“Negar el cambio climático es una postura completamente antieconómica. Hoy la cuestión climática es decisiva para comerciar en el mundo. Es fundamental que el Estado siga acompañando a las empresas y al agro en su transición, para que sean más competitivos en mercados como la Unión Europea, donde se imponen barreras arancelarias por cuestiones como la deforestación”, sostiene la secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini.
La cuestión ambiental de a poco se fue colando por la ventana del debate electoral: mientras el candidato Sergio Massa propone ampliar las penas de prisión efectiva para los autores de delitos ambientales, el libertario Javier Milei dice que “el cambio climático es una mentira” y que los problemas de contaminación en definitiva se deben resolver en el ámbito del mercado, sin regulación estatal.
Además, negar el cambio climático es un desconocimiento total de las finanzas del Estado. El último año perdimos 21 mil millones de dólares por la sequía, el equivalente al 3 por ciento del PBI. Y al mismo tiempo, en 2022, aprobamos más de 2100 millones de dólares de financiamiento internacional para proyectos climáticos”, agrega Nicolini.
Este martes, el Gobierno publicó su “Estrategia Nacional para el Uso de los Mercados de Carbono (Enumec)”, para impulsar inversiones en el sector privado que permitan compensar las emisiones de gases de efecto invernadero. Entre otras medidas, apunta a crear un programa de apoyo financiero y de capacitación en la órbita de una nueva Oficina Nacional de Mercados de Carbono dependiente del Ministerio de Ambiente.
Compromisos
La idea de potenciar los mercados de carbono se relaciona con los compromisos internacionales en materia ambiental asumidos por la Argentina. En concreto, en noviembre de 2021, el país presentó ante Naciones Unidas la actualización de su meta de mitigación. Allí se comprometió a no exceder la emisión neta de 349 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) en el año 2030. Esta meta es un 27,7 por ciento más ambiciosa respecto de la primera, presentada en 2016. Para 2050, la Argentina debería alcanzar la neutralidad de carbono.
“Estos compromisos exigen grandes transformaciones, como reemplazar las fuentes de energía fósil por energías limpias, promover medios de transporte más sostenibles, como la bicicleta y los colectivos eléctricos, hacer más eficiente la producción agrícola-ganadera o promover la conservación y el uso sostenible de bosques nativos para frenar la deforestación“, explica Nicolini.
Si bien el camino hacia la descarbonización luce empinado para cualquier país, la Argentina enfrenta una larga crisis macroeconómica que restringe las necesarias inversiones. También hay grandes deudas en el capítulo del freno a la deforestación. Asimismo, el horizonte de producción en Vaca Muerta hizo que el Gobierno estableciera al gas natural como un “combustible de transición”, a partir de las menores emisiones de carbono que conlleva en relación a los combustibles líquidos y a pesar de las críticas que exigen al abandono paulatino de los combustibles fósiles.
Créditos de carbono
En los mercados de carbono se intercambian derechos o certificados de emisiones de gases efecto invernadero (GEI). El “inversor” adquiere un crédito que le permite contar como propias reducciones de emisiones de GEI que en realidad hizo otra empresa, que es la que recibe el dinero. Por ejemplo, una empresa argentina que realiza una mejora de eficiencia en el tratamiento de sus residuos le permite reducir sus emisiones de GEI y por ello vende un crédito a una multinacional que necesita mostrar resultados para acercarse al cumplimiento de su meta de reducir emisiones.
De acuerdo a datos oficiales, Argentina cuenta con 59 proyectos registrados de créditos de carbono, de los cuales 26 proyectos ya han emitido resultados de mitigación certificados o verificados. Los proyectos registrados se concentran en el sector de energía, principalmente de eólica, solar, hidroeléctrica y de biomasa, seguido por residuos, en donde se destacan los proyectos de rellenos sanitarios que contemplan la captura, quema o aprovechamiento de biogás. La provincia con mayor número de proyectos es Chubut, seguida por Buenos Aires y, en tercer lugar, San Juan.
De acuerdo al Gobierno, la idea de la estrategia de apoyo a los mercados de carbono es potenciar el desarrollo de proyectos de mitigación, mediante el apoyo financiero, la capacitación, acuerdos y programas específicos. Además, se propone la creación de una Oficina Nacional de Mercados de Carbono y la conformación de “un grupo consultivo ad-hoc de expertas y expertos para dar apoyo a la Oficina”.