La Corte Suprema de Estados Unidos, que en 2022 dejó de reconocer el derecho constitucional al aborto, anunció este miércoles que estudiará las restricciones impuestas por un tribunal inferior a la mifepristona, una de las píldoras más utilizadas para abortar en todo el país, en medio de una intensa batalla judicial. La visita oral sobre el tema se celebrará el año próximo y se espera un veredicto para finales de junio, en medio de la campaña de las elecciones presidenciales de 2024.
El fallo del tribunal inferior se encontraba en suspenso, a la espera de que la máxima instancia judicial del país, integrada por seis jueces conservadores y tres progresistas, decidiera si se haría cargo del caso. Tanto la Administración de Joe Biden como el fabricante de la píldora, el laboratorio Danco, habían apelado la decisión de agosto de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, en Luisiana, que restringiría el modo en que se suministraba y distribuía el medicamento, prohibiendo las recetas por telemedicina y los envíos por correo del fármaco.
La batalla legal por la mifepristona, que junto al misoprostol es utilizada en más de la mitad de abortos del país, comenzó en abril cuando un juez federal de Texas, nombrado por el expresidente republicano Donald Trump y de fe cristiana, Matthew Kacsmaryk, retiró la autorización sanitaria para comercializar la píldora. Ajeno a la opinión de los científicos, el magistrado estimó que puede poner en peligro la vida de las mujeres.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) dio su aprobación reglamentaria al uso de la mifepristona en el año 2000 y califico al fármaco de seguro y eficaz. Por su parte, la Corte de Apelaciones consideró que el regulador sanitario estadounidense incumplió la ley al permitir que el medicamento sea recetado en consultas telemáticas y enviado por correo.
En la apelación un tribunal federal de Nueva Orleans permitió que la píldora siga estando autorizada pero restringió el acceso: limitó su uso a las siete primeras semanas de embarazo, en lugar de diez, impidió que se distribuyera por correo y exigió que la píldora fuera recetada por un médico. El caso pasó entonces a la Corte Suprema, que decidió de forma preventiva congelar las sentencias de los tribunales inferiores, por lo que el fármaco seguirá comercializándose mientras dure el litigio.
Mientas los grupos antiabortistas quieren que se prohíba completamente, por considerar que la píldora no es segura, el gobierno estima por el contrario que debe ser la FDA la que decida si se puede usar o no. El caso podría poner en peligro la autoridad de la agencia federal que aprueba la seguridad de los productos alimenticios, los medicamentos y los dispositivos médicos.
Es el pleito más importante sobre aborto que llega a la Corte Suprema desde que el 24 de junio de 2022, con mayoría conservadora tras los nombramientos realizados bajo la presidencia de Trump, anuló un fallo que desde 1973 garantizaba el derecho de las mujeres estadounidenses a abortar, y dio a cada estado la libertad de legislar al respecto. A partir de allí, el país está dividido entre una veintena de estados que prohibieron o restringieron el acceso al aborto y aquellos que reforzaron el derecho a abortar.
Se prevé que este fallo coincida con la campaña de las elecciones presidenciales de 2024, lo cual volvería a poner el tema del aborto en el centro de los comicios, como ocurrió en las elecciones de medio mandato de noviembre 2022.