Las familias de la Casa Santa Cruz 140 realizan desde este lunes por la tarde una vigilia en contra del desalojo de ese edificio que la Justicia fijó para este martes por la mañana. Con un festival con actividades culturales y olla popular, la comunidad del edificio de Parque Patricios pasará la noche allí hasta la llegada de la Policía porteña para intentar evitar ser desplazados del lugar que habitan desde hace casi veinte años.
La orden de desalojo fue firmada por el juez Fernando Cesari, que fijó para este martes 31 de octubre la fecha del “lanzamiento” de las 107 familias con niños, niñas y adolescentes, que viven en la exfábrica recuperada por los vecinos y vecinas en el año 2004, cuando se encontraba abandonada tras la quiebra de la empresa textil que la operaba. Sin horario específico definido por el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°60, las familias comentaron a Página 12 que esperan que el operativo policial comience al amanecer del martes, cerca de las 7 de la mañana.
“No vamos a bajar los brazos ahora, no vamos a regalar nuestro derecho a un sector vil y especulador ni a una lógica de ciudad que nos expulsa por pobres. Así como construimos nuestras viviendas, nuestra cooperativa en un sueño colectivo, también construiremos la solución. ¡Vivienda sí, desalojo no!”, expresaron los vecinos y vecinas nucleados en la Cooperativa de Vivienda Papa Francisco. Desde las 18 de este lunes, las familias realizan un festival con vigilia en el edificio ubicado frente al Parque Florentino Ameghino. La semana pasada, la comunidad se movilizó al Obelisco para reclamar que se suspenda el desalojo.
En su resolución, en tanto, Cesari estableció que el “lanzamiento” tiene que ser “escalonado” de aquí a un mes, aunque no precisó detalles del procedimiento. Según pudo saber este diario, todas las presentaciones de las familias para evitar el desalojo fueron rechazadas por la Justicia. La comunidad informó además que Marisa Graham, defensora de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, también hizo una presentación en este sentido que hasta el momento no tuvo respuesta.
El pedido de desalojo lo encabeza la empresa que compró el edificio en 2010, en una subasta realizada seis años después de que las familias llegaran al lugar abandonado. Sin éxito, la comunidad intentó en esa ocasión adquirir el inmueble que ellas mismas rescataron del deterioro para hacerlo habitable. En paralelo a esa causa también tramita un amparo por el derecho a la vivienda presentado por la cooperativa, en el que la Justicia ya dictó diversas medidas cautelares que no fueron acatadas por el Gobierno porteño.