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![](\"https:\/\/13.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/que-mejoras-preven-las-leyes-que-veto-Milei.jpg\")
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Las leyes que fueron vetadas por el presidente Javier Milei<\/strong> son tres proyectos impulsados por la oposici\u00f3n que prev\u00e9n mejoras para jubilados y discapacitados. Fueron aprobados por ampl\u00eda mayor\u00eda en ambas c\u00e1maras. Aqu\u00ed, los puntos m\u00e1s importantes de cada proyecto:<\/p>\n<\/div>\n Establece un incremento excepcional y de emergencia<\/strong> para las jubilaciones y pensiones<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n La suba es del 7,2%\u00a0y excluye a los reg\u00edmenes especiales. La cifra busca\u00a0recomponer la p\u00e9rdida que sufrieron los jubilados en enero del a\u00f1o pasado cuando la inflaci\u00f3n fue del 20,6% y el ajuste que otorg\u00f3 el Ejecutivo fue del 12,5%. <\/strong><\/p>\n<\/div>\n Tambi\u00e9n se prev\u00e9 un incremento para el bono<\/strong>, que pasar\u00eda de $ 70 mil a $ 110 mil y se actualizar\u00eda por inflaci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n Si se aplicara lo aprobado por el Congreso, en julio la jubilaci\u00f3n m\u00ednima ser\u00eda de\u00a0$ 441.600<\/strong>, frente a los $ 379.355 fijados por el Gobierno. La diferencia ser\u00eda de $ 62.273, un 16,4%.<\/p>\n<\/div>\n La\u00a0Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calcul\u00f3 que el costo fiscal del aumento del 7,2% es de $ 1,6 bill\u00f3n (0,20 del PBI) para lo que resta de este a\u00f1o mientras que sube a $ 3,4 billones (0,41% del PBI) anualizado.<\/p>\n<\/div>\n En tanto, con el aumento del bono a $ 110 mil m\u00f3vil, el impacto fiscal ser\u00eda de $ 1,01 bill\u00f3n (0,12 % del PBI), con un costo anualizado estimado en $ 3,1 billones (0,38% del PBI).<\/p>\n<\/div>\n En el Gobierno argumentan que el impacto fiscal es mayor y pondr\u00eda en riesgo el super\u00e1vit<\/strong>. Tambi\u00e9n aseguran que los proyectos no prev\u00e9n de d\u00f3nde saldr\u00edan los fondos. Son las principales justificaciones oficiales para el veto.<\/p>\n<\/div>\n El otro proyecto aprobado por el Congreso con mayor\u00eda del Senado y Diputados dispone la extensi\u00f3n por 2 a\u00f1os de la moratoria previsional<\/strong>, que perdi\u00f3 vigencia el 23 de marzo de 2025.<\/p>\n<\/div>\n La propuesta permite que aquellas personas que alcanzaron la edad jubilatoria pero que no cumplen el requisito de los 30 a\u00f1os de aportes puedan regularizar su situaci\u00f3n y acceder a un haber previsional<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n Lo que hace es extender por 2 a\u00f1os los alcances de la \u00faltima moratoria<\/strong>, que exig\u00eda para acceder al beneficio tener m\u00e1s de 65 a\u00f1os; ser argentino, naturalizado con 10 a\u00f1os de residencia o extranjero con 20 a\u00f1os viviendo en el pa\u00eds; y no cobrar ning\u00fan otro beneficio previsional.<\/p>\n<\/div>\n La norma original fue sancionada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fern\u00e1ndez y ten\u00eda 2 a\u00f1os de vigencia con la posibilidad de prorrogarse por el mismo per\u00edodo. Sin embargo, Javier Milei decidi\u00f3 no prorrogarla y\u00a0caduc\u00f3 en marzo de este a\u00f1o.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n Si la ley hubiera entrado en vigencia, unas 220 mil personas podr\u00edan haber accedido a la jubilaci\u00f3n<\/strong> a trav\u00e9s de la moratoria.<\/p>\n<\/div>\n En consecuencia, las personas que est\u00e1n en edad de jubilarse pero que no cumplen con los 30 a\u00f1os de aportes s\u00f3lo podr\u00e1n acceder a la Pensi\u00f3n Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilaci\u00f3n m\u00ednima.<\/p>\n<\/div>\n La Oficina de Presupuesto estim\u00f3 que el impacto fiscal total derivado de las nuevas altas previsionales alcanzar\u00eda a $ 3,5 billones, lo que representa un 0,39% del PBI.<\/p>\n<\/div>\n El proyecto que\u00a0declara\u00a0la emergencia en discapacidad<\/strong> en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 propone\u00a0regularizar pagos y actualizar aranceles<\/strong> para los prestadores de servicios.<\/p>\n<\/div>\n Adem\u00e1s, fija una reforma del sistema de pensiones no contributivas, respalda a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y obliga a cumplir con el cupo laboral <\/strong>para personas con discapacidad.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n