La inminente presidencia del socialdemócrata Bernardo Arévalo en Guatemala sufrió un nuevo ataque del Ministerio Público (Fiscalía), que afirmó que las actas electorales son “nulas” y por lo tanto el resultado no es válido, además de pedir el retiro de la inmunidad al mandatario electo, aunque el tribunal electoral juzgó “irreversible” el resultado, mientras la OEA denunció un “intento de golpe de Estado”.
“No se utilizaron los formatos que el TSE (Tribunal Supremo Electoral) estableció en los documentos de las actas 4 y de esa cuenta todos los resultados de las elecciones generales 2023 son nulos”, dijo la fiscal adjunta Leonor Morales en conferencia de prensa, en la que anunció además la solicitud de antejuicio para Arévalo.
El Ministerio Público (MP) consideró, igualmente, que la decisión final sobre los comicios debe ser del TSE, pero horas después la jefa de ese cuerpo, Blanca Alfaro, aseguró que los resultados son “inalterables” y que Arévalo y su vice electa, Karin Herrera, “ya recibieron las correspondientes credenciales” que los acreditan como los próximos responsables del país.
Con todo, Alfaro dejó abierta la chance de que la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial el país, pueda adoptar una decisión sobre los comicios.
Según la fiscal Morales, el TSE no cumplió con el resguardo de las cajas electorales, con lo que permitió la alteración de resultados electorales por personas con conocimiento informático.
Morales advirtió puntualmente sobre la revisión de las llamadas actas número 4, las mismas que el MP se llevó en un allanamiento en septiembre, cuando secuestró las cajas que las contenían.
El acta 4 es el documento en el que los miembros de la Junta Receptora de Votos escriben a mano los resultados del conteo de los votos. Lleva la firma de los cinco miembros de la Junta (hay una por cada mesa electoral) y de los fiscales de los partidos.
Esas actas se le entregan a un digitador, que las escanea y envía desde el centro de votación al centro de cómputos central para mostrar los resultados. A los efectos legales, los resultados se certifican en base a esa acta 4.
Morales señaló que los magistrados del TSE cometieron posibles ilegalidades y hubo un amaño en los resultados.
En septiembre, el Ministerio Público secuestró todas las cajas de actas número 4 que estaba en el llamado parque de la Industria capitalina.
“Siendo el TSE el garante constitucional del proceso electoral, resulta preocupante los hechos que hoy se presentan producto de las investigaciones realizadas”, dijo la Fiscalía.
Denunció además que el TSE delegó sus funciones en terceras personas, lo que permitió la vulneración informática.
“El hallazgo relacionado denota la opacidad del actuar de los magistrados, su falta de transparencia, fueron permisivos para la comisión de delitos que atentaron contra el proceso electoral”, dijo el MP.
Según la investigación, la alteración de los resultados se dio como un acto preparatorio con la compra “anómala y sobrevalorada” del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), lo que permitió “un sabotaje que pudo haber sido internacional, ya que de forma ilegal personas dedicadas a la informática introdujeron votos para hacer coincidir los datos ingresados”, según Morales.
Por su parte, el fiscal Rafael Curruchiche remarcó que a criterio del MP deben anularse las elecciones, aunque es una decisión que debe adoptar el TSE.
Apenas horas después, la jefa del TSE, Alfaro, se presentó ante la prensa para advertir que no hay tiempo de repetir elecciones y evaluar que si las nuevas autoridades no toman posesión el 14 de enero, como está previsto, habría “un rompimiento constitucional”.
Alfaro consideró “irreversibles” los resultados, aunque dejó una mínima chance de que pueda actuar en el tema la Corte de Constitucionalidad.
Cuando se la consultó sobre la actitud de los fiscales, se limitó a responder: “En la historia de un país cada uno decide qué lugar quiere ocupar”.
Pero la conferencia del Ministerio Público no apuntó solo al resultado de las elecciones de junio y la segunda vuelta de agosto, sino que también abarcó la investigación abierta contra el triunfante Movimiento Semilla por supuestas irregularidades en las afiliaciones y su financiación.
Curruchiche pidió el retiro de la inmunidad a Arévalo y al diputado Samuel Pérez, destacó el “trabajo valiente” de sus pares en esta causa y hasta ironizó con que le hubiera gustado que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, estuviera en el encuentro ante la prensa.
Morales reseñó que la investigación comenzó por la denuncia de un ciudadano que quiso afiliarse a un partido, pero el TSE le dijo que ya estaba incorporado a otra fuerza y, al consultar, descubrió que aparecía en el listado de Semilla sin haber firmado nunca la hoja de adhesión.
El ente investigador señala los delitos de uso de documento falsificado con agravante electoral en forma continuada, omisión de denuncia, desobediencia y obstrucción de justicia.
Además del retiro de la inmunidad para Arévalo y Pérez, pidió órdenes de detención contra dos dirigentes de Semilla, Jaime Gudiel y Cinthya Rojas, por los delitos de falsedad ideológica con agravación electoral de forma continuada.
La fiscal Morales dijo que la totalidad de ilegalidades encontradas en la adhesión ascienden a la cantidad de 8.121, según los sitios de Soy502 y Prensa Libre.
La OEA salió al cruce del MP con un comunicado en el que condenó las acciones y dichos de Morales y de Curruchiche, que, advirtió, “constituyen una alteración del orden constitucional del país, un quebrantamiento del Estado de Derecho y una violación de los Derechos Humanos de la población de su país.
“Hacemos un llamado al presidente Alejandro Giammattei, a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso a defender las instituciones y el orden constitucional del país tomando acciones contra los perpetradores de este atentado en orden de preservar la Democracia en Guatemala”, aseguró la organización.
El texto de la OEA -que Almagro publicó en su cuenta de la red X- considera que el intento de cancelar las elecciones generales de este año “constituye la peor forma de colapso democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo”.
Y desde Colombia, el presidente Gustavo Petro juzgó también que la pretensión de anular los comicios es un golpe de Estado y corresponde a la OEA accionar de inmediato.
“Estamos frente a un golpe de estado en Guatemala. La OEA debe actuar de inmediato. Todo el apoyo al pueblo guatemalteco. Una fiscalía que ha encubierto el narcotráfico y la corrupción actúa contra la democracia”, escribió Petro en su cuenta de la red X.
También España, a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, rechazó “de modo tajante” las actuaciones del Ministerio Público que “atentan contra la democracia” y suponen “una grave violación de la voluntad del pueblo guatemalteco libremente expresada en las urnas”.