“Frente a la amenaza de desinversión y de implementar una política de vouchers, desde este sector pedimos más presencia del Estado.” La Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), integrada por organizaciones sociales de todo el país que luchan por la igualdad y el acceso a la educación, se pronunció de cara al balotaje del 19 de noviembre entre el ministro y candidato del oficialismo, Sergio Massa, y el candidato de la ultraderecha Javier Milei, para pedir un voto contra las ideas de La Libertad Avanza que desconocen la educación como un derecho de acceso universal. En paralelo, la Cámara de Diputados debate en comisiones el proyecto enviado por Massa para incrementar el financiamiento educativo al 8 por ciento del PBI.
De cara al balotaje, donde se juegan dos modelos antagónicos de país y propuestas contrarias sobre qué hacer con la educación, queremos expresar con énfasis la importancia del derecho humano a la educación como pilar fundamental de la condición humana y de nuestra sociedad“, sostiene el comunicado de la CADE.
Milei propone, basado en las ideas neoliberales, terminar con la obligatoriedad del sistema educativo e implementar un sistema de vouchers que genere competencia por la demanda, entre entidades públicas y privadas; un sistema que fue puesto en práctica en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet y que generó repetidas protestas estudiantiles para exigir asistencia del Estado para universalizar el acceso. Uno de los referentes de aquellas protestas fue el actual presidente Gabriel Boric.
El candidato de ultraderecha también adelantó que parte de su “plan motosierra” implica eliminar el Ministerio de Educación, del que dependen las universidades públicas. Mientras que el diputado elector por Buenos Aires, Alberto Benegas Lynch, había asegurado que “la educación tendría que ser un negocio”.
Frente a esas ideas, la CADE se expresó para instar “a la sociedad a decir ‘NO’ a la desinversión y a una política de vouchers y a decir ‘SÍ’ a mayor inversión y más presencia del Estado para garantizar la inclusión y el futuro de niños, niñas y jóvenes de nuestro país” y subrayó que el Estado, “es el único que puede garantizar que este derecho llegue a cada una las personas”.
La CADE señaló que cuando el Estado aumentó un 19 por ciento la inversión en educación, debido a la pandemia de la COVID 19 y a partir del Aporte Solidario y Extraordinario, se obtuvieron resultados tangibles: la matrícula aumentó en todos los niveles (llegando a casi el 100% en primario, 94% en secundario y 48% universitario), mientras que en el secundario solo un 15 por ciento de los estudiantes repitieron de grado en 2021. Cifras que desmejoraron en los años siguientes, “lo que nos advierten la importancia de mantener las políticas públicas inclusivas y equitativas, para conseguir un crecimiento sostenible“.
“La educación no es un lujo; es un derecho universal que une a nuestras comunidades y empodera a cada persona”, sostiene el comunicado de la campaña y resaltó que “no estamos solos en esta afirmación respecto a que la educación es el camino de la dignidad y el trabajo decente”, ya que la ONU sostiene como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, la educación inclusiva y de calidad.
“Son nuestros derechos de poder elegir donde estudiar sin tener que endeudarnos toda la vida para conseguirlo. De poder conseguir ayuda para pagar una tarifa, un transporte, un medicamento, que sin ese apoyo garante de derechos por parte del Estado afectaría directamente a tu bolsillo y el de tu familia”, alertó la CADE sobre los derechos que está en peligro ante una victoria electoral de Milei. “Cuidar que se garanticen derechos es actuar en defensa propia”, sentencia el comunicado.
En paralelo a las ideas propuestas por los voceros de La Libertad Avanza, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados avanza en el tratamiento de la Ley de Financiamiento Educativo enviada por el ministro-candidato Sergio Massa, que busca modificar la norma votada en 2005 para incrementar el financiamiento educativo del 6 al 8 por ciento del PBI.
La norma propone destinar un 6,5 por ciento del PBI a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y un 1,5 por ciento a la educación universitaria. Además de garantizar por ley 190 días efectivos de clase en todo el país desde el nivel incial al secundario, y ordenando la obligatoriedad de la sala de 4 años.
El proyecto también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60 por ciento sea financiado por el Estado Nacional y 40 por ciento por provincias.