La justicia argentina investiga por el uso de documentos falsos al español José Ignacio Fernández Guaza, presunto autor del asesinato en Madrid del estudiante y sindicalista Arturo Ruiz en 1977 y que estaría residiendo en la provincia de Buenos Aires. La jueza federal María Servini, que tramita en Argentina el expediente en el que se investigan los crímenes cometidos en España entre 1936 y 1978, tres años después de que concluyera la dictadura de Francisco Franco, tomó constancia de que Fernández Guaza estaría cometiendo el delito de usar documento falso en Argentina e impulsó la investigación en los tribunales de la jurisdicción.
La huida del asesino
Fernández Guaza se fugó de España luego de presuntamente haber disparado dos tiros a quemarropa al estudiante granadino de 19 años durante una manifestación en Madrid a favor de la amnistía de los presos políticos en vísperas de la matanza de los abogados laboralistas de Atocha, perpetrada el 24 de enero de 1977. Una investigación del diario español El País lo ubicó en la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz, a 40 kilómetros de la capital argentina, usando una identidad falsa.
A sus 76 años Fernández Guaza confesó que se fugó de España en enero de 1977 viajando de la ciudad de Irún a París en auto, donde residió un año antes de volar a Argentina de acuerdo al diario español. “La Guardia Civil me dijo que me fuera de España”, reconoció este hombre que dijo haberse movido por Latinoamérica mientras se encontraba bajo pedido de captura gracias a una identidad falsa fabricada “por los servicios de seguridad españoles”.
Fernández Guaza admitió a El País “haber formado parte de un grupo de 15 civiles que mató a terroristas de ETA” en el sur de Francia a mediados de los 70 por encargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además presumía de haber mantenido un vínculo con funcionarios españoles luego de su fuga. “He tenido contacto con gente de los servicios de información de España. Ellos sabían que estaba en Argentina con un nombre falso. Yo formaba parte de una estructura”, indicó al diario español.
A partir de las notas periodísticas Servini remitió el caso para que lo investigara el juez correspondiente, por lo que la causa recayó en el Juzgado Federal de Campana, que recibió el expediente el 28 de noviembre pasado. “La decisión de la jueza es un avance importante. Con las nuevas pruebas presentadas, pedimos que se detenga (a Fernández Guaza) por el asesinato de Arturo que él mismo acaba de confesar”, señaló a El País el abogado de la familia de la víctima, Duilio Jorge Ramírez.
Servini tomó nota de la identidad falsa de Fernández Guaza, independientemente de que sigue investigando los crímenes cometidos en España tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, que dio inicio a la Guerra Civil (1936-1939), hasta 1978, cuando se aprobó la Constitución. Esos delitos nunca pudieron ser investigados en territorio español porque la Ley de Amnistía de 1977 impide juzgar allí a los responsables de la dictadura franquista.
La querella argentina
“Los esfuerzos investigativos están puestos ahí”, indicaron las fuentes judiciales argentinas respecto de la única causa en la que se investigan los crímenes cometidos durante la Guerra Civil Española, el franquismo y el inicio de la transición en España, en virtud del principio de justicia universal. A ese principio recurrió el entonces juez español Baltasar Garzón para detener en Londres en 2003 al dictador chileno Augusto Pinochet.
La querella argentina fue promovida a partir de 2010 por diversos colectivos y familiares de víctimas de la guerra y de la dictadura españolas para que se investiguen presuntos delitos de lesa humanidad que no se indagan en España. El expediente sólo tuvo como procesado al que fuera ministro del Interior entre 1976 y 1979, Rodolfo Martín Villa, pero la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina, máximo tribunal de ese país, ratificó en 2022 la revocación del procesamiento.
Servini había procesado a Villa en octubre de 2021 por cuatro muertes por disparos policiales, tres de ellas en las ciudades de Vitoria en marzo de 1976, cuando era ministro de Relaciones Sindicales, y otra en Pamplona en julio de 1978, en su etapa de ministro del Interior. En diciembre de 2021 la Cámara de Casación argentina advirtió de que esa calificación “no estaba fundamentada” y en septiembre de 2022 el máximo tribunal penal argentino consideró que no existían pruebas para procesarlo.