La decisión de la Corte Suprema de Justicia de hacer cesar en sus funciones a la jueza Ana María Figueroa sin que el Senado se haya pronunciado sobre el pedido de extender su mandato por cinco años, como habilita la Constitución, acumuló rechazos de dirigentes del oficialismo. El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, opinó que “el único motivo por el que la sacan es para disciplinarla” y anticipó que la decisión se sumará al juicio político contra los supremos que lleva adelante el Congreso porque “están cometiendo delitos”. El diputado Leopoldo Moreau cuestionó el doble estándar del tribunal, advirtió que la decisión fue “a pedido de los editores” de Clarín y La Nación, y enfatizó que “dan vergüenza”. El interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, en cambio, consideró que el pliego de Figueroa “no podía ser tratado ni aprobado por haber cumplido” los 75 años que la Constitución prevé como tope, pese a los antecedentes de jueces que siguieron seis meses más en sus cargos hasta obtener la renovación. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, por su parte, consideró que “la regla constitucional se aplicó correctamente” pero que no era la Corte sino el Consejo de la Magistratura el órgano competente para resolver la situación y señaló también la “dobla vara” del tribunal.
Los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda decidieron el miércoles que Figueroa, jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, “cesó en funciones” al cumplir 75 años el mes pasado, pese a que tenía un pedido no resuelto del Poder Ejecutivo ante el Senado para extender su mandato por otros cinco años. Contrariando varios antecedentes, interpretaron que la Cámara alta debió dar su acuerdo antes del día de cumpleaños pues, caso contrario, habría un cese automático en las funciones.
“Es gravísimo lo que hizo la Corte” porque “consagró la desigualdad de la ley” y “decidió sin importarle lo que haga el Senado”, opinó Mena, viceministro de Justicia y Derechos Humanos. En diálogo con El Destape Radio, dijo “no tener dudas” de que esta decisión “se va a sumar al pedido de juicio político a la Corte” porque no es sólo “mal desempeño”, sino que “están cometiendo delitos”. “El único motivo por el que la sacan es para disciplinarla, ya que cuando consideran que no hacés los deberes te aplican una ley distinta”, cuestionó.
Moreau reprochó que “la misma Corte que tuvo pisado y escondido durante meses un fallo (como moneda de cambio) para resolver la edad jubilatoria de los jueces hasta lograr mayoría en favor del ‘2×1’ es la que ahora se apura en apartar a una jueza”. El diputado del Frente de Todos consideró que la decisión unánime de los cortesanos fue “a pedido de los editores de dos diarios”, en alusión a Clarín y La Nación, y añadió: “Dan vergüenza”.
Su par Rodolfo Tailhade, titular de la Comisión de Justicia de Diputados, atribuyó la decisión a una maniobra desplegada “por la triple alianza de medios, Poder Judicial y política”, y reprochó que “la Corte, cuando quiere, puede ordenar que un juez continúe en el cargo, y cuando no quiere no”. Citó como ejemplos los casos de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, trasladados a dedo por Mauricio Macri y que continúan en sus cargos pese a que la Corte señaló sus traslados como irregulares hace casi tres años. “Lo que pasa es que eran macristas. Si no lo son, no hay plazo, ni gracia, ni nada”, cuestionó Tailhade en declaraciones a Télam. Por las redes sociales también criticó el doble estándar: “Una cosa es la ilegitimidad de una mujer progresista y otra la de los varones macristas”, resumió.
Desde una postura antagónica, el interbloque de JxC en el Senado manifestó que “el pliego de la ahora ex jueza Figueroa no podía ser tratado ni aprobado por haber cumplido el límite máximo de edad previsto por la Constitución”. “Siempre estuvimos firmes en la postura de no validar un espacio de impunidad para la vicepresidenta de la Nación”, señaló la bancada que encabeza el mendocino Alfredo Cornejo.
“Lamentablemente, durante todos estos meses el kirchnerismo se empecinó con el pliego de Figueroa y paralizó el funcionamiento del Senado. Eso perjudicó el tratamiento de leyes que efectivamente respondían a las demandas ciudadanas”, añadió.
Para el constitucionalista Gil Domínguez, “la
regla constitucional se aplicó correctamente” pero según la propia Constitución
“el órgano competente para resolver esta cuestión es el Consejo de la
Magistratura”. Señaló que, ante situaciones iguales a la de Figueroa, “no se aplicó
la regla constitucional de idéntica manera, generándose un evidente quiebre del
principio de igualdad”, y remarcó que “no hay nada más dañino para la
legitimidad democrática argumental de una Corte Suprema de Justicia que la
permanente doble vara”.