Javier Milei le pidió al presidente Alberto Fernández que suspenda y revoque decisiones gubernamentales que el economista definió como “acciones contra el sistema democrático”. Lo hizo a través de una carta con forma de presentación judicial, dirigida al jefe de Estado y que ingresó por mesa de entradas a la Casa de Gobierno.
En la misiva, auspiciada por el letrado Diego Spagnuolo, el diputado y candidato presidencial afirma que se reserva el derecho de acudir a la justicia para iniciar acciones civiles y penales si no se cumple con su pedido. Le pide al mandatario que “se abstenga de desplegar cualquier conducta substance o bien dictar o ejecutar cualquier acto administrativo que pueda condicionar y/o dificultar la gestión de las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional que asumirán la conducción del país a partir del 10 de diciembre de 2023″.
El texto parece el de un presidente electo, y no el de un candidato, en busca de condicionar la acción de gobierno de los próximos dos meses y medio. “Le corresponde a usted asumir su cargo y permitirle a la sociedad argentina tener elecciones limpias y justas, sin que los recursos públicos actuales y futuros continúen siendo utilizados para la campaña electoral de su Ministro de Economía”, dice la carta, en la que advierte que “si, como es de esperar, continuara con su silencio y su inacción, será cómplice de una conducta que afecta al sistema democrático y pasible de las responsabilidades que ese proceder conlleve”.
En rigor, la carta denuncia “la grave e ilegítima actuación en la que ha incurrido el Estado Nacional” y pide a Fernández que actúe “en los términos de los artículos 14 de la Constitución Nacional y XXIV del de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre” para revocar una serie de actos de gobierno.
El economista se manifesta en contra de resoluciones de la Secretaria de Energía, del Conicet, de la jefatura de Gabinete, el Enre, el Enacom, el Registro Nacional de las Personas “y/o todo otro acto que tenga por objeto o efecto comprometer los recursos del Estado Nacional más allá de la fecha en que finaliza su mandato y que adolezcan de los graves vicio”.
“El 10 de diciembre de 2023 asumirán las nuevas autoridades elegidas por el voto popular en las elecciones que se desarrollarán el 22 de octubre de 2023″, dice la carta, descontando la posibilidad de un ballotage. “Se trata de un momento gravitante en la vida de una Nación. No solamente por el significado republicano y democrático de toda jornada electoral, sino especialmente, por el impacto que puede tener en el rumbo de un país la elección un determinado programa de gobierno. Numerosos fueron (y siguen siendo) los actos administrativos (irrazonables e ilegítimos) dictados por la administración pública tanto centralizada como descentralizada que comprometen el presupuesto futuro, condicionan la actuación de los gobernantes futuros y perjudican, en definitiva, el progreso de los argentinos”, añade.
Milei cuestiona las resoluciones que permiten iniciar el proceso para cubrir más de 450 cargos en los Ministerios de Seguridad y de Obras Públicas, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación más la resolución para convocar la designación de autoridades del Enre.
También critica una resolución de Conicet que convoca a la incorporación de 180 investigadores y resoluciones de Enacom para comenzar el Proceso de Revisión Tarifaria Integral.
“No existe ningún argumento lógico valedero que, de buena fe, permita justificar la razonabilidad y proporcionalidad de la decisión de incorporar centenares de empleados públicos a perpetuidad que gozarán de salarios privilegiados en comparación con la calamitosa situación que atraviesa la mayoría de los trabajadores argentinos, máxime cuando dichos puestos no tendrán productividad alguna”, señala la carta en otro pasaje.