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![](\"https:\/\/13.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/el-fiscal-volvera-a-insistir-ante-la-Corte-para-que.jpg\")
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Despu\u00e9s de que la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal, por segunda vez, absolvi\u00f3 a Crist\u00f3bal L\u00f3pez y a Fabi\u00e1n De Sousa <\/strong>en la causa Oil Combustibles, donde se investig\u00f3 un fraude al Estado por 5.600 millones de pesos,<\/strong> el fiscal de dicha instancia –Mario Villar-, volver\u00e1 a acudir a la Corte Suprema<\/strong> sosteniendo que los empresarios kirchneristas \u201cson responsables de los delitos administraci\u00f3n fraudulenta\u201d. En esta causa el \u00fanico condenado es Ricardo Echegaray,<\/strong> ex titular de la AFIP.<\/p>\n<\/div>\n La acusaci\u00f3n que condujo al juicio oral y p\u00fablico a los due\u00f1os del Grupo Indalo sosten\u00eda que mientras no pagaban al fisco el impuesto a los combustibles l\u00edquidos (del cual Oil era agente de retenci\u00f3n), la AFIP le otorgaba planes con facilidades para pagar esa deuda, pero tampoco cumpl\u00edan seg\u00fan lo acordado. Y agregaba que con el dinero que le reten\u00edan indebidamente a los consumidores de nafta y no liquidaban a la AFIP, los empresarios iban expandiendo el holding Indalo.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n El monto del fraude fue revisado durante el juicio, y se ajust\u00f3 a un per\u00edodo menor al que contemplaba la imputaci\u00f3n inicial. As\u00ed, se sostuvo que la deuda de Oil ascend\u00eda a unos 5.600 millones de pesos.<\/p>\n<\/div>\n Sin embargo, el \u00fanico condenado como part\u00edcipe de la maniobra defraudatoria fue Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP durante los doce a\u00f1os de gobierno kirchnerista.<\/p>\n<\/div>\n El caso lleg\u00f3 a la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n, que confirm\u00f3 el criterio del Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3). El Ministerio P\u00fablico Fiscal apel\u00f3 esa decisi\u00f3n. En funci\u00f3n de esa circunstancia es que intervino la Corte Suprema de Justicia.<\/p>\n<\/div>\n El a\u00f1o pasado, el m\u00e1ximo tribunal -en un fallo un\u00e1nime- revoc\u00f3 la absoluci\u00f3n de L\u00f3pez y De Sousa <\/strong>y orden\u00f3 el dictado de una nueva sentencia.<\/p>\n<\/div>\n Con una nueva conformaci\u00f3n la Sala I, los jueces Alejandro Slokar y Mariano Borinsky<\/strong> reiteraron la absoluci\u00f3n de los empresarios kirchneristas. En tanto, el camarista Guillermo Yacobucci se opuso<\/strong> a esa sentencia.<\/p>\n<\/div>\n Los camaristas aclararon que la Corte \u201ccateg\u00f3ricamente excluy\u00f3 los argumentos relativos a la vinculaci\u00f3n con otros procesos<\/strong> y lo que, en palabras del Procurador General Interino, Eduardo Casal, habr\u00eda constituido ‘la trama densa de relaciones personales y comerciales <\/strong>de mutuo beneficio entre los imputados y los que eran en aquel momento altos funcionarios de la administraci\u00f3n p\u00fablica’\u201d.<\/p>\n<\/div>\n Es decir que no se pudieron tener en cuenta pruebas recolectadas en otras causas penales, como los casos Hotesur y Los Sauce<\/strong>s, en cuya instrucci\u00f3n se prob\u00f3 la estrecha -y sospechosa- relaci\u00f3n comercial entre L\u00f3pez y la entonces presidenta Cristina Kirchner.<\/p>\n<\/div>\n El fiscal general entiende que la \u00faltima resoluci\u00f3n de la Casaci\u00f3n es \u201carbitraria porque fracciona la prueba\u201d, <\/strong>y <\/strong>a su vez que \u201cno hay dos votos concordantes, lo que genera una injusticia\u201d.<\/strong> Por ese motivo entiende que la normativa lo habilita a recurrir nuevamente, ante la Corte Suprema para exigir la condena de los due\u00f1os del Grupo Indalo.<\/p>\n<\/div>\n En su voto, el juez Slokar sostuvo la absoluci\u00f3n en base al principio de inocencia<\/strong>. Sostuvo “que el Ministerio P\u00fablico Fiscal no ha logrado acreditar en el debate los elementos centrales de su proclama acusatoria, que defini\u00f3 como un entramado delictivo montado entre privados y funcionarios p\u00fablicos con el af\u00e1n de obtener recursos del Estado para su propio beneficio”.