Poco más de 30 años después, el hijo de uno de los fundadores del conglomerado empresarial Sasetru y un grupo de exempleados impulsaron una causa en la Justicia Federal para que se investigara la destrucción del grupo durante la última dictadura cívico militar. Estos consideran que se trata de un hecho más de los tantos que emergen como prueba de la razón económica del terrorismo de Estado. Recientemente, un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) incorporado como prueba en el expediente confirmó para Jorge Salimei (h) que “el Banco Central fue un organismo del Estado que la dictadura utilizó para cometer delitos económicos de lesa humanidad, esto es lo que sostiene el informe, queda confirmado en la causa y la Justicia tiene que reconocer”.
Salimei es hijo de Jorge Salimei, que fundó en 1948 junto con Ángel Seitún y Fermín Trucco Aguinaga de la compañía de alimentos Sasetru, durante las tres décadas siguientes creció hasta convertirse en la empresa de alimentos más grande del país para 1970. En ese tiempo tenía 10 fábricas, 17 galpones, más de 10 mil trabajadores, un holding con más de 140 empresas y una entidad bancaria, el Banco Internacional S.A, (BISA). “Mi papá impulsó el crecimiento de Sasetru sin endeudarse un peso. Falleció en 1975 y las cosas se complicaron”, reconstruyó Salimei (h), quien resumió la debacle: “La dictadura nos tenía ganas, pero no sabían cómo entrarnos. Cuando nos vieron con deudas, nos mataron”.
En 1980 la empresa fue intervenida, una quincena de sus directivos y personal jerárquico detenido y coaccionado a ceder acciones del grupo empresarial y a vender el BISA, los tres ejes que se investigan en el expediente que nació con la denuncia de Salimei (h) y el colectivo de obreros de Sasetru. Sobre la venta de esa entidad financiera al Bank of America versa el informe que recibió recientemente la fiscal de la causa, Paloma Ochoa, de parte de la DAFI, organismo del Ministerio Público Fiscal cuya intervención en la causa fue recomendada por la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Ángeles Ramos. Aún resta que emita su dictamen no vinculante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La DAFI analizó toda la documentación entregada por el Banco Central sobre la operación, solicitada por Ochoa en diciembre pasado. En su informe, al que Página/12 tuvo acceso, el organismo realizó un recorrido temporal de todas las acciones que implicaron el traspaso de manos del BISA a la entidad estadounidense sin autorización de la Justicia y con un movimiento que Salimei (h) consideró como malversación de fondos ya que antes de que se concretase la venta, el organismo fiscal confirmó que en 1981 el Banco Central giró adelantos al BISA por un monto similar al que pagó el Bank of América.
“El Banco Central le entregó el BISA al Bank of America sin recibir un peso”, advirtió el denunciante en diálogo con este diario. Según el análisis de la DAFI, la operación se llevó a cabo en diferente pasos que sucedieron entre entre marzo de 1980 y marzo de 1981: una corrida bancaria que afectó al BISA, la intervención de esa entidad por parte del Central, el inicio del trámite de quiebra del grupo Sasetru, la detención de las autoridades del BISA y de Sasetru –entre las que se hallaban los fundadores–, y resoluciones firmadas por el entonces director de la institución estatal, Alejandro Reynal, para concretar la entrega sin la intervención del juez de quiebra y sin gastos por parte de la parte compradora.
“El informe de la DAFI confirma que Centuria S.A.F –una sociedad del holding empresario–, el BISA y Sasetru conformaban un único conjunto económico. Si Sasetru estaba en quiebra, no podía el Banco Central realizar la venta del banco sin la autorización del juez a cargo de la quiebra, y lo hizo de todos modos”, señaló Salimei (h). Por otro lado, señaló el denunciante que el informe del organismo fiscal también “da cuenta” de que “el Banco Central usó fondos públicos para lograr que el Bank of América no pusiera un peso por el BISA. Se lo entregaron mediante la utilización de fondos públicos”, remarcó.
Según los registros, el Bank of América supuestamente pagó 150 millones de dólares por el BISA, cuyo capital estaba conformado, en parte, por bonos de consolidación generados por el BCRA regidos por la resolución 68/81, firmada por Reynal, que obligaban al Estado argentino a recomprar esos títulos públicos. Aunque desde la querella se supone que esos bonos fueron recomprados y que sus cálculos estiman que el Estado pagó un monto similar a los 150 millones de dólares, la DAFI advirtió que no pudo corroborar tal cuestión por no contar con la documentación pertinente: el BCRA no entregó registros de esa clase de movimientos. Se supone que ¿Cuánto pagó en esa recompra? Un monto similar a los 150 millones de dólares.
Se espera ahora que, junto con el informe de la Procelac, pueda fortalecerse la hipótesis de que lo sucedido con Sasetru fueron “delitos económicos de lesa humanidad”, señaló Salimei (h). “Esperamos poder avanzar en la búsqueda de Justicia, que se llegue al fondo del asunto, que se pruebe que el Banco Central fue utilizado para concretar el plan criminal de la dictadura, que fue modificar de punta a punta el sistema económico del país, transferir recursos al sector privado, empobrecer al pueblo”, concluyó.