Mauricio Macri defendió a su
exoperador Fabián “Pepín” Rodríguez, quien se encuentra en
prófugo de la Justicia argentina en Uruguay hace más de 1.050 días,
luego de que esta semana la Corte Suprema de Justicia del país
vecino desestimara un último recurso interpuesto por su defensa para
evitar ser extraditado a Buenos Aires, donde es investigado por en
una causa por extorsión y la persecución a los empresarios
Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo.
“No seguí el proceso judicial de
Pepín”, se atajó Macri en una primera instancia, aunque luego
defendió el accionar su exoperador judicial, que según investiga la
jueza federal María Servini es el presunto responsable de la
persecución, hostigamiento y ahogo financiero a las empresas del
Grupo Indalo. “Cristóbal López y De Sousa tuvieron un plan, no
fueron perseguidos por mi gobierno”, aseguró el expresidente.
De todos modos, Macri advirtió que
Rodríguez Simón tendrá que volver al país y “explicar todas las
causas”. “Imagino que tendrá que volver y sentarse en la
Justicia y explicar. El tema de fondo es increíble, acá no creo que
nadie haya sido perseguido por mi gobierno”, insistió el
expresidente, a pesar de que esta semana la Justicia ratificó la absolución a los empresarios De Sousa y López. Además defendió el accionar de la AFIP durante su
gestión, de donde surgieron las acusaciones y persecución a los
empresarios dueños de OIL Combustibles y el canal
C5N.
Esta semana la Cámara Federal de Casación Penal ratificó las absoluciones de los empresarios López y De Sousa en la causa en la que habían sido investigados por supuesta defraudación al Estado en el otorgamiento de planes para el pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) a la petrolera Oil Combustibles.
En el mismo fallo, los jueces de la Sala I de Casación ordenaron al tribunal que llevó adelante el juicio oral recalcular la pena de 4 años y ocho meses de prisión que había sido impuesta a Ricardo Echegaray, extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Pepín Rodríguez Simón, el prófugo macrista de lujo
La causa por la que Pepín Rodríguez
Simón se encuentra prófugo de la Justicia desde hace 1.058 días
investiga la “presunta existencia de actos llevados a cabo por
funcionarios públicos desde las altas esferas del Poder Ejecutivo
Nacional o a instancias de aquellos que mediante hostigamiento y
ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo habría
importado casos de corrupción”.
Esta semana, el exoperador judicial
agotó recursos para evitar ser extraditado a la Argentina, luego de
que la Corte Suprema de Justicia uruguaya le rechazara un nuevo
recurso interpuesto por su defensa. Ahora, se debe resolver si se
avanza con el proceso de extradición, en una causa a cargo del juez
en lo penal Especializado en Crimen Organizado del país vecino,
Fernando Islas Preyones.
Según la presentación de Rodríguez
Simón, había nuevos hechos que justificaban la solicitud de
“refugiado político”, una condición que ya le fue rechazada en
otras ocasiones. Para la Corte vecina, “los mismos no son más que
una reiteración de la ya alegada persecución en su contra”. “Que
previva la ‘persecución’ – señala el fallo – no modifica en
forma alguna el supuesto de hecho ya hecho valer ante los
tribunales”.
Quién es Pepín Rodríguez Simón
Rodríguez Simón fue durante años una pieza clave en la arquitectura judicial del macrismo y se encuentra prófugo desde el 8 de diciembre de 2020, incluso a pesar de que recibe asiduamente las visitas de su familia y amigos, tal como reveló Página/12 casi un año atrás, cuando cumplió dos años prófugo.
Fue
uno de los directores de YPF durante la gestión de Macri y tuvo un
rol fundamental en la defensa del Grupo Clarín en
la disputa por la Ley de Medios.
En
la causa donde está imputado se
investigan acciones de hostigamiento y ahogo financiero dirigidas al
Grupo Indalo desde 2015. Esas presiones fueron denunciadas
por sus dueños, quienes fueron encarcelados precisamente durante el
gobierno de Macri.
“Pepín”
está señalado como quien
les anunció, en medio de un reclamo sobre el negocio del juego, que
si no cedían ante las presiones, “la guerra del gobierno”
contra ellos “había comenzado”.
Se
investigan también, la quita de la concesión de la autopista
Ezeiza-Cañuelas, la exigencia para transferir empresas a otro grupo
empresario, y disposiciones de la AFIP tendientes a causar un
perjuicio al grupo, como la prohibición para Oil Combustibles de
acogerse a una moratoria.
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