Mientras la tropa oficialista recorre los último kilómetros de campaña antes de que empiece la veda, la comisión de Juicio Político dio el penúltimo paso antes de cerrar, finalmente, la investigación a la Corte Suprema. Es decir: notificó a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda de los cargos que pesan sobre su cabeza por mal desempeño, arbitrariedad y abuso de poder. A partir de hoy, los cuatro supremos tendrán 10 días hábiles para hacer su descargo. Después de ese plazo, y ya sobre la recta final de la actual composición de la Cámara de Diputados, el Frente de Todos presentará las acusaciones formales, las dictaminará y las dejará listas –cual “arma cargada”, como describe un diputado kirchnerista– para ser tratadas en el recinto cuando los tiempos parlamentarios sean más propicios.
Fueron nueves meses de investigación, 23 reuniones de comisión, 65 testigos y casi mil hojas de prueba documental y testimonial. No hubo comisión en el Congreso que trabajara tanto como la de Juicio Político, que comenzó con su investigación en enero, a pedido de Alberto Fernández luego de que se filtraran los chats entre el vocero de Horacio Rosatti, Silvio Robles, y el exministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. El proceso arribó ya a su etapa final y, en total, son cuatro las causales por las cuales se busca destituir a los cuatro jueces de la Corte: el fallo del 2×1 a los genocidas, la cautelar de coparticipación que benefició al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el fallo de inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura y, finalmente, las irregularidades detectadas en la Obra Social del Poder Judicial. Los cargos son distintos para cada cortesano.
El más afectado –más por el peso de la prueba que por la cantidad de cargos– es Juan Carlos Maqueda, identificado como el principal responsable de la falta de control de la obra social del Poder Judicial. En tanto supervisor de la prestación entre 2008 y 2021, Maqueda es acusado por la irregularidad de las compras y contrataciones, la vulnerabilidad del sistema informático, la inexistencia de un presupuesto (ni uno solo en 13 años) y la falta de un control efectivo sobre la obra social. El magistrado, sin embargo, ya había sido notificado de estos cargos hace unas semanas, cuando finalizó la investigación. Maqueda se negó, entonces a hacer descargo alguno, por lo que los cargos no presentarán modificación alguna cuando se presente el dictamen de acusación en su contra.
Quedaban pendientes, en cambio, las causales de coparticipación, Consejo de la Magistratura y 2×1 a genocidas. Los cuatro cortesanos recibieron las notificaciones de estas causas ayer y ahora tienen hasta el 2 de octubre para presentar un descargo escrito o, si así lo prefieren, aceptar la citación a declarar en la comisión el 7 de noviembre. Nadie en el FdT tiene muchas expectativas de que hagan ni lo uno ni lo otro. Los más afectados son Rosatti y Rosenkrantz, quienes arrastran cargos en las tres causales (fundamentalmente Rosatti, quien suma acusaciones en particular por el vínculo de su vocero Robles con el gobierno porteño). Lorenzetti, en cambio, fue el que salió mejor parado.
Juntos por el Cambio se preparará, mientras tanto, para presentar su dictamen en minoría. Firme defensor de la Corte Suprema durante toda la investigación, les diputades cambiemitas han acusado de ilegítimo todo el proceso y, finalmente, terminaron pidiendo la nulidad de las audiencias. El pedido de nulidad presentado el miércoles, sin embargo, fue solo firmado por les diputades del PRO y la UCR. La Coalición Cívica, que venía de impulsar su propio juicio político contra Lorenzetti, volvió a diferenciarse de sus compañeros de interbloque y no firmó el pedido.
Los cargos
Una de las primeras causales que se comenzó a investigar fue la del 2×1 a los genocidas, a raíz del fallo de la Corte de 2017 que buscó beneficiar al represor del Hospital Posadas, Luis Muiña. El FdT denuncia que existió una negociación entre Rosenkrantz y el gobierno de Mauricio Macri para conseguir el voto de la exjueza Elena Highton para hacerse de una mayoría que le permitiera conmutar las penas de represores detenidos por lesa humanidad. Los cargos contra Rosenkrantz son por haber promovido acciones “dilatorias” en la causa Schiffrin –referida a la edad jubilatoria de los jueces– con el objetivo de “ejercer una injerencia indebida” sobre Highton. A su vez, se lo acusa a él y a Rosatti por haber “quebrado el compromiso democrático” con el fallo Muiña.
Coparticipación porteña, mientras tanto, es la única causal que presenta cargos para los cuatro jueces supremos. Esta causa refiere a la acordada que benefició al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta aumentándole los fondos coparticipables de 2,3 a 2,95 puntos. El FdT acusa a Rosatti, Lorenzetti, Maqueda y Rosenkrantz de: “violar el orden jurídico vigente”; resolver a través de una medida cautelar una cuestión de fondo; arrogarse facultades legislativas; y dictar una acordada “arbitraria” con el objetivo de beneficiar a Larreta. En el caso puntual de Rosatti, se lo acusa de no haberse excusado en la causa para evitar “sospecha de imparcialidad” debido al vínculo entre Robles y D’Alessandro.
Finalmente está la causal de Consejo de la Magistratura que apunta contra Rosatti y Rosenkrantz, a quienes acusa de: apropiarse de funciones que la reforma constitucional le había quitado; haber otorgado un plazo de “imposible cumplimiento” – 120 días – para sancionar una nueva norma; inmiscuirse en las facultades del Congreso; favorecer a Juntos por el Cambio en la composición del Consejo; entre otros. Se lo acusa, además, a Rosatti por haber intervenido en una sentencia que lo beneficiaba personalmente (ya que lo ubicaba como presidente del Consejo).