Presos alojados en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, la más grande de Paraguay, se amotinaron este martes sin que aparecieran con claridad sus reclamos, y mantenían como rehenes a un grupo de agentes -incluido el director del establecimiento- y a una treintena de mujeres que estaba de visita en el lugar, aunque garantizaron que no se les haría daño.
Al caer la noche, grupos de cascos azules despejaron las puertas del penal, ubicado en Asunción, donde familiares de los reos hacían un cordón para evitar el ingreso de fuerzas de seguridad.
Sin embargo, más de 1.000 policías seguían este martes por la noche afectados al operativo de seguridad en el penal, informó el director general de Investigación Criminal de la Policía, comisario César Silguero, según el diario local La Nación.
El ministro del Interior, Enrique Riera, informó en conferencia de prensa que el gobierno activó una “mesa de crisis”, integrada por representantes de varios ministerios y otros organismos, y advirtió que la Ley de Seguridad Interna permite que las Fuerzas Armadas intervengan en casos como este.
Paralelamente, el diario El Nacional dijo este martes por la noche en la red social X, sin más detalles, que se reportaban “protestas de reclusos también en la cárcel de Emboscada“, una penitenciaría inaugurada el año pasado en el departamento Cordillera, aledaño al departamento Central en el que está ubicada Asunción.
Al mismo tiempo, eran contradictorios los reportes sobre la cantidad de personas mantenidas como rehenes por los reclusos.
Desde adentro, mientras muchos presos se dejaban ver en los techos, como muestra de que controlaban el penal, otros prendieron fuego colchones también con el objetivo de evitar la entrada de policías desde afuera.
“Más o menos hay 30 mujeres de visita y 10 compañeros que están de guardia, están adentro, no pueden salir; prácticamente es como estar de rehén, ellos no los tocan a los guardias, no van a tocar a las mujeres, es la palabra que tenemos de ellos”, reveló un policía que se identificó como José Espíndola, a modo de vocero.
Entre los retenidos estaba el director del penal, Adán González Álvarez, e inicialmente se reportaron otros 10 agentes y una treintena de mujeres como rehenes.
Luego se informó que dos agentes habían sido liberados, según el diario Última Hora, pero más tarde La Nación elevó a 20 la cantidad de guardiacárceles y funcionarios que supuestamente estaban cautivos junto a González Álvarez.
Medios locales atribuyeron la autoría del levantamiento al Clan Rotela, una organización criminal “de alcance nacional, que controla gran parte del tráfico de estupefacientes dentro y fuera de las prisiones”, según el sitio especializado Insight Crime.
Espíndola dijo que en un primer momento los reclusos pidieron hablar con la prensa, pero después cambiaron de parecer y exigían la presencia del ministro de Justicia, Ángel Barchini.
Desde el interior del penal se difundió un video en el que se ve a los guardiacárceles en una pieza, algunos incluso tomando mate.
El origen de la revuelta era poco claro: a primera hora, un grupo de reclusos anunció una conferencia de prensa, aparentemente para desmentir una denuncia del ministro Barchini sobre el supuesto asesinato, dentro del penal, de un policía acusado de un crimen.
Barchini había especulado con la chance de que el suboficial de la Policía Nacional Oliver Lezcano hubiera sido asesinado y descuartizado por miembros del Clan Rotela.
Los internos divulgaron entonces un video del uniformado, fugado de la cárcel y desde la clandestinidad, en el que afirmaba que está con vida.
El viceministro de Política Criminal, Rodrigo Nicora, finalmente admitió en declaraciones radiales que Lezcano se había escapado.
No estaba claro hasta esta noche cuales eran las pretensiones de los presos. En ese contexto, Barchini afirmó que “este es un tema que se resuelve en la Justicia” y remarcó que a su cartera y al Gobierno “no le van a manejar la agenda”.
“Estamos monitoreando y haciendo un seguimiento de todo lo que está ocurriendo. Obviamente con auxilio de la Fiscalía, los jueces. Esto es un tema que al final se resuelve en la Justicia y nosotros, como órgano custodio de las personas privadas de libertad, estamos trabajando en ese sentido”, señaló.
Explicó que se realiza un seguimiento “minuto a minuto” del motín y analizan con el servicio de inteligencia “cómo actuar para devolver la tranquilidad”.
“El descontrol que existe en la penitenciaría de Tacumbú, en un sector específicamente, manejado por clanes que están acostumbrados a hacer lo que quieren… Entiendan bien, comprendan bien: a este Ministerio de Justicia y a este Gobierno no le van a manejar la agenda”, advirtió.
El penal de Tacumbú está en un barrio de Asunción, aloja a cerca de 4.200 presos y es considerado uno de los penales más peligrosos del mundo.