de Gobierno a la embajada de México, el todavía presidente fue detenido por su propia custodia policial. Desde entonces está en prisión. La fiscalía ha pedido 34 años de cárcel para Castillo por cargos de rebelión, abuso de autoridad y otros por el frustrado intento de cerrar el Congreso. Castillo también tiene abierta una investigación fiscal por corrupción. El expresidente está recluido con una prisión preventiva de 18 meses por el cargo de rebelión y una segunda detención preventiva de 36 meses por las acusaciones de corrupción.
Actos de tortura
Los abogados del expresidente han denunciado que su destitución y encarcelamiento son ilegales. Los abogados argentinos Eugenio Zaffaroni y Guido Croxatto han presentado demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Torturas de las Naciones Unidas denunciando el encarcelamiento de Castillo, la violación de sus derechos y “actos de tortura permanente” por el trato en prisión. En esas demandas se denuncia que a Castillo no se le permite comunicarse por teléfono con su esposa y sus dos hijos refugiados en México, lo que sus abogados califican como un “acto de tortura”. Esa incomunicación con su familia a la que está sometido Castillo contrasta con las facilidades que el exdictador Alberto Fujimori tuvo para recibir visitas y hablar por teléfono mientras estuvo detenido en ese mismo penal.
El penal Barbadillo en el que está recluido Castillo se encuentra en un cuartel policial en las afueras de Lima, en el que se ha acondicionado una cárcel exclusiva para expresidentes, inaugurada en 2007 por Fujimori. En este establecimiento penal los únicos reclusos son Castillo y Alejandro Toledo. Recluidos en ambientes diferentes, los expresidentes no tienen contacto entre ellos. Fujimori abandonó esta cárcel en diciembre pasado luego que se restituyera un indulto de 2017 que había sido anulado al ser declarado ilegal.
El congresista y jefe del primer gabinete ministerial de Castillo, Guido Bellido, responsabilizó a las autoridades penitenciarias y a la presidenta Dina Boluarte por la salud de Castillo.