Samanta Ferreyra, madre de Tomás Tello, el joven de 18 años asesinado por una patota durante los festejos de Año Nuevo en el balneario bonaerense de Santa Teresita, declaró como testigo en el marco de la causa por el crimen, y aseguró que está “muy conforme” con la investigación, en la que hay ocho mayores y dos menores de edad detenidos.
Ferreyra dijo que el fiscal Pablo Gamaleri, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 11 de Mar de Ajó, ante quien declaró como testigo del crimen de su hijo, “está trabajando perfectamente, muy bien”.
Según explicó al salir de la sede de la fiscalía, en su declaración aportó precisiones sobre algunos de los acusados, con los que su hijo había tenido un incidente el último 23 de diciembre por un incidente originado a raíz de una fiesta que organizó en una casa.
“Conté lo que había hablado con mi hijo la noche previa al 24”, dijo, y agregó que aportó información sobre posibles testigos del ataque sufrido por la víctima, que aun no hayan sido citados en el marco de la causa.
Ferreyra, quien están a cinco días de dar a luz a su tercera hija mujer, aseguró que aun no vio lo videos incorporados al expediente.
A dos días del crimen de su hijo, la mujer señaló que está “contenida por la familia” y “tratando de seguir adelante”.
Su testimonio se sumó de este modo a los que ya aportaron en la causa cerca de veinte testigos, entre ellos personal médico que asistió a Tello luego de ser atacado en la mañana del 1 de enero, y efectivos policiales que intervinieron en la detención de los acusados y en distintos procedimientos realizados en el marco de la instrucción penal.
La mujer declaró asistida por el abogado Miguel Ángel Pierri, quien encabeza la representación legal de la familia de la víctima, en calidad de particular damnificado.
El letrado aseguró que los ocho adultos detenidos por el hecho son “gente asesina” y serán condenados a prisión perpetua.
“Esta gente es asesina, a mí no me importa si eran vendedores ambulantes o lo que sean. Un día se van a ir de un tribunal con una condena a perpetua”, señaló Pierri en la puerta de las oficinas donde funciona la Unidad Funcional de Instrucción 11, que investiga el crimen.
Se mostró “muy satisfecho” con “el curso y el pulso que tiene la investigación”, a cargo del fiscal Pablo Gamaleri.
“Falta mucho. Esto recién empieza. Esta causa va a tomar mucho más que los cuatro meses que tiene la instrucción prevista”, estimó.
Pierri aseguró que comparte la hipótesis de la fiscalía respecto de la autoría del crimen, que apunta al detenido identificado como Damián “El Kope”, Kopelián (21), un joven con antecedentes penales.
Aseguró además que “la premeditación” del crimen por parte de Kopelián y los otros siete mayores detenidos, entre ellos su padre y su hermano, “está prácticamente probada”, a partir del presunto incidente previo que la víctima había tenido con algunos de ellos.
“Acá hay un hecho que ocurrió el 23 de diciembre, y la escena continúa en la madrugada del día primero, por lo tanto la premeditación la tenemos prácticamente probada”, dijo.
“Hay un episodio que tiene que ver con diferencias, con algún tipo de discusión. Eso se traslada al día primero, a las 7 de la mañana, donde urden un plan, lo encuentran a Tomás, y se lleva a cabo la acción de matarlo”, precisó.
Pierri indicó además que aun “hay mucho material de imagen” para analizar en la causa, y que “se va a trabajar con un equipo de la Policía Federal para poder tomar conocimiento” del contenido de los teléfonos celulares secuestrados, entre ellos el de la víctima.
Los detenidos
Por el crimen de Tello están detenidos Damián Kopelían (21), señalado como presunto autor material del crimen, y otros siete mayores de edad: Federico Brandon (22), Roberto de Jesús Ochoa (27) y Carlos Amestoy (29), imputados como coautores, y Avedis Kopelián (57) y Aram Kopelián (27), padre y hermano del principal acusado, Darío Espinosa (33) y Roberto Cejas (29), como partícipes necesarios.
Todos ellos están imputados por el delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, la misma figura penal que los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en la localidad de Villa Gesell.