El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un nuevo informe sobre el gasto público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) en los últimos años. En este caso, el CEPA analizó la ejecución presupuestaria del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño y encontró que desde 2016 se subejecutaron más de 41 mil millones de pesos en ese área. Según el informe, los programas de seguridad alimentaria, de subsidios a personas en situación de calle y los dependientes de la Dirección General de la Mujer fueron algunos de los más afectados.
El trabajo forma parte de la serie de análisis que los especialistas del Observatorio de Economía Urbana del CEPA vienen realizando, área por área, sobre la ejecución anual presupuestaria del GCBA desde el año 2016. Ahora fue el turno de la cartera de de Desarrollo Humano y Hábitat, conducida actualmente por Gabriel Mraida tras la salida de María Migliore luego de las PASO. El informe elaborado por Juan Pablo Costa y Carlos Vacarezza marca, en principio, que si bien se verifica “cierta estabilidad” presupuestaria en el período analizado, “se observaron más de 41.000 millones de pesos de subejecución entre 2016 y 2022″.
El análisis desagregado del CEPA comienza por lo ocurrido en el 2022, último año del que se tienen los datos totales. Según marcan los especialistas, en 2022 hubo fuertes caídas en reparticiones como la Dirección General de Atención Integral Inmediata (DGAII), con un retroceso del 28 por ciento en relación a 2021, y en el programa de subsidios habitacionales Apoyo a Familias en Situación de Calle, con una caída interanual del 37 por ciento.
La DGAII, explica el informe, “tiene a su cargo la asistencia durante las 24 horas a familias y personas en situación de calle, así como la red de Centros de Inclusión Social”. En 2021, esa Dirección tuvo una ejecución de 14 mil millones de pesos, mientras que en 2022 cayó a los 10 mil millones. El Apoyo a Familias en Situación de calle, en tanto, “consiste en un programa de transferencias monetarias para el pago de un alquiler en hotel o pensión para personas u hogares en situación de calle”. “En 2022 se manifiesta una notable caída de la ejecución de este programa, cercana a los 3.400 millones de pesos a precios de 2023“, detallan Costa y Vacarezza.
Uno de los programas que mayores recortes recibió en todo el período analizado fue el de Atención a la Emergencia Habitacional. Según el informe, “hasta 2019 se mantenía en el orden de los 1.500 a 1.800 millones de pesos constantes”, pero a partir de 2020, en plena pandemia, la ejecución comenzó a caer en picada. “Durante los años siguientes, 2021 y 2022, lejos de revertirse la situación empeoró con recortes que llevaron a la virtual extinción de este programa. Puede observarse en 2021 un recorte de 1.000 millones de pesos, esto es una caída del 83 por ciento“, señalan los autores, que precisan que entre 2016 y 2022 el retroceso fue del 91 por ciento.
El CEPA también realizó un análisis comparativo de la ejecución presupuestaria en torno a la política de hogares y paradores para personas en situación de calle a partir de dos programas clave: Asistencia Integral en Hogares Propios y Asistencia Integral en Hogares a ONG’s. El dato importante en ese sentido es que el primero de los programas sufrió “una fuerte caída en la ejecución en el año 2022, cercana a mil millones de pesos”. El programa de hogares de ONG’s, por el contrario, aumentó su ejecución el último año en casi 600 millones de pesos. “Esta dinámica de ejecución pareciera sugerir una política de reducción de la asistencia a esta población mediante hogares propios, para tercerizar la misma mediante ONG’s“, concluye el informe.
En cuanto a los programas de alimentación, el CEPA encontró una “relativa estabilidad” en el plan Ciudadanía Porteña, pero “fuertes recortes” en los programas Seguridad Alimentaria y Ciudadanía Joven. En el primero de los casos, se verificó una caída del 85 por ciento desde 2016, en una cifra cercana a los 760 millones de pesos. Ciudadanía Joven, en tanto, se redujo también en un 86 por ciento, “equivalentes a 130 millones de pesos a precios de 2023”.
En la Dirección General de la Mujer también se observan recortes pronunciados. El informe destaca que en 2018 se produjo un fuerte incremento en la ejecución presupuestaria, superando los 1700 millones de pesos. Desde entonces, sin embargo, las cifras vienen retrocediendo y “caen en casi 700 millones de pesos, lo que implica un recorte del 40 por ciento”. La reducción tiene consecuencias concretas en programas y políticas específicas en el área como la inversión en centros integrales de la mujer, que entre 2019 y 2022, cayó un 66 por ciento, “lo que implica un recorte cercano a los 700 millones de pesos a precios de 2023”.
El Programa de Fortalecimiento de Políticas de Igualdad de Oportunidades, que implementa programas de igualdad, capacitaciones y talleres especialmente en ámbitos laborales, tuvo una “sensible baja” de la ejecución en todos los años a partir del 2019. La caída total desde ese año hasta el 2022 es del 70 por ciento, “lo que implica más de 300 millones de pesos a precios de 2023”. Según el CEPA, el único programa del área que tuvo un incremento fue el de Unidades Convivenciales, encargado de los hogares y refugios, “que pasó de 125 a 373 millones de pesos durante el período analizado”.