La Justicia porteña dio curso a la denuncia penal que presentó el Gobierno de CABA para que “se investiguen los hechos de violencia ocurridos durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso” y solicitó a los canales de televisión que remitan sus filmaciones sobre los incidentes ocurridos el viernes pasado.
“La Justicia porteña dio curso a la denuncia penal que presentó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se investiguen los hechos de violencia ocurridos durante el tratamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso y solicitó a los canales de TV que remitan sus filmaciones sobre esos incidentes”, informó el Gobierno porteño a través de un comunicado.
Según se precisó, la fiscalía penal a cargo de Tomás Vaccarezza formalizó ese requerimiento a través de una comunicación enviada al Jefe de Superintendencia de Operaciones de la Policía de la Ciudad, comisario mayor Marcelo Esteban Noguerol.
La denuncia penal que promovió la Ciudad se inscribe en el marco de la línea de acción que impulsa el jefe de Gobierno, Jorge Macri, para “poner fin a la violencia y a las acciones extorsivas por parte de quienes obstruyan la circulación en las calles o provoquen daños al patrimonio público y al mobiliario urbano”.
“La limpieza, reparación y ordenamiento de la zona afectada por los violentos en la manifestación implica un costo para la Ciudad de $106.890.000. Vamos a hacerles pagar este costo a aquellos vándalos y delincuentes que destruyeron el mobiliario urbano que es de todos”, advirtió Jorge Macri.
En su presentación, Vaccarezza pidió que se requiera a los canales televisivos Todo Noticias, La Nación +, Canal 26, Crónica TV, C5N, América Noticias, Telefe y Canal 9 que, “en carácter urgente”, remitan a esa Superintendencia, dentro de las 24 horas, las filmaciones de toda la cobertura efectuada en las inmediaciones del Congreso de la Nación el pasado viernes.
Además, el fiscal solicitó que “se releven e incorporen los videos obtenidos por el Centro de Monitoreo Urbano y cámaras privadas” que hubieran “captado hechos delictuales o contravencionales en dicha zona”.
Según explicó el Gobierno de la Ciudad, el objetivo de la investigación apunta a “detectar contravenciones” en cada una de las conductas registradas e “identificar a las personas involucradas”.
Asimismo, pide que se describan “específicamente las conductas desarrolladas por las personas individualizadas a raíz del análisis de los videos y demás material recibido”.
“En caso de daños materiales se deberá indicar en qué consistieron y el valor estimado de reparación”, agrega el documento instructivo del fiscal.
En este sentido, desde la fiscalía solicitan que luego de “individualizar” a las personas, se establezcan si responden o no a “alguna persona jurídica, organización social o política, situación migratoria de ser extranjeras, y determinen posibles vinculaciones entre ellas”.
Por último, la Justicia porteña pide que “se labre un informa detallado dónde conste el resultado de todas las medidas dispuestas” para que “sea remitido a esta sede fiscal a la mayor brevedad posible”.