Los jueces apartados de la causa por el Memorandum con Irán por decisión de la Cámara Federal de Casación al revocar sobreseimientos y ordenar que se haga el juicio oral, pidieron que sea sorteado un nuevo Tribunal para llevar adelante ese futuro debate.
Se trata de los integrantes del Tribunal Oral Federal número 8 Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini, apartados de la causa el 18 de septiembre último, por orden del máximo tribunal penal federal del país en la misma sentencia en que revocó sobreseimientos y ordenó realizar el juicio oral, informaron a Télam fuentes judiciales.
En el escrito firmado por la jueza López Iñiguez se planteó que el Tribunal carece de recursos para que personal propio se ocupe de preparar un debate que será llevado adelante por otros magistrados y no por quienes son sus titulares.
La decisión de revocar los sobreseimientos tomada por Casación será apelada por la defensa de los imputados, entre ellos la de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quienes presentarán un recurso extraordinario para llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El TOF8 sobreseyó el 7 de octubre de 2021 por inexistencia de delito a todos los acusados, entre ellos a la ex Presidenta, y esa decisión fue revocada el 18 de septiembre pasado por la sala I de Casación que ordenó realizar el debate oral y apartó de manera “definitiva” a los tres magistrados que firmaron ese fallo.
En un oficio enviado a la secretaria general de Casación, la jueza López Iñiguez pidió evaluar la posibilidad de sortear un nuevo Tribunal “considerando que en la actualidad ninguna/o de las/los tres magistradas/os titulares de este Tribunal Oral intervenimos en las presentes actuaciones”.
La magistrada evaluó que “frente a lo recientemente resuelto por la sala I de la CFCP, en un contexto en el que nos encontramos apartados el TOCF8 en pleno y la delicada situación en la que nos colocaría que la causa continúe bajo nuestra órbita, sin personal que, por su trabajo antecedente, se encuentre en condiciones de conocimiento del trámite, y en un marco apremiante de escasez de recursos humanos en comparación con otros tribunales para que continúe interviniendo en las presentes actuaciones”
“Considero que la decisión más adecuada a las condiciones institucionales imperantes, a efectos, además, de aventar futuros planteos referidos a la custodia del acervo probatorio y su confidencialidad, y las necesidades procesales del caso es remitir” las actuaciones a la secretaría general de Casación y “solicitar” que se considere el sorteo de otro Tribunal, concluyó la jueza.