Un grupo de organismos de derechos humanos encabezado por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo le solicitó al Tribunal Oral Federal 5 porteño que revea su decisión de impedirle al medio comunitario La Retaguardia la transmisión del juicio al contraalmirante retirado Horacio Luis Ferrari por delitos de lesa humanidad en la ESMA. En línea con los argumentos del Ministerio Público Fiscal y de las querellas, que fueron rechazados por lxs juecxs Sabrina Namer, Fernando Machado Pelloni y Enrique Méndez Signorini, destacaron que pretender que se garantiza la publicidad del juicio con “una cámara fija” del Centro de Información Judicial (CIJ) constituye “una falacia, porque esa decisión lleva implícito qué se muestra y cómo”, y recordaron que hubo ya dos casos en los cuales sobrevivientes pudieron identificar a sus captores y torturadores gracias a las transmisiones de La Retaguardia. “Queremos información para muchos y no para unos pocos; queremos accesibilidad audiovisual en el contacto con la historia que ustedes mismos están construyendo. Creemos que Democracia es más, no menos”, explicaron.
El TOF-5 tiene un largo historial de cuestionamientos por no garantizar la publicidad de los juicios de lesa humanidad, que se remonta a los primeros procesos tras la reapertura de las causas, cuando ni siquiera permitía a los fotógrafos retratar a los imputados. El último capítulo de esa zaga oscurantista ocurrió la semana pasada, cuando le quitaron a La Retaguardia –que ya retransmitió 12 juicios en todo el país y hace lo propio con 10 por estos días– el permiso que los propios jueces le habían otorgado para retransmitir las audiencias del proceso que tiene como imputado a Ferrari, alias “Pantera” o “Diego” en sus viejos buenos tiempos de la ESMA.
Tal como informó Página/12, los jueces accedieron al pedido del obstinado defensor de genocidas Guillermo Fanego para que los periodistas de La Retaguardia no sólo no puedan captar imágenes en la sala de audiencias sino para que se les impida además el acceso a la sala Zoom con las tomas de los debates, de modo que no puedan mostrar las imágenes que capturan las cámaras (ajenas) con un criterio periodístico.
El argumento invocado por los magistrados es que la transmisión del CIJ (el ignoto canal de la Corte Suprema de Justicia) más la posibilidad de entrar a la sala de audiencias (que se había limitado durante la pandemia) garantizarían la publicidad del debate. Lo que omite ese razonamiento es, por un lado, que los reporteros gráficos no pueden entrar con cámaras filmadoras a la sala y, por otro, que la transmisión oficial carece del más elemental criterio periodístico. Esa limitación de los operadores judiciales implica, por ejemplo, que mientras el CIJ muestra una pantalla divida con 15 o 20 rostros, entre los cuales sólo un egiptólogo podría descubrir quiénes son los acusados, un medio periodístico con criterio ídem prioriza la imagen de los imputados y sus reacciones al escuchar los relatos de sus atrocidades. Las transmisiones de La Retaguardia, al servicio del proceso de Memoria, Verdad y Justicia y sin violar ninguna garantía, permitieron ya la identificación de dos represores por parte de sobrevivientes.
El pedido de los organismos invoca varias razones que “derivan de un mismo valor: el respeto por la Democracia como herramienta de construcción, garantía de derechos y de convivencia en la diversidad”. La larga historia de logros que incluye no sólo juicios con plenas garantías sino también avances científicos y reparaciones de todo tipo tuvo su último capítulo con el reconocimiento internacional del Museo Sitio ESMA como Patrimonio de la Humanidad, que “implica que hay una Verdad aceptada y reconocida, y es la existencia de centros clandestinos de tortura y exterminio, la existencia de las desapariciones como metodología, el dolor y la muerte con su enorme daño”. El reciente reconocimiento “es uno de los jalones civilizatorios más fuertes que hemos conseguido mientras luchamos por el Nunca Más y es justamente sobre este campo de exterminio que trata la causa en la que ustedes ahora han decidido revocar la autorización de transmisión de La Retaguardia”, destaca el escrito que firman también Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la APDH La Matanza.
Frente la pretensión de los jueces de que la transmisión del CIJ garantizaría la publicidad, responden que la existencia de ese recurso es “tan cierta como que la gente en general no lo utiliza, no lo siente suyo, y esto es un punto a considerar que advertimos que la defensa si lo tiene claro. Pretender que se garantizan derechos y neutralidad porque una cámara quede fija es una falacia, porque esa decisión lleva implícito qué se muestra y cómo”, argumenta el escrito de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz.
“La Retaguardia busca de manera consciente, clara y explícita qué quiere comunicar y a través de qué voces, respetando opiniones de protagonistas” y articulando con medios de todo el país. “Todo lo transmitido queda en su página, con lo cual se constituyó en un importantísimo archivo de fácil acceso para la ciudadanía en general, pero también para uso escolar o de investigación”, destacan. Recuerdan las dos identificaciones logradas a partir de sus transmisiones y se preguntan “si este no es otro de los motivos por los cuales la defensa busca impedir una y otra vez la participación de La Retaguardia”.
“Sin lugar a dudas ellos son el medio elegido y
ya instalado en la población que desea seguir los juicios por delitos de lesa
humanidad”, señalan los organismos. “Nos preocupan los intentos negacionistas o
la reivindicación de los peores horrores vividos por nuestro pueblo. Por ello,
a casi 50 años del comienzo de los tiempos más oscuros que hemos vivido,
valoramos estos 40 años de Democracia, seguimos defendiéndola y buscando su
profundización. Por ello volvemos a solicitar que se revea la decisión tomada y
se autorice la participación comunicacional de La Retaguardia”, concluye el
escrito que firman también el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la
Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina y la Asociación Buena
Memoria.