<\/p>\n<\/div>\n En efecto, argument\u00f3 el juez, “el resultado del juicio S<\/strong>“, sin que “se le han otorgado planes particulares de pago en condiciones an\u00e1logas a otros contribuyentes, sin que se advierta nota distintiva respecto a otros planes otorgados, sea en su tramitaci\u00f3n, duraci\u00f3n o tasa de inter\u00e9s”.<\/p>\n<\/div>\n Su colega Mariano Borinsky no se pronunci\u00f3 sobre el fondo, <\/strong>ya que consider\u00f3 que la causa estaba prescripta.<\/strong> \u201cTranscurri\u00f3 el plazo de seis a\u00f1os desde la citaci\u00f3n de las partes a juicio (28 de junio de 2018) hasta el 28 de junio de 2024 (m\u00e1ximo de la escala penal aplicable al delito de defraudaci\u00f3n contra la administraci\u00f3n p\u00fablica\u201d.<\/p>\n<\/div>\n El voto disidente frente a estos dos criterios, fue el del juez Yacobucci, quien estuvo en desacuerdo con la interpretaci\u00f3n de la ley para considerar prescripto el plazo de la acci\u00f3n penal. \u201cLo sostenido encuentra respaldo en las circunstancias particulares que presenta este caso y que el M\u00e1ximo Tribunal exige que no sean analizadas de modo fragmentario o aislado.<\/strong> En efecto, la intervenci\u00f3n de L\u00f3pez y De Sousa no podr\u00eda ser equiparada a la de cualquier otro ciudadano en la medida en que se les atribuye -conforme la acusaci\u00f3n- la participaci\u00f3n en el delito de un agente estatal que, a la fecha, contin\u00faa si\u00e9ndolo\u201d, en relaci\u00f3n a Echegaray.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n Como segundo aspecto, Yacobucci entendi\u00f3 que los due\u00f1os del Grupo Indalo deb\u00edan ser condenados. \u201cEn ese escenario, a mi modo de ver, resulta claro que la intervenci\u00f3n de Crist\u00f3bal L\u00f3pez y Fabian De Sousa concurre de manera esencial a la realizaci\u00f3n del delito<\/strong> -comprobado con firmeza jurisdiccional- y constituye una cooperaci\u00f3n o participaci\u00f3n penalmente relevante<\/strong>\u201d.<\/p>\n<\/div>\n Como en otras ocasiones, el fiscal ante la Casaci\u00f3n Federal, Mario Villar, sostiene que la responsabilidad de Crist\u00f3bal L\u00f3pez y Carlos Fabi\u00e1n De Sousa en la defraudaci\u00f3n a la administraci\u00f3n p\u00fablica en la tramitaci\u00f3n de los planes de pago, no respondi\u00f3 a la de un mero contribuyente, sino que fue indispensable para que se \u201crealizara la defraudaci\u00f3n a la administraci\u00f3n p\u00fablica se configure\u201d.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n El rol de los empresarios, quienes fueron inquilinos de Cristina Kirchner,<\/strong> \u201cfue esencial, pues sin sus aportes no estar\u00edamos en presencia de delito alguno<\/strong>\u201d, manifest\u00f3 en otros planteos el fiscal. Mismos argumentos conducir\u00e1n su reclamo ante la Corte.<\/p>\n<\/div>\n Para el fiscal general, en el juicio qued\u00f3 corroborado que en forma paralela al incumplimiento fiscal y el sistem\u00e1tico requerimiento de planes de facilidades de pago, Oil Combustibles \u201cfinanciaba a otras empresas del Grupo \u2018Indalo\u2019, como as\u00ed tambi\u00e9n se prob\u00f3 que se instrumentaron cr\u00e9ditos a favor de L\u00f3pez y De Sousa\u201d, cuyos montos coincid\u00edan con el saldo impago correspondiente al Impuesto a los Combustibles L\u00edquidos<\/strong>\u201d.<\/p>\n<\/div>\n Sostuvo que tambi\u00e9n se prob\u00f3 que los pr\u00e9stamos inter company<\/em> fueron realizados fundamentalmente a las dos empresas que consolidan la totalidad del capital accionario de Oil Combustibles, Inversora M&S y Oil M&S<\/strong>. Inversora M&S S.A. con un 99.875 % de participaci\u00f3n, representada por Crist\u00f3bal Manuel L\u00f3pez, en su car\u00e1cter de presidente y OIL M&S con un 0.125% de participaci\u00f3n, representada por De Sousa.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nLa insistencia del fiscal<\/h2>\n<\/p>\n
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