El presidente en funciones del Gobierno de España, Pedro Sánchez, despliega por estos días toda su habilidad para llegar a ser investido antes del fin de noviembre, con el respaldo de todos los partidos progresistas y de los independentistas, no solo para retener el poder, sino también para intentar recomponer el proceso que se inició en 2008 con la confrontación entre el gobierno central y las comunidades autónomas, que puso en crisis a los partidos políticos mayoritarios y que “sigue sin cerrarse”, según estimaron analistas consultados por Télam.
A estas alturas, en España en general hay consenso en que el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tiene la habilidad y el pragmatismo necesarios para llegar a ser investido antes de que se cumpla el plazo constitucional, a fines de noviembre, pero nadie se anima a descartar que Sánchez no lo logre y haya que convocar a nuevas elecciones para el 14 de enero.
El que vería con buenos ojos el poco probable escenario de una nueva convocatoria a comicios es el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, que tras la frustración de su fallida investidura ve allí su única posibilidad de llegar a La Moncloa antes de que se lo fagocite la interna de su propia fuerza, donde cada vez pisa con más fuerza la alcaldesa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
“Este es un episodio más de la crisis estructural que comenzó en 2008, que puso en crisis las relaciones entre el Gobierno central y las autonomías regionales, y también a los partidos políticos, y que permanece abierta”, señaló Patricio Gómez Talavera, que es docente de la Universidad de Buenos Aires e investigador en política europea.
Esa crisis fue la que dinamitó el sistema bipartidista que acordaron en el posfranquismo el PSOE y el PP, que derivó en la aparición de fuerzas menores, Podemos y luego Sumar, por izquierda, y Vox, por la derecha extrema, y luego en el actual escenario de gobiernos de coaliciones.
El último 26 de septiembre, cuando el rey Felipe VI le encargó a Sánchez formar gobierno tras el fracaso de Feijóo en el debate de investidura, comenzó a correr el plazo constitucional de dos meses para que el líder socialista consiga los respaldos necesarios.
Con esa fecha límite, Sánchez y otros dirigentes del PSOE empezaron a negociar en múltiples direcciones, unas para sostener la disciplina interna y consolidar acuerdos vigentes, y otras para activar las negociaciones con los partidos independentistas gallegos, vascos y, sobre todo, catalanes, ya que estos últimos son los que tienen la llave de su investidura.
Para David Lerín Ibarra, politólogo doctorado y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, “aunque no lo va a tener fácil, finalmente Sánchez va a conseguir el respaldo de los independentistas catalanes, en parte porque ya están negociando la amnistía a los procesados por el proceso independentista de 2017, y porque hay sustento constitucional para ello”.
“El PSOE ha condicionado las negociaciones a que la Constitución ampare lo que se resuelva, y esto está saldado porque hay 22 sentencias del Tribunal Constitucional que avalan la amnistía y ninguna en contra”, agregó Lerín Ibarra.
Pero las negociaciones se complican y amenazan con estancarse por el referendo independentista que los separatistas reclaman como condición sine qua non para respaldar con sus votos la investidura del líder del PSOE.
Esto “es imposible bajo la perspectiva constitucional”, porque la carta magna de 1978 no contempla esa posibilidad, “pero creo que en algún punto se acercarán posiciones, porque uno puede pedir, pero a la hora de negociar algo tiene que ceder”, señaló Larín Ibarra.
En 2017, el gobierno de Carles Puigdemont, de Junts por Cataluña, impulsó y concretó un referendo independentista unilateral que aprobó la secesión y el gobierno central, en ese momento a cargo del conservador Mariano Rajoy (PP), intervino la región autonómica, encarceló a la cúpula independentista, menos a Puigdemont, que se autoexilió en Bélgica, y procesó hasta a los directores de escuela que abrieron sus establecimientos para ese comicio.
En este marco, el reclamo de los catalanes no tiene asidero constitucional, con lo que Sánchez está atado de manos. Pero además, el sólo hecho de que el referendo esté en la mesa de negociaciones ya generó críticas dentro del PSOE y ha logrado reunir en el rechazo a dos enemigos íntimos, como el expresidente Felipe González y su ex vicepresidente, Alfonso Guerra, e incluso a otros dirigente de la vieja guardia, que mantienen aún más influencia territorial que los viejos barones del socialismo.
“La vieja guardia del PSOE tiene portavoces más importantes que Felipe González, como el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Paje”, quien si fracasara la investidura tiene “capacidad de ofertarse como una alternativa a Sánchez”, aunque “es poco probable que los llamamientos de los históricos tengan efecto sobre la bancada de Diputados, que está alineada con Sánchez”, señaló el politólogo Gómez Talavera
De todos modos, “los incentivos que estamos viendo es que la negociación de Sánchez puede llegar a buen puerto, pero Puigdemont va a hacer pesar sus condiciones hasta llegar al límite el acuerdo, lo que va a derivar en un gobierno muy debilitado, con una legislatura más complicada que las 2020-2023“, agregó.
Que haya un nuevo llamado a elecciones para enero es abrir una caja de sorpresas, porque hay coincidencias en que la búsqueda de un “voto útil” por parte del electorado puede conspirar contra las fuerzas menores.
Para el bloque indepentista, un nuevo llamado a elecciones “es un mal negocio”, señaló Gómez Talavera, que dijo que no ve “en el ánimo de este grupo llegar a esa instancia; esto es una llave que va a usar Sánchez, pero de todos modos no va a conseguir una investidura low cost“.
En esa legislatura complicada a la que alude el especialista, el PP, como principal fuerza de oposición, acompañado por sus socios de Vox, van a ponerse en una postura muy dura. “El PP tiene mayoría en el Senado, pero como en España la relación es asimétrica, eso no le alcanzaría para impedir que salgan alguna leyes, aunque sí para retardarlas todo lo posible”, señaló por su parte Larín Ibarra.
En cualquier caso, el panorama indica que, como ocurre desde el inicio de la crisis, hace ya 15 años, España seguirá siendo un país dividido.
Al politólogo, de todas formas, le preocupa la convocatoria que hizo Vox para el 29 de octubre en la madrileña Plaza de Colón, a la que el PP ya dijo que no asistirá, y que se llama con la consigna de que Sánchez encabeza un “golpe” contra las instituciones.
“Con este lenguaje Vox pone en riesgo la gobernanza democrática y, a la vez, rompe un código básico de convivencia. La derecha radical europea es muy dura, pero acepta las reglas de juego, el problema es que Vox con este lenguaje pone que no acepta esas reglas y, aunque eso ahora es inimaginable, retoma un lenguaje que, por ejemplo, en el pos franquismo hubiera alentado planteos militares”, enfatizó el docente de la Universidad Complutense.