El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, descartó cualquier negociación de su gobierno con narcotraficantes al ser consultado sobre el caso de Sebastián Marset, el hombre que recibió un pasaporte express oficial, lo que hizo que varios funcionarios uruguayos renunciaran.
Marset, prófugo de la justicia paraguaya que lo acusa de tráfico de drogas y lavado de activos, dijo el domingo en una entrevista con un canal local que quiere que sus familiares, también requeridos en Paraguay, tengan garantías para entregarse en Uruguay y ser juzgados allí. En rueda de prensa el martes, Lacalle Pou dijo no haber visto la entrevista, pero se pronunció sobre el pedido de Marset. “El gobierno no negocia con narcotraficantes, eso está meridianamente claro, no debería ni decirlo. Y esperemos que la coordinación de las distintas policías sea efectiva para poder llevar a cabo lo que hay que hacer”, señaló el mandatario.
La Fiscalía uruguaya informó el martes que hubo contactos del abogado de Marset, Santiago Moratorio, con los fiscales Mónica Ferrero, Enrique Rodríguez y Diego Pérez, pero advirtió que cualquier eventual avance tiene que estar apegado a derecho y acorde a los tratados internacionales. “Si hay pedidos de extradición de cualquier persona, mucho más de un narcotraficante, Uruguay va a cumplir con sus obligaciones”, aseguró el fiscal general de Uruguay, Juan Gómez, al recalcar que la Fiscalía no está para hacer acuerdos con narcotraficantes.
La búsqueda
Las autoridades paraguayas requieren a Marset y su esposa, Gianina García Troche, por el operativo contra el crimen organizado y el lavado de dinero “A Ultranza PY”, que tuvo lugar en febrero de 2022 y durante el cual fueron allanadas distintas propiedades y se incautaron bienes valuados en unos 100 millones de dólares. A raíz de esto también se ordenó la captura, entre otros, de Miguel Ángel Insfrán –extraditado en mayo pasado desde Brasil– y de su hermano, el pastor religioso José Insfrán, quien se entregó el pasado 16 de noviembre a las autoridades paraguayas.
Interpol emitió esta semana un alerta de color azul para Marset, a pedido de Bolivia, según informó el ministro del gobierno de ese país, Eduardo Del Castillo. “Interpol nos anunció desde Lyon, en Francia, que ya se ha aceptado la Alerta Azul por parte de la solicitud de Bolivia, para identificar el lugar exacto donde se encuentra este narcotraficante”, indicó Del Castillo a los medios bolivianos. Según la web oficial de Interpol, una alerta azul se emite para “conseguir más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal”.
Adiós alerta roja
Mientras tanto, el jefe de gabinete de Interpol en Paraguay, Rodolfo Fernández Almada, fue removido del cargo tras la polémica que se desató en el país por el retiro de la alerta roja contra la esposa de Marset, hecho que llevó a intervenir la oficina local. En un comunicado, la Policía Nacional del Paraguay informó del nombramiento del comisario Víctor Hugo Flores, en su reemplazo. La decisión, según la nota, fue adoptada por la directora Interina de la Dirección Científica y Técnica de la institución policial, comisaria María Rossana Chávez.
La medida se dio a conocer a partir de la intervención de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Asunción, ordenada el pasado viernes. Ese operativo se puso en marcha después de detectarse el cese de la alerta roja que había sido difundida contra García Troche –procesada por tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos–, y José Estigarribia –un exfuncionario del Ministerio Público que las autoridades vincularon con Marset–. La anulación de la alerta habría hecho que ambos pudieran regresar al territorio paraguayo sin ser detectados.
Además, un total de 17 agentes de Interpol-Paraguay fueron suspendidos, por ser sospechosos de levantar el código rojo, informó la Fiscalía. “Estamos investigando la probable existencia de hechos punibles que van desde sabotaje, alteración de datos y frustración de la persecución, en principio”, dijo en conferencia de prensa la fiscala interviniente Ruth Benítez. “Evidentemente la persona que hizo la modificación tiene los permisos correspondientes para dar altas y bajas. Tenemos un listado de 17 personas que tienen acceso al sistema (de Interpol)”, agregó.