Ana María Figueroa consiguió el aval del Senado para quedarse por cinco años más en la Cámara Federal de Casación Penal después de cumplir los 75 años, pero su situación sigue en un limbo. Juristas y referentes del movimiento de derechos humanos le pidieron al Consejo de la Magistratura que haga todo lo posible para que la jueza se reintegre al máximo tribunal penal del país.
Figueroa cumplió 75 años el 9 de agosto. La Constitución establece que los jueces y las juezas deben retirarse a esa edad. Pueden permanecer solo si el Senado les da un aval por otros cinco años. Éste fue el caso de Figueroa, quien el año pasado adelantó que pretendía continuar ejerciendo la magistratura. El presidente Alberto Fernández mandó su pliego al Senado. Ella defendió su permanencia ante la Comisión de Acuerdos, pero el trámite se demoró en la Cámara Alta porque el oficialismo no lograba reunir los votos necesarios.
Antes de su cumpleaños, Figueroa avisó en la Casación que iba a quedarse pero que había decidido no firmar fallos hasta que el Senado la ratificara. Quería evitar nulidades. Un grupo de sus colegas, ni lerdos ni perezosos, le notificaron a la Corte Suprema que la jueza había llegado a los 75 años. Los cuatro supremos, a través de una resolución administrativa, la declararon cesante sin esperar que el Senado se pronunciara sobre su permanencia. Fue un cambio de estándar porque hubo otros jueces que siguieron ejerciendo después de los 75 mientras la Cámara Alta le daba trámite a su planteo para continuar en el cargo. Finalmente, los senadores aprobaron el pliego de Figueroa el 28 de septiembre pasado. El 3 de octubre, el Presidente lo refrendó a través de la publicación en el Boletín Oficial.
Desde entonces, se viene librando una guerra de posiciones: nadie se mueve para no equivocarse. Este martes trascendió una presentación que firmó el premio Nóbel de la Paz y líder del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) Adolfo Pérez Esquivel junto con otros referentes de organismos de derechos humanos para que Figueroa sea reincorporada. En el escrito, se ataca la resolución de la Corte que sacó a Figueroa de la Casación porque fue firmada sin que existiese una causa o una controversia que habilitara al tribunal para su dictado y porque los supremos se arrogaron facultades del Consejo de la Magistratura, del Congreso y del Poder Ejecutivo Nacional.
“Solicitamos y exhortamos al Consejo de la Magistratura a retomar el orden constitucional y su propia normatividad en el presente caso, desconociendo el ilegítimo e ilegal pronunciamiento de la Corte Suprema”, dice la nota presentada ante María Fernanda Vázquez, presidenta de la comisión de Selección del Consejo de la Magistratura. “En caso contrario, quedará consolidado el quiebre del Estado de derecho, ante la violación de la división de poderes, las competencias constitucionales y los principios de igualdad y congruencia”, continúa el texto.
Entre los firmantes se cuentan Claudia Rocca (referente de la rama argentina de la Asociación Americana de Juristas), Iris Avellaneda (Liga Argentina por los Derechos Humanos), la jurista feminista Nelly Minyersky, María Adela Antokoletz (Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora), María Elena Naddeo (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), Ana Careaga (Instituto Espacio Memoria), Mabel Careaga (Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz), el padre Francisco “Paco” Olveira (Curas en Opción por los Pobres) y los abogados Maximiliano Rusconi y Eduardo Barcesat.
En la Cámara de Casación, la respuesta a la pregunta por Figueroa siempre es la misma: “Sin novedades”. La expectativa es que la parálisis se rompa desde otro lado. La comisión de Selección del Consejo de la Magistratura podría reunirse en las próximas semanas. Si bien el bloque oficialista impulsa la permanencia de Figueroa en la Cámara de Casación, hay consejeros de la oposición –como Jimena de la Torre– que vienen reclamando que se abra un concurso para cubrir su cargo.