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Por Daniel Salazar, Director Ejecutivo de ADEAA Asociaci\u00f3n de Aseguradores Argentinos<\/p>\n<\/div>\n
Es dif\u00edcil calcular el costo que le genera a la econom\u00eda argentina la existencia de una justicia que es claramente ineficaz.<\/strong> Esta ineficacia tiene dos causas. La primera y central, los incentivos perniciosos <\/strong>que tienen los implicados en un proceso judicial. La segunda, la sorda batalla existente<\/strong> entre la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n y las diversas C\u00e1maras de Apelaciones de la Justicia Nacional, reflejada en los fallos \u201cLevinas\u201d y \u201cHaras El Moro\u201d. Es imprescindible atacar ambas causas con urgencia.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n Los incentivos a litigar y a prolongar los procesos genera que todos los juzgados de asuntos patrimoniales se encuentren desbordados de causas<\/strong>. Ello no hace m\u00e1s que rebajar la calidad del servicio de justicia.<\/strong> Por eso es vital, para la sociedad toda y para los Poderes Judiciales, revertir los incentivos pro litigaci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n Desde hace a\u00f1os que en la Argentina no existe mejor inversi\u00f3n que un juicio<\/strong>. La actualizaci\u00f3n de las indemnizaciones producto de accidentes de trabajo, responsabilidad civil o relaciones de consumo, se repotencian de manera tal que se vuelven impagables para el deudor, o su garante<\/strong>, e implican enriquecimientos inusitados para los actores, a quienes, adem\u00e1s, beneficia la demora judicial.<\/p>\n<\/div>\n Es imposible imaginar la existencia de una inversi\u00f3n realizada hace cinco a\u00f1os, -los procesos tienen en promedio esa duraci\u00f3n-, que equipare una actualizaci\u00f3n por RIPTE m\u00e1s tasa bancaria activa o pasiva, o que se asemeje a una actualizaci\u00f3n informal, y no tabulada, propia de las sentencias civiles y comerciales, con m\u00e1s tasas bancarias activas o pasivas. Los efectos indexatorios de estos sistemas de actualizaci\u00f3n aplicados por los tribunales de todo el pa\u00eds s\u00f3lo son comparables con los efectos que produjo la infausta circular 1050 de los a\u00f1os 80.<\/p>\n<\/div>\n Por ello, como en la generalidad de los casos las sentencias judiciales llevan \u00ednsita inflaci\u00f3n pasada, es imprescindible que los jueces de los fueros laborales, civiles y comerciales ajusten sus sentencias a principios econ\u00f3micos y financieros adecuados<\/strong>. De lo contrario, las mismas no solo ser\u00e1n injustas e inequitativas, sino que llevar\u00e1n al colapso el sistema productivo nacional.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n Otro incentivo nefasto es el sistema de costas<\/strong>, donde los peritos se tornan comisionistas de los juicios. A mayor condena, mayor ser\u00e1 su participaci\u00f3n en el resultado. No hay incentivo para que un perito sea objetivo al momento de dictaminar.<\/p>\n<\/div>\n En cuanto al innegable conflicto entre las C\u00e1maras de Apelaciones Nacionales y la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n, es imperativo darle un fin, con la l\u00f3gica preminencia de los lineamientos de nuestro M\u00e1s Alto Tribunal. No hacerlo implica mantener a los justiciables, personas f\u00edsicas o empresas, en un estado de incertidumbre indebido e inconveniente, adem\u00e1s de generar mayores dilaciones en los procesos judiciales.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